La semana pasada, la jueza en lo penal de primer turno de Treinta y Tres, María Eugenia Mier, procesó con prisión a los militares retirados José María Lete, Rogelio Garmendia y Pedro Buzó en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos contra 39 adolescentes en el Batallón de Infantería 10 de Treinta y Tres en abril de 1975.
Lete fue procesado con prisión como coautor de reiterados delitos de privación de libertad, atentado violento al pudor, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves; Garmendia fue procesado por abuso de autoridad contra los detenidos, lesiones graves y privación de libertad, mientras que Buzó fue procesado como presunto autor de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
Entre el 12 y 15 de abril de 1975 los militares detuvieron a 39 adolescentes pertenecientes a la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), en su mayoría estudiantes del liceo 1 de Treinta y Tres, que tenían entre 13 y 19 años. Los adolescentes fueron secuestrados en sus casas con órdenes de la Justicia militar y retenidos durante 20 días bajo torturas que incluyeron plantones, golpes, submarino, quemaduras y descargas eléctricas, y en el caso de las mujeres fueron víctimas de abusos sexuales. La Justicia militar les quitó la patria potestad a los padres e impidió a los adolescentes continuar con sus estudios.
No obstante, fue muy discutido el traslado de Lete principalmente por su estado de salud, ya que su familia manifestó en medios capitalinos que "tiene mil patologías. Está fracturado de la cadera, no puede caminar, pasa la mayor parte del tiempo en cama y se moviliza en silla de ruedas”, comentó su hija.
También se expresó la ex fiscal Gabriela Fossati quien señaló que siente "vergüenza de vivir en un país que manda a la cárcel a un anciano en silla de ruedas para satisfacer el odio de quienes provocaron una catástrofe al país”.
Particularmente no creo que debamos confundir venganza con justicia. Pertenezco, y me atrevo a decir, a una gran mayoría de uruguayos que no vivimos la dictadura cívico-militar (nací cuando finalizaba en 1985) que queremos verdad y justicia, donde quien cometió crímenes aberrantes pague por ellos, y por supuesto, quienes no lo hicieron permanezcan en libertad como cualquiera de nosotros.
La causa de los Derechos Humanos es de todos y no admite diferencias partidarias, aunque por momentos es notorio que las hay, lamentablemente.
Es importante recordar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles , tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es estado parte. No importa el tiempo transcurrido, Uruguay debe saldar su deuda que persistente con respecto a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición de los crímenes del pasado, los que muchos se encuentran impunes hasta el presente. Por lo cual no se puede dar vuelta la página o poner punto final a una tarea que no tiene por definición punto final y donde tenemos aún decenas de compatriotas desaparecidos.
No obstante, es evidente que encarcelar ancianos que han cometido crímenes de lesa humanidad es un tema complejo y delicado que requiere una reflexión profunda. Aunque la edad de una persona puede generar debates sobre su capacidad física o mental para cumplir una condena, es importante recordar la responsabilidad por actos tan graves que cometieron (Así lo determinó la justicia) y esta es la que debe prevalecer.
Los juicios y las condenas a estos individuos responsables de crímenes de lesa humanidad no solo busca impartir justicia para las víctimas, sino también prevenir la repetición de estos actos. Cada caso debe considerar todas las circunstancias relevantes, para garantizar que cumpla la condena en un entorno que brinde la atención médica necesaria. Tengo entendido que la cárcel de Domingo Arena ofrece una estadía mucho más cómoda que otros centros penitenciarios comunes.
Lo importante que la justicia llegue, no importa si pasaron muchos años. Estos crímenes graves registran, según víctimas que sobrevivieron, violaciones a los derechos humanos que van desde la privación de agua, alimentos, descanso, exposición al frío, golpizas, colgamientos, submarino, picana eléctrica o agresiones sexuales. Estos, sumado a las desapariciones forzadas y otros actos inhumanos, son considerados tan atroces que no están sujetos a limitaciones de tiempo para enjuiciar a los responsables.
La lucha contra la impunidad es crucial. Con justicia, verdad, responsabilidad, y sin venganza para que no paguen inocentes por delitos que no cometieron. La memoria colectiva y el reconocimiento de las víctimas también son fundamentales en este proceso.