"La explotación y abuso sexual de niños están normalizados socialmente en Uruguay", dijo Mama Fatima Singhateh, experta en derechos humanos, quien alerta de lo común de esos delitos en el país e insta al Gobierno a adoptar una estrategia basada en el respeto de los derechos de los niños para erradicar ese flagelo y asistir a las víctimas. “La educación sexual en las escuelas es fundamental”, apunta.

Tras una visita de once días a Uruguay, resaltó la existencia de una gran cantidad de parejas entre niñas y adolescentes y hombres adultos, al igual que de la  alta incidencia de los abusos y violencia intrafamiliar .

Singhateh reconoció que el Gobierno uruguayo ha tomado importantes acciones para abordar la venta, la explotación y el abuso sexual de menores medidas, pero aseveró que se necesita un planteamiento más integral y concreto para atacar las causas profundas  de  esas prácticas dañinas.

Entre los esfuerzos gubernamentales, destacó la búsqueda de un  marco jurídico sólido  que prevé la creación de un sistema sofisticado de protección de la infancia, así como iniciativas encomiables en ese sentido.

Por otra parte, dijo que la lentitud del proceso de investigación y las demoras en el procesamiento y resolución de los casos denunciados ante las autoridades alimentaron la idea de impunidad de algunos perpetradores, y no permiten la rehabilitación eficaz de las víctimas, ni el  apoyo a los familiares y testigos de la venta y la explotación sexual.

En este contexto, el Parlamento esta próximo a votar el desafuero del senador nacionalista Gustavo Penadés, quien ha solicitado el mismo que sea de forma afirmativa para que pueda continuar la investigación ante las denuncias de abuso sexual de menores (al menos ocho casos hasta el momento ).

Y si bien esta sujeto a investigación, y el legislador aún no es culpable de los delitos por los que se lo acusa (muy graves por cierto) el Parlamento y sus integrantes no pueden dejar pasar la oportunidad de tratar el tema mientras se vota el desafuero .

Y no porque Penadés ya sea responsable de dichos delitos, sino por lo anterior expuesto por la experta en derechos humanos. Es un tema delicado y que el país, más allá de los esfuerzos realizados, no ha tratado de forma adecuada. Los representantes electos por el pueblo no pueden omitir esta temática en una instancia relevante.

Esto lo manifiesto dado que aún los partidos políticos no han definido si habrá o no debate en Cámara más allá de la votación.

No solo que pueden hacerlo, deben hacerlo y empezar a buscar soluciones, no por este caso puntual, insisto, sino por tantos otros que ocurren diariamente en nuestro país.