El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manifestó recientemente su intención de reinstalar la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y de esa forma "contribuir de una vez por todas a dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo y haciendo lo que quieren y con falsos testimonios muchas veces llevando inocentes presos como ha pasado", dijo.

Agregó además que "la ley de caducidad es una de las casi 20.000 leyes que tiene nuestro Estado desde 1830 pero fue la única de esas 20.000 que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, que según nuestra Constitución está antes que los representantes en el Poder Legislativo. El cuerpo electoral dos veces y con 20 años de diferencia ratificó esa ley, y un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, creo que fueron uno o dos votos, se derogó la ley de caducidad", dijo en referencia a la ley Nº 18.831, de 2011.

Sin embargo, el presidente Luís Lacalle Pou dijo que esta iniciativa “no forma parte del Compromiso por el País”, el documento que firmaron los partidos socios de la coalición de gobierno, y aseguró que “no hay posición del gobierno al respecto”.

Este martes 4 de agosto, el diario El Pais, recoge en su portada un tramo de una entrevista al líder de Cabildo Abierto donde señala que "en Uruguay ni Jack El Destripador es perseguido 40 años después".

En mi humilde entender, esta muy bien que los legisladores manifiesten sus inquietudes, trabajen en proyectos, discutan sus ideas y las defiendan con pasión. El debate, en el marco del respeto, fortalece la democracia. Pero no le encuentro razón alguna a la provocación de sus palabras. Puede defender sus ideas sin herir a los demás. Sobre todo en un tema tan sensible.

Y tiene razón en algunos de sus argumentos. No se puede negar que, se este de acuerdo o no con la ley de Caducidad, la misma fue respaldada por el voto de la ciudadanía. Y que no queda bien consultar al pueblo (2009) para después no tenerlo en cuenta y derogar la ley en el Parlamento. Pero eso no quita que este país tenga aún una herida abierta por un pasado que no se ha esclarecido (por diversas razones que no viene al caso detallar en este momento) y donde aún decenas de familias buscan a  sus seres queridos desaparecidos. ¿Eso es pasado? Claro que no, es presente. Hoy esas familias y los miles que apoyan la causa, amanecieron aún sin respuestas.

Sabrá el senador que en 2019 Amnistía Internacional recordó al Estado uruguayo, incluida la Suprema Corte de Justicia, “que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es estado parte”.

Allí se señala que "Uruguay debe saldar su deuda que persistente con respecto a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición de los crímenes del pasado, los que se encuentran impunes hasta el presente”, remarca Amnistía.

Sabrá Manini Ríos que este 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Diana Maidanik, asesinada en 1974 junto a Laura Raggio y Silvia Reyes, por no investigar y castigar a los responsables.

Más absurda parece la comparación con Jack El Destripador, donde según Policía Metropolitana de Londres mató entre abril de 1888 y febrero de 1891 a cinco personas (sospechoso de algunos más) y jamás fue atrapado. Sus crímenes fueron muy crueles. Se dice de cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución.

Sin embargo, según informes de la dictadura uruguaya (que duro 12 años: 9 más que las "andanzas" de Jack) registran, según víctimas que sobrevivieron, violaciones a los derechos humanos que van desde la privación de agua, alimentos, descanso, exposición al frío, golpizas, colgamientos, submarino, picana eléctrica o agresiones sexuales. A priori no parece menos cruel e indignante. En Uruguay se registraron cientos de víctimas mortales en ese período. Pensemos simplemente en las 192 personas desaparecidas que no pudieron aportar su testimonio.

Entonces, hay elementos de sobra para investigar los crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

Manini dijo que nunca ha defendido ni dictadores ni torturadores. Entonces sería bueno que dejara investigar (la Justicia debe hacerlo correctamente para garantizar que no haya juicios o prisiones indebidas) y evitar las provocaciones. 

Repito: con respecto todos podemos dar nuestro punto de vista y defender nuestras convicciones. Si cree necesario reinstalar la vigencia de la Ley de Caducidad, que lo impulse a nivel Parlamentario y argumente. Las propuestas y los intercambios son enriquecedores. Pero no hay necesidad de herir a miles de uruguayos que aún piden Justicia y Verdad.