El ministro García participó este miércoles en la apertura de un taller sobre seguridad rural organizado por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, en el cuál estuvieron también el ministro Fernando Matto, el fiscal general adjunto Juan Gómez, el comisario mayor Williard González por el Ministerio del Interior, el presidente de Inac, Conrado Ferber, la directora general del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Fernanda Maldonado, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. Gustavo Fajardo. A través de la plataforma zoom, las autoridades estuvieron conectadas con comisarías,  fiscalías e instituciones del medio rural.

Seguridad

Al hacer uso de la palabra en la apertura del taller, el ministro de Defensa dijo que «este es un tema que nos convoca, no estrictamente en términos de Ministerio de Defensa, sino que nos convoca como país, como gobierno. El gobierno en diciembre del año pasado aprobó en el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) un decreto sobre política de defensa, que establece un concepto que es novedoso a nuestro entender, que al mismo tiempo moderniza el concepto de Defensa y Seguridad y los vincula. Nosotros señalamos allí, y lo apropió el gobierno para estos cinco años, que defensa y seguridad son cara y contracara de una misma circunstancia, de un mismo valor a defender. Que no hay posibilidades que haya seguridad, aún estemos hablando de la seguridad en el centro de una ciudad, de cualquier lugar del país o en un barrio, si no existe la capacidad de defendernos en las fronteras», precisó el secretario de Estado.

Agregó que «tenemos al doctor Gómez que está aquí, honrando la mesa, ha trabajado y se especializa mucho en todos los temas que hacen del aspecto penal a los delitos de narcotráfico. Y, obviamente, que un país como el nuestro que no es productor de cocaína, etc. no puede tener bocas de pasta base si esa droga no pasó por la frontera. Cuando nosotros estamos en nuestros domicilios sabemos que tenemos que cerrar las puertas y las ventanas para estar seguros. Bueno, las puertas y las ventanas de un país son sus fronteras. Si nosotros no tenemos controladas las fronteras, tarde o temprano algo va a pasar que va a afectar nuestra seguridad. Por eso, que el concepto y la vinculación entre defensa y seguridad son parte integral de la seguridad humana, que así lo definimos en el concepto trayendo hacia nosotros un concepto que inauguró Naciones Unidas hace unos años atrás», explicó.

Frontera

García dijo que «la Ley 19.677, que es la ley de fronteras, la que habilita la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en los 20 km. que van desde las fronteras hacia adentro, es una ley que se empezó a aplicar el 16 de marzo del 2020. Fue una ley votada por unanimidad del Parlamento en el 2018, pero que empezó a aplicarse a partir de marzo del 2020. Es una ley que está inspirada en el concepto de otorgar como existe en el Brasil, como en otras distancias, pero no es una novedad en otros países del mundo, otorgar jurisdicción a las Fuerzas Armadas en un área, en este caso 20 km., en razón de cumplir tareas de seguridad interna. Pudiendo llevar allí acciones que combatan el delito de cualquier tipo, algo que estaba reservado para el Ministerio del Interior hasta la aplicación de esta norma. No quiere decir que la Policía pierde jurisdicción, sino que se agrega jurisdicción de las Fuerzas Armadas en esa área. No es menor. Uno dice 20 km. y puede parecer poco, pero si uno suma esos 20 km en el entorno del país, estamos hablando de prácticamente 35.000 kilómetros cuadrados, la quinta parte del área nacional», aclaró.

García sostuvo que «obviamente que a partir de marzo del año pasado, el día que comenzamos, se cumplieron 72 horas de los primeros cuatro diagnósticos de Covid. Por lo tanto, a la tarea de seguridad, se agregó la tarea de colaborar en el combate a la pandemia. Pero básicamente, el objetivo de la ley de fronteras, es un objetivo de seguridad pública, que apela a un área muy sensible donde en todos los países del mundo se desarrolla parte del crimen organizado. El gran contrabando, el narcotráfico, también el abigeato, que no descarta la actuación sobre delitos de otro tipo». 

Chacras

Recordó luego que «en esos días días previos, y quiero destacarlo, a la aplicación, toda la preparación de la ley llevó 15 días, desde el 2 al 16 de marzo trabajamos muy intensamente en algo que también es novedoso para el Uruguay. El Estado uruguayo es un Estado de chacras, donde cada uno hace lo mejor posible y lo que tiene que hacer sin mirar para el costado, teniendo el menor contacto posible con otras instituciones, y duplicando y triplicando quizás la misma función. Somos muy celosos de nuestros límites institucionales, en materia de oficinas públicas, sin tener una visión de mediana y larga altura, en el sentido de sumar y coordinar esfuerzos. Esta ley rompió esos moldes y desde el primer momento permitió la coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, aquí está Fernanda que colaboró muchísimo en esos días de preparación de la aplicación de esta ley, con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Economía en virtud del trabajo de la Aduana, es decir, con todos los organismos que deberíamos llevar adelante tareas vinculadas en esa zona. Y del Ministerio de Defensa también haciendo un aprendizaje, porque nuestros efectivos son profesionales en el área de defensa pero tuvieron que hacer un trabajo muy intenso para poder aplicar normas y protocolos de trabajo que eran novedosos», admitió.

García sostuvo que «quiero subrayar un hecho que para nosotros es un motivo de reconocimiento y es que después de prácticamente un año y medio de trabajo, después de haber tenido cientos de miles de procedimientos, de contactos con ciudadanos, con personas de diferente nacionalidad, por la zona en la que estamos vinculados, la inmensa mayoría nacionales y ciudadanos brasileños y argentinos también, no hemos tenido una sola denuncia en Fiscalía. Solo en el puesto de control de Noblía, donde está la Aduana también, se tomó contacto en este tiempo con más de 400.000 personas, solo en un puesto de control. Así que imaginemos si sumamos todo el resto que existen. Y vuelvo a reiterar, ni una sola denuncia por abuso de funciones, por maltrato, por la razón que fuere, frente a Fiscalía. Y eso habla de la profesionalidad que están llevando adelante nuestros efectivos y nuestro personal, tanto oficiales como personal subalterno», destacó.

Despliegue

El ministro dio luego algunos datos sobre los controles en frontera. «En este año y cuatro meses de aplicación, hemos desarrollado hasta el día de hoy –la actualización me la dio el Gral. Fajardo ayer-, 6959 puestos de control de rutas fijos y móviles, los que ustedes generalmente ven en algunas rutas nacionales, más los que no se ven porque están en caminos rurales o están en campamentos frente a algún río o alguna frontera».

«En estos últimos días, un promedio de 916 efectivos desplegados por día. Las horas de trabajo y servicios cumplidos a esas fechas son 6.333.546 horas de trabajo. Si sacáramos esas horas uno tendría que imaginarse fronteras sin presencia de nuestros efectivos durante más de 6 millones de horas», agregó. 

• Patrullas terrestres y fluviales: 22.072
• Horas de vuelo: 2.348
• Misiones aéreas: 561

Algunos datos de los operativos realizados:

• Personas que fueron rechazadas en virtud de no cumplir con el decreto vigente de cierre de fronteras: 3.163. Aquel que prohíbe el ingreso a los que no sean nacionales o  que no sean residentes, más la ley específica que hubo en los meses de verano.
• 67 casos de gran contrabando, obviamente que nuestros efectivos, nuestra presencia no es la tarea que hace la Aduana, sino del gran contrabando.
• 12 casos de incautación de estupefacientes. Más todas las colaboraciones que hace la Fuerza Aérea en los procedimientos que lleva adelante en coordinación con el ministerio del Interior.
• 76 embarcaciones irregulares detenidas.
• Incautaciones de armas de fuego, algunos casos de abigeato también.

El ministro aseguró que «uno puede afirmar que por el trabajo que se está desplegando a partir de la presencia en frontera, y la coordinación que existe con todas estas instituciones públicas, hoy el Uruguay es más seguro que hace un año y medio. Y esto está vinculado al trabajo de coordinación, a la presencia de nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas y la coordinación con las demás instituciones, y también las disposiciones que están presentes en la Ley de Urgente Consideración. Porque vale decirlo, hay disposiciones incluidas en la Ley de Urgente Consideración que han permitido el trabajo que llevan adelante nuestros efectivos que hace que el Uruguay sea más seguro».

Agregó que «esta es una ley que nació con un objetivo que era el de la seguridad pública, o de sumar al desarrollo de la seguridad humana a través del trabajo de fronteras. Se le agregó el trabajo en pandemia. Pero ese es el trabajo original que le da sentido a la ley. Y es una ley que vino para quedarse. Seguramente, si logramos el control de la pandemia más temprano que tarde y todo hace pensar que estamos en un proceso que va dirigido allí, podrá cambiar el tipo de despliegue, no el despliegue. El despliegue va a existir siempre. Quizás, una de las funciones que tiene esto, que es el factor sorpresa en algunos lugares para no generar un status quo que permita al criminal bypassear puestos de control y patrullas, el efecto de la sorpresa, poder modificar puestos de control de patrullajes hace a la efectividad de este proceso. O sea, que seguramente cuando estemos en una situación de más normalidad, se pueda cambiar el tipo de despliegue, para mantener la efectividad y para mantener la eficiencia en el cumplimiento de la ley», enfatizó. 

García sostuvo que «estamos convencidos que garantizar la seguridad en el medio rural, garantizar la seguridad en el medio urbano, garantizar la seguridad en frontera, es parte de un derecho que tienen los ciudadanos, que tienen las personas. No es una opción que toman los gobiernos, garantizar la seguridad es una obligación que tenemos los gobernantes. Y va atado de la mano de la defensa de los derechos humanos de cada uruguayo. Por eso, defender estos derechos es una obligación que tenemos y que agrego además, vamos a cumplir», concluyó.