El Gobierno atendió las consecuencias de la pandemia con mayores recursos para sostener a la población más vulnerable, pero impulsa los cambios estructurales que le permitan al país un incremento de la inversión y el empleo, estableció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en diálogo con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner.

Durante un diálogo con el director Werner, en el marco de las reuniones anuales de la secretaría de Estado, Arbeleche detalló las principales medidas que Uruguay adoptó ante la pandemia de COVID-19. Entre ellas, citó la suspensión de eventos públicos y de las clases presenciales en todos los niveles educativos, el cierre de fronteras y la creación del Fondo Coronavirus.

Añadió el aporte de los científicos que, entre otras innovaciones, ayudaron con el desarrollo de pruebas para la detección del virus, lo que mejoró la capacidad de testeo y el seguimiento de casos. Según la ministra, el liderazgo del presidente Luis Lacalle Pou, la comunicación gubernamental y el impulso a la libertad responsable de la ciudadanía también evitaron el confinamiento obligatorio como medida para enfrentar la COVID-19.

Arbeleche indicó que el principal objetivo fue sostener a los uruguayos que se encontraban en situación de vulnerabilidad y a las pequeñas y medianas empresas. Para esta meta, destacó la fortaleza del sistema sanitario, las transferencias directas a través de los sistemas sociales y el seguro de desempleo, entre ellos, el parcial. Estas medidas, comentó, permitieron que la economía prosiguiera en movimiento.

Además, fueron diferidos los pagos de impuestos y cuotas, se mantuvo el respaldo del Gobierno central a los sistemas de seguridad social y se utilizaron instrumentos financieros para mantener la liquidez de la economía, añadió la jerarca.

A pesar de este contexto, también se confirmaron los objetivos de mediano plazo con medidas legislativas urgentes e iniciativas presupuestales, que impulsaron reformas estructurales, como una nueva institucionalidad fiscal y una reducción significativa de la inflación a lo largo del quinquenio.

Con un resultado fiscal proyectado de 6,5 puntos porcentuales del producto bruto para este año, la meta es una reducción a partir del año próximo, mayor transparencia del Banco Central, nueva gobernanza de las empresas públicas y mejoras de la competitividad, reforma del sistema previsional, una política comercial más proactiva, cambios en el otorgamiento de la residencia fiscal y un régimen de inversiones que promueva la actividad económica.

Para finalizar, Arbeleche recordó que nuestro país cuenta con buenos indicadores internacionales en materia de derechos humanos, democracia, transparencia y ambiente. Mencionó la reciente creación del Ministerio de Ambiente y la marca Uruguay Natural, que constituyen un compromiso de toda la sociedad por el cuidado de los recursos naturales uruguayos para las futuras generaciones.