La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, realizó una puesta a punto de las medidas de apoyo social, laboral y productivo impulsadas por el Gobierno. Destacó que la sociedad uruguaya contará con los recursos para atender la pandemia y agregó que los dineros públicos fueron manejados de forma responsable. “El ahorro en los gastos permanentes es lo que nos permite volcar estos recursos para hacer frente a la pandemia”, dijo.

Este miércoles 21, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó un encuentro vía Zoom, en el que presentó un repaso de las medidas de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia, anunciadas el pasado 20 de abril. Acompañaron a Arbeleche el subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza, y la responsable de Política Económica, Marcela Bensión.

Arbeleche dijo que el primer objetivo era repasar los apoyos que el Gobierno dio a los distintos sectores para enfrentar la pandemia con una mirada hacia la recuperación económica. Destacó que, si estas medidas no se utilizan, no sirven de nada, por lo que es importante que lleguen a los beneficiarios en cada rincón del país. Según explicó, algunas requerirán leyes adicionales, que serán enviadas en los próximos días al Parlamento.

El segundo objetivo era que la ciudadanía conociera la magnitud de todos los apoyos que se otorgan, dijo. Estos dineros públicos no son del Gobierno, sino de los contribuyentes, y es necesario saber el esfuerzo que toda la sociedad hace para apoyar a estos sectores, indicó. En ese sentido, anunció que esta semana comienza a difundirse una campaña de bien público para informar acerca de ellas a la población.

El subsecretario de Economía citó la importancia de la ley de inversiones y los proyectos recibidos en la comisión de aplicación de la citada norma (Comap). Dijo que se recibieron planes relativos a la construcción y la vivienda promovida, que totalizan más de 2.300 millones de dólares, para realizar durante todo el período de gobierno. Indicó que esos proyectos serán analizados y destacó que en la Comap las pequeñas y medianas empresas se ven más favorecidas.

A su turno, Bensión mencionó las medidas que facilitan el acceso al crédito para mipymes. Expresó que el acceso de las empresas a la liquidez es fundamental para que no deban cerrar. Hizo referencia a la extensión de los préstamos mediante el mecanismo SIGA, que alcanza a los 800 millones de dólares, de los cuales 540 millones de dólares están garantizados por el Estado. 

Añadió que se instrumentan beneficios para el acceso al crédito a través de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para préstamos a tasa cero hasta 25.000 pesos y líneas de crédito subsidiarias por montos de hasta 100.000 pesos. Finalmente, hizo referencia al reperfilamiento de créditos ya otorgados para las empresas de los sectores más afectados, con 6 meses de gracia para los intereses y 12 meses para el capital. 

En cuanto al apoyo al empleo, dijo que se flexibiliza el seguro de empleo tradicional y se extiende el subsidio especial por desempleo, hasta el 30 de junio. Agregó que se incorpora el seguro de desempleo a aquellos trabajadores con multiempleo y se extiende de forma extraordinaria la cobertura de salud a trabajadores dependientes y no dependientes que hayan cesado su actividad durante todo 2021. 

La responsable de Política Económica sostuvo que también recibirán apoyo aquellos hogares más vulnerables, a los que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) les duplicará el monto mensual de las asignaciones familiares por los meses de abril, mayo y junio. Asimismo, el programa Tu App duplicará hasta junio la cifra del cupón canasta que perciben las familias. En lo que respecta a ollas, merenderos y refugios, se les otorga un apoyo de casi 10 millones de dólares para alimentación y vivienda, en el que se incluye la alimentación escolar, que alcanzaría a unos 50.000 niños, señaló.

Por último, Arbeleche compartió el monto de los gastos que todos los uruguayos subvencionan con sus impuestos para superar esta pandemia. Explicó que están comprendidos en el Fondo Coronavirus y que se estiman en 900 millones de dólares para todo 2021, equivalentes al 1,6% del producto bruto interno (PBI). A estos gastos, deben sumarse algunos elementos que no forman parte del fondo, pero que deben tenerse en cuenta como renuncia del Estado, y la reasignación de ingresos de Ancap por no trasladar el aumento del crudo a las tarifas de combustible, que equivale a 60 millones de dólares. El beneficio de tarifas públicas implica un gasto de casi 5 millones de dólares, añadió. 

La ministra explicó que la cifra total de 900 millones de dólares se compone del apoyo al sector más vulnerable, por 130 millones de dólares, al sanitario, por 420 millones de dólares, y al productivo y de empleo, por 350 millones de dólares.

Resaltó: “Toda la sociedad uruguaya tendrá todos los recursos necesarios para atravesar la pandemia y mirar hacia adelante, hacia la reactivación económica. No nos vamos a quedar atrás en los apoyos, daremos todos los recursos necesarios para salir adelante”. Agregó que el Gobierno hizo un manejo cuidadoso de los dineros públicos, estudiando los colectivos que más necesitaban ese apoyo.

Explicó que se efectuó una separación de los gastos estructurales en los que había posibilidades de ahorro y que son esos ahorros en los gastos permanentes los que permiten brindar recursos para atender a los sectores más afectados por la pandemia. 

La titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó un balance económico de 2020 y presentó las perspectivas macroeconómicas para el año en curso. Explicó que se destinaron 1.217 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19, lo que representa un 2,3% del producto interno bruto (PIB), y afirmó que se cumplió con todas las estimaciones fiscales sin suba de impuestos.

En un contexto internacional marcado por la pandemia sin antecedentes de COVID-19, nuestro país destinó en 2020 el equivalente a 2,3% del PIB, a pesar de que perdió recaudación del orden de los 2.000 millones de dólares, afirmó Arbeleche. La ministra presentó, este lunes 8 en la Torre Ejecutiva, el informe de balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay. Estuvo acompañada por el subsecretario Alejandro Irastorza, la directora de Política Económica, Marcela Bensión, y el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco. 

“A pesar de los gastos para responder a la pandemia, se cumplieron todas las estimaciones fiscales sin subas de impuestos”, enfatizó Arbeleche. Las previsiones incluyen los ítems resultado fiscal efectivo y estructural, aumento de gasto primario, tope de endeudamiento neto e índice de precios. “Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia”, aseveró, y añadió: “Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras que nos hacen pensar que lo peor quedó atrás”.

Arbeleche informó que al 31 de diciembre del año pasado, y mediante el mecanismo del Fondo Coronavirus, que fuera votado en forma unánime por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hacer frente a la pandemia, las erogaciones alcanzaron los 711 millones de dólares, equivalentes a 1,3% del PIB. Este monto está alineado a la exposición de motivos de la presentación del presupuesto nacional, apuntó. Sobresalen en el referido monto el seguro de desempleo (238 millones), la reasignación de aportes (213 millones), medidas del Ministerio de Desarrollo Social (144 millones) y en salud (48 millones).

La integrante del Poder Ejecutivo sostuvo que la rápida respuesta del Gobierno permitió enfrentar la pandemia y mitigar los impactos económicos y sociales. En ese sentido, enumeró las medidas de apoyo al sector productivo con foco en las medianas y pequeñas empresas. Citó la exoneración del 40% de los aportes patronales y personales y el aplazamiento del vencimiento de tributos.

Además, recordó el seguro de desempleo y subsidios a monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la exoneración de aportes patronales en transportes escolares, organización de eventos, agencias de viaje y transporte turístico y medidas aplicadas en la actividad turística, como el impuesto al valor agregado (IVA) cero a hotelería, la devolución de nueve puntos de IVA en arrendamiento de vehículos y gastronomía, entre otras.

Estas iniciativas se complementaron con otras de apoyo a los hogares vulnerables, como los programas sociales tarjeta Uruguay Social, Instituto Nacional de Alimentación, asignación familiar del Plan Equidad y la aplicación Tuapp, el seguro por enfermedad para mayores de 65 años, la instalación de nuevos refugios para personas en situación de calle y la cobertura transitoria del Fondo Nacional de Salud a desempleados.

Arbeleche dijo que en los tres primeros instrumentos se verificó un incremento del 56% en las transferencias de 2020 en relación con el año anterior. Esto no incluye a Tuapp, que es una herramienta nueva. En cuanto a la totalidad de las transferencias, estas alcanzaron un incremento del 40%. En 2019, llegaron a 602.000 beneficiarios y en 2020, a 841.000, básicamente titulares y menores. Si se considera a otras personas en contextos de vulnerabilidad, la cifra supera los 1,1 millones de personas.
 
La secretaria de Estado destacó el Fondo Coronavirus como una herramienta para “encapsular gastos y promover la transparencia” de las finanzas públicas. Desde este punto de vista, el mecanismo se vuelve un “instrumento muy relevante”, dijo, porque “nos permite separar, en una caja aparte colocar los gastos transitorios para hacer frente a la pandemia”, del resto del manejo de las finanzas públicas. 
 
Al seguro de desempleo tradicional, se le sumó el parcial y flexible, fueron incorporados con el objetivo de que la actividad económica continuara funcionando, aun a una velocidad diferente. Esto se mantiene con horizonte al 31 de marzo, expresó. En 2020 el 60% de quienes accedieron al seguro de desempleo lo hicieron por concepto de suspensión de tareas, mientras que en 2019 el 66% de los trabajadores recurrió al instrumento por motivos de despido.

En los últimos meses, el Gobierno constató una estabilidad en el número de personas que acceden al seguro por desempleo. “La pandemia continúa y lo que se haga para apoyar al trabajador está bajo continua revisión”, manifestó. “El esquema de seguro de desempleo es para proteger al trabajador que está en la formalidad y también tenemos que proteger al que está en la informalidad y que es quien más está sin trabajo”, aclaró. 

Cálculo para la base de prestaciones y contribuciones (BPC)

Consultada acerca de por qué se decidió modificar la referencia del índice de precios al consumo (IPC) por el índice medio de salarios (IMS) para el cálculo de la BPC, indicó que se tomó esa opción porque permite mantener la contribución tributaria del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF). Enfatizó que “no se recauda ni más ni menos” y agregó que el promedio es neutral porque la recaudación es la misma.

Arbeleche dijo que aquellas personas cuyo salario se incrementó en igual medida que el IMS se encuentran en idéntica situación y que, en promedio, abonarán exactamente lo mismo que de la otra forma.

Afirmó que se definió mantener la carga impositiva del 35% de los trabajadores, que son quienes pagan el IRPF, para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria por COVID-19. Agregó que la pandemia persiste en 2021, por lo que se continuará con el apoyo social, sanitario y económico necesario para transitarla.

Informe de balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay

El Gobierno atendió las consecuencias de la pandemia con mayores recursos para sostener a la población más vulnerable, pero impulsa los cambios estructurales que le permitan al país un incremento de la inversión y el empleo, estableció la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en diálogo con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner.

Durante un diálogo con el director Werner, en el marco de las reuniones anuales de la secretaría de Estado, Arbeleche detalló las principales medidas que Uruguay adoptó ante la pandemia de COVID-19. Entre ellas, citó la suspensión de eventos públicos y de las clases presenciales en todos los niveles educativos, el cierre de fronteras y la creación del Fondo Coronavirus.

Añadió el aporte de los científicos que, entre otras innovaciones, ayudaron con el desarrollo de pruebas para la detección del virus, lo que mejoró la capacidad de testeo y el seguimiento de casos. Según la ministra, el liderazgo del presidente Luis Lacalle Pou, la comunicación gubernamental y el impulso a la libertad responsable de la ciudadanía también evitaron el confinamiento obligatorio como medida para enfrentar la COVID-19.

Arbeleche indicó que el principal objetivo fue sostener a los uruguayos que se encontraban en situación de vulnerabilidad y a las pequeñas y medianas empresas. Para esta meta, destacó la fortaleza del sistema sanitario, las transferencias directas a través de los sistemas sociales y el seguro de desempleo, entre ellos, el parcial. Estas medidas, comentó, permitieron que la economía prosiguiera en movimiento.

Además, fueron diferidos los pagos de impuestos y cuotas, se mantuvo el respaldo del Gobierno central a los sistemas de seguridad social y se utilizaron instrumentos financieros para mantener la liquidez de la economía, añadió la jerarca.

A pesar de este contexto, también se confirmaron los objetivos de mediano plazo con medidas legislativas urgentes e iniciativas presupuestales, que impulsaron reformas estructurales, como una nueva institucionalidad fiscal y una reducción significativa de la inflación a lo largo del quinquenio.

Con un resultado fiscal proyectado de 6,5 puntos porcentuales del producto bruto para este año, la meta es una reducción a partir del año próximo, mayor transparencia del Banco Central, nueva gobernanza de las empresas públicas y mejoras de la competitividad, reforma del sistema previsional, una política comercial más proactiva, cambios en el otorgamiento de la residencia fiscal y un régimen de inversiones que promueva la actividad económica.

Para finalizar, Arbeleche recordó que nuestro país cuenta con buenos indicadores internacionales en materia de derechos humanos, democracia, transparencia y ambiente. Mencionó la reciente creación del Ministerio de Ambiente y la marca Uruguay Natural, que constituyen un compromiso de toda la sociedad por el cuidado de los recursos naturales uruguayos para las futuras generaciones.

“Lo que importa son los resultados en el alumno, en el paciente, en la persona que necesite una vivienda, y no cuántos recursos va a cada uno de los incisos”, definió la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, tras comparecer con el equipo económico ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para presentar el proyecto del presupuesto. “Se presentó un plan donde no hay aumento impositivo”, afirmó.

“Es un proyecto de ley muy completo y abarcativo en circunstancias complejas para el país y el mundo por la situación sanitaria”, destacó Arbeleche, acompañada por el subsecretario de la cartera, Alejandro Irastorza, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, tras la presentación del Presupuesto Nacional 2020-2024, realizada este lunes 7 ante la comisión.

El texto comprende a todos los incisos del Gobierno y también los recursos necesarios para enfrentar la pandemia; luego, a partir de 2021, se mejorará la situación fiscal, indicó la ministra. En este contexto, Arbeleche aseguró: “A pesar de la COVID-19, se presentó un plan donde no hay aumento impositivo”. Asimismo destacó que el presupuesto no se mide por los recursos que se destinen a un programa o inciso.

La jerarca recalcó que los dos puntos fundamentales son el crecimiento económico con mayor empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales. En respuesta a una pregunta de un medio de prensa, aseguró que hay un Estado muy presente y activo en situaciones de personas más vulnerables, con políticas bien diseñadas y centradas en las personas.

Acerca del margen fiscal sobre el total del gasto, Arbeleche expresó: “Es muy acotado, casi no tenemos”. Señaló que esto se debe al déficit, ubicado por encima de 5 puntos del producto en 2019, a lo que se sumó el efecto de la pandemia en la actividad económica. “Es imperioso mejorar el resultado fiscal a partir de 2021 para estabilizar la deuda en términos del producto. Por eso, es importante buscar reasignar las partidas, optimizar los recursos, que se eviten las duplicaciones de gastos que se estaban dando sin tener resultados efectivos”, acotó.

En relación con el salario de los funcionarios públicos, recordó que el artículo 4.° del proyecto establece que el poder adquisitivo se mantendrá a lo largo del período presupuestal. “Los detalles de la situación en cada año es algo que se está dialogando con los funcionarios. No es un capítulo que esté cerrado”, aseveró. Además, se incluye una disposición que limita los aumentos a los sueldos más altos, que no podrán superar los de un secretario de Estado. Por otra parte, los funcionarios de las personas públicas no estatales no pueden tener una remuneración mayor que la correspondiente a un subsecretario.

A partir de setiembre de 2022 el rango meta de inflación será de un mínimo de 3% a un máximo de 6%, definió este jueves 27 el Comité de Coordinación Macroeconómica. Además, las autoridades estimaron que la inflación se ubicará en 3,7% en 2024. Por otra parte, se desplegará una serie de medidas para desdolarizar la economía nacional, adelantaron la ministra Azucena Arbeleche y el presidente del Banco Central, Diego Labat.

El primer encuentro del Comité de Coordinación Macroeconómica fue encabezado por la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat. También participaron la coordinadora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión; el director de la Unidad de Deuda, Herman Kamil; el vicepresidente del BCU, Washington Ribeiro, y el gerente de Política Económica y Mercados del BCU, Adolfo Sarmiento.

En la reunión fueron ratificados los datos del presupuesto presentado este miércoles 26, se acordó la modificación del rango meta de inflación, del 3-7 % actual al 3-6 % a partir de setiembre de 2022, y se informó sobre el compromiso para impulsar un programa de desdolarización de la economía uruguaya. Las autoridades estiman que en 2024 la inflación se ubicará en 3,7%.

Arbeleche subrayó que para alcanzar estos objetivos es importante la coordinación de las políticas fiscal, monetaria y de ingresos. Sobre este último punto, recordó que los salarios acompañarán la pérdida de la actividad económica, según lo acordado en el Consejo Superior Tripartito, que la negociación en el sector público sigue abierta y que el compromiso es que en 2021 el déficit fiscal se ubicará en 4,1 puntos del producto bruto interno.

Asimismo señaló que la coordinación entre todas las áreas de la economía es permanente, con reuniones semanales con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Por su parte, Labat consideró que el presupuesto nacional incluirá un mensaje que calificó como “una caída paulatina pero muy ambiciosa de la inflación”. También adelantó que la próxima semana se reunirá el Comité de Política Monetaria, que avanzará en el cambio de los agregados monetarios a la fijación de la tasa de interés como instrumento monetario, tal como utilizan la mayoría de los países que usan el rango meta como instrumento de política monetaria.

El control de la inflación es la medida de desdolarización más importante para reducir la fragilidad financiera

En rueda de prensa, Labat indicó que la desdolarización es un proceso de largo plazo, liderado por el BCU, que requiere el compromiso de otros organismos y el sector privado. “Con una inflación en 3%, 4%, será más sencillo que el uruguayo confíe en su moneda”, expresó.

Como ejemplo, explicó que una empresa en problemas que tiene ingresos en moneda nacional y toma crédito en moneda extranjera se expone a mayores riesgos; con un país desdolarizado, esa empresa accede a créditos en la moneda de sus ingresos y reduce sus riesgos, concluyó. Para esto, hay medidas que se pueden tomar desde el banco, como cambios culturales para mencionar los bienes y servicios en pesos, así como mejoras en contratos, entre otras, pero la más importante es la reducción de la inflación, aseveró.