La titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, realizó un balance económico de 2020 y presentó las perspectivas macroeconómicas para el año en curso. Explicó que se destinaron 1.217 millones de dólares para atender la crisis sanitaria por COVID-19, lo que representa un 2,3% del producto interno bruto (PIB), y afirmó que se cumplió con todas las estimaciones fiscales sin suba de impuestos.

En un contexto internacional marcado por la pandemia sin antecedentes de COVID-19, nuestro país destinó en 2020 el equivalente a 2,3% del PIB, a pesar de que perdió recaudación del orden de los 2.000 millones de dólares, afirmó Arbeleche. La ministra presentó, este lunes 8 en la Torre Ejecutiva, el informe de balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay. Estuvo acompañada por el subsecretario Alejandro Irastorza, la directora de Política Económica, Marcela Bensión, y el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco. 

“A pesar de los gastos para responder a la pandemia, se cumplieron todas las estimaciones fiscales sin subas de impuestos”, enfatizó Arbeleche. Las previsiones incluyen los ítems resultado fiscal efectivo y estructural, aumento de gasto primario, tope de endeudamiento neto e índice de precios. “Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia”, aseveró, y añadió: “Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras que nos hacen pensar que lo peor quedó atrás”.

Arbeleche informó que al 31 de diciembre del año pasado, y mediante el mecanismo del Fondo Coronavirus, que fuera votado en forma unánime por todos los partidos políticos con representación parlamentaria para hacer frente a la pandemia, las erogaciones alcanzaron los 711 millones de dólares, equivalentes a 1,3% del PIB. Este monto está alineado a la exposición de motivos de la presentación del presupuesto nacional, apuntó. Sobresalen en el referido monto el seguro de desempleo (238 millones), la reasignación de aportes (213 millones), medidas del Ministerio de Desarrollo Social (144 millones) y en salud (48 millones).

La integrante del Poder Ejecutivo sostuvo que la rápida respuesta del Gobierno permitió enfrentar la pandemia y mitigar los impactos económicos y sociales. En ese sentido, enumeró las medidas de apoyo al sector productivo con foco en las medianas y pequeñas empresas. Citó la exoneración del 40% de los aportes patronales y personales y el aplazamiento del vencimiento de tributos.

Además, recordó el seguro de desempleo y subsidios a monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la exoneración de aportes patronales en transportes escolares, organización de eventos, agencias de viaje y transporte turístico y medidas aplicadas en la actividad turística, como el impuesto al valor agregado (IVA) cero a hotelería, la devolución de nueve puntos de IVA en arrendamiento de vehículos y gastronomía, entre otras.

Estas iniciativas se complementaron con otras de apoyo a los hogares vulnerables, como los programas sociales tarjeta Uruguay Social, Instituto Nacional de Alimentación, asignación familiar del Plan Equidad y la aplicación Tuapp, el seguro por enfermedad para mayores de 65 años, la instalación de nuevos refugios para personas en situación de calle y la cobertura transitoria del Fondo Nacional de Salud a desempleados.

Arbeleche dijo que en los tres primeros instrumentos se verificó un incremento del 56% en las transferencias de 2020 en relación con el año anterior. Esto no incluye a Tuapp, que es una herramienta nueva. En cuanto a la totalidad de las transferencias, estas alcanzaron un incremento del 40%. En 2019, llegaron a 602.000 beneficiarios y en 2020, a 841.000, básicamente titulares y menores. Si se considera a otras personas en contextos de vulnerabilidad, la cifra supera los 1,1 millones de personas.
 
La secretaria de Estado destacó el Fondo Coronavirus como una herramienta para “encapsular gastos y promover la transparencia” de las finanzas públicas. Desde este punto de vista, el mecanismo se vuelve un “instrumento muy relevante”, dijo, porque “nos permite separar, en una caja aparte colocar los gastos transitorios para hacer frente a la pandemia”, del resto del manejo de las finanzas públicas. 
 
Al seguro de desempleo tradicional, se le sumó el parcial y flexible, fueron incorporados con el objetivo de que la actividad económica continuara funcionando, aun a una velocidad diferente. Esto se mantiene con horizonte al 31 de marzo, expresó. En 2020 el 60% de quienes accedieron al seguro de desempleo lo hicieron por concepto de suspensión de tareas, mientras que en 2019 el 66% de los trabajadores recurrió al instrumento por motivos de despido.

En los últimos meses, el Gobierno constató una estabilidad en el número de personas que acceden al seguro por desempleo. “La pandemia continúa y lo que se haga para apoyar al trabajador está bajo continua revisión”, manifestó. “El esquema de seguro de desempleo es para proteger al trabajador que está en la formalidad y también tenemos que proteger al que está en la informalidad y que es quien más está sin trabajo”, aclaró. 

Cálculo para la base de prestaciones y contribuciones (BPC)

Consultada acerca de por qué se decidió modificar la referencia del índice de precios al consumo (IPC) por el índice medio de salarios (IMS) para el cálculo de la BPC, indicó que se tomó esa opción porque permite mantener la contribución tributaria del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF). Enfatizó que “no se recauda ni más ni menos” y agregó que el promedio es neutral porque la recaudación es la misma.

Arbeleche dijo que aquellas personas cuyo salario se incrementó en igual medida que el IMS se encuentran en idéntica situación y que, en promedio, abonarán exactamente lo mismo que de la otra forma.

Afirmó que se definió mantener la carga impositiva del 35% de los trabajadores, que son quienes pagan el IRPF, para hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria por COVID-19. Agregó que la pandemia persiste en 2021, por lo que se continuará con el apoyo social, sanitario y económico necesario para transitarla.

Informe de balance y perspectivas macroeconómicas de Uruguay