En la asunción de los delegados de instituciones médicas de la capital y del interior, trabajadores y usuarios en la Junta Nacional de Salud (Junasa), el presidente del organismo, Luis González Machado, adelantó que en próximas semanas se presentará un mecanismo innovador que impedirá la intermediación lucrativa entre prestadores de salud. Dijo que tenderá a la libertad del usuario y a la estabilidad del sistema sanitario.

Los delegados que asumieron este miércoles 12 son el secretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez; el secretario de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi), Aníbal Cataldo; el representante de los prestadores de salud de Montevideo, Daniel Porcaro, y por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Federico Preve.

La directiva estará presidida por Luis González Machado. Además, integrarán el directorio de la Junasa la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando; el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, y en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Blanco.

González Machado dijo que el organismo es responsable por la cobertura sanitaria de más de 2,5 millones de uruguayos. Especificó que esta administración buscará nuevas formas de trabajo e incorporará tecnología, analizará los mecanismos de afiliaciones a prestadores de salud, incluirá auditorias de gestión a las instituciones y unificará trámites junto al BPS.

Además, las comisiones honorarias de cada departamento elegirán delegados y, de esos 19 representantes, elegirán a uno para integrar la Junasa, explicó González Machado.

Señaló su condena enérgica a la intermediación lucrativa, es decir, a los procedimientos de traspaso de prestador sanitario a cambio de dinero durante los períodos de movilidad regulada. Adelantó que la Junasa presentará una modalidad innovadora para reducir esta ilegalidad, lo que se difundirá en las próximas semanas.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó que el Gobierno está a favor de una mayor libertad para la elección de prestador por parte de los usuarios y que trabajará en propuestas progresivas y moderadas.