Los 539 adultos con discapacidad que concurren al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) serán atendidos en centros que pasarán a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tras el convenio firmado este viernes 23. No se puede aplicar políticas destinadas a la niñez a esta población, expresó el titular del Mides, Martín Lema. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que este proceso llevará dos años.

En la firma del convenio, que se realizó en la sede del Mides, estuvieron presentes, además de Lema y Abdala, la subsecretaria de Desarrollo Social, Andrea Brugman, y el vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez.

Según el documento, firmado en la sede de la secretaría de Estado, se formará una mesa interinstitucional, responsable de los lineamientos para el traspaso de los servicios, que se realizará, de forma progresiva, hacia centros que dependerán de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del ministerio. Actualmente, el INAU atiende a 539 personas adultas con discapacidad.

La primera etapa del plan comprende la realización, en los próximos 6 meses, de un informe jurídico, económico, social y de recursos humanos. Luego, dos centros del INAU pasarán a la órbita de la Secretaría de Cuidados; si esa experiencia es positiva, se aplicará a la totalidad de los centros de 24 horas.

Lema calificó al convenio como necesario por constituir un paso adelante en la atención requerida por mayores de 18 años con discapacidad. Al valorar el trabajo del INAU, el ministro definió que el motivo central de este acuerdo radica en que no se puede aplicar políticas de niñez a personas adultas.

Por su parte, Abdala explicó que el acuerdo reordena competencias y que el costo aproximado anual para la atención a la discapacidad en la órbita del INAU es de 10 millones de dólares.

Agregó que este proceso de traspaso será gradual y que se cumplirá en los próximos dos años. Enfatizó que la situación permitirá que el INAU sea más eficiente en las respuestas que se brindan a todos los sujetos de derecho que dependen de la institución, la protección de niños y adolescentes. “Es una respuesta inteligente, eficiente y con la dosis de sensibilidad necesaria como para saber que lo que importa es la gente, lo que supone superar límites jurídicos e institucionales”, afirmó.

El titular de Desarrollo Social, Pablo Bartol, expresó que se busca incluir a todas las personas en el mercado laboral, lo cual generará un cambio cultural. Por su parte, la directora del Programa de Discapacidad, Gabriela Bazzano, aseguró que se trabajará para cumplir con la normativa vigente, que mandata a ocupar el 4% de la plantilla laboral con personas con discapacidad. “Estamos en 1,7%, un poco lejos del objetivo”, dijo.

Bartol participó, este miércoles 19, de la presentación del sello Uruguay Valora, reconocimiento que otorgará la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas a organizaciones públicas y privadas que desarrollen acciones concretas en materia de inclusión de personas con discapacidad. 

El jerarca hizo mención al cambio cultural que se necesita lograr para que la sociedad civil, las empresas, el Estado y la academia generen un ecosistema que permita incluir personas con esta condición en el ámbito laboral. “Todos juntos debemos realizar acciones de valoración de aquellas organizaciones que incorporan personas con algún tipo de discapacidad a sus cuadros laborales”, dijo.

Acompañaron al ministro la directora del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), Gabriela Bazzano; la representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Comisión Nacional de Inclusión Laboral y en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, Lorena Acevedo; el director del sello Uruguay Valora, Fernando Carotta, y el integrante del jurado en representación del Pronadis, Agusto Lotito.

Bazzano hizo referencia a la normativa que promueve la contratación de personas con discapacidad por parte del Estado y las empresas privadas, en la que se estipula que el mínimo de personal con esta condición debe alcanzar el 4%. Actualmente, el porcentaje ronda el 1,7%, informó la jerarca, por lo cual se deberá trabajar para cumplir con ese derecho, agregó.

Por su parte, Acevedo valoró las políticas de formación y orientación que lleva adelante el Pronadis para que las personas puedan tener más posibilidades y recordó que la cartera de Trabajo tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas. Por tal motivo, alentó a las empresas y organizaciones a comenzar este proceso.

Los organismos públicos y privados interesados en obtener el sello Uruguay Valora podrán postularse hasta el 31 de agosto, la ceremonia de entrega se realizará en diciembre.

Unas 5.000 empresas con plantillas superiores a los 25 trabajadores dependientes incorporarán gradualmente personas con discapacidad a partir del 17 de noviembre, fecha en la que comenzará a regir la ley n.º19.691, para la promoción del empleo a este colectivo, recordó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. El Estado subsidiará los aportes patronales para estimular la contratación, agregó.

La normativa que promueve el trabajo para personas con discapacidad estimula la contratación mediante tasas reducidas de los aportes patronales en estos contratos nuevos. La ley señala que estos emprendimientos deberán contar con un 4 % de su plantilla ocupada por personas con discapacidad.

Murro recordó que la contratación será promovida mediante un subsidio gradual brindado por el Estado. Por cada trabajador, el empleador pagará la totalidad de los aportes patronales recién al cuarto año de contrato, mientras el primero pagará la cuarta parte.

El único requisito para las personas interesadas en obtener un empleo mediante este mecanismo es su inscripción en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Los contratados accederán a todos sus derechos laborales.

“Hay organismos públicos que cumplen muy bien con la cuota de 4 % del total de empleados, como el Banco de Previsión Social o el Banco de Seguros del Estado”, ponderó el secretario de Estado, quien recalcó: “Hoy, felizmente, ingresan por los concursos habituales y no por la cuota estipulada”.

Otros mecanismos de promoción de las personas con discapacidades incluyen al sistema de salud, las jubilaciones por incapacidad y las pensiones por invalidez. Todas estas prestaciones aumentaron en cantidad de personas beneficiadas y en montos económicos, agregó el ministro. Además acotó que el Gobierno avanzó en la entrega de servicios de lentes, prótesis y ortesis para los trabajadores.

En tanto, el representante del Programa Nacional de Discapacidad, Gustavo Cardozo, indicó el compromiso del Estado para cubrir vacantes generadas con el 4 % que estipula la ley para las personas con discapacidad. “En el presente el promedio se ubica en 1,4 %”, dijo.

Mejorar el acceso a la salud, en especial la sexual y reproductiva, prevenir la violencia de género y mejorar el acceso a la información de los derechos que tienen las personas con discapacidad son los tres pilares del proyecto Derecho a la Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, que capacitará en estos aspectos al personal de salud, educación y protección a la infancia, entre otros.

Según datos oficiales, medio millón de uruguayos presenta algún tipo de discapacidad. Cada uno de ellos se relaciona con al menos dos integrantes de su familia o comunidad, lo que significa que casi la mitad de la población uruguaya convive con situaciones vinculadas con este tema. Pero esta población permanece invisible a ojos de la sociedad, se encuentra con barreras físicas en el entorno y con actitudes y prejuicios de la gente que les limita el acceso a diversas actividades, como educación, salud, trabajo, disfrute de actividades culturales y de su salud sexual y reproductiva.

En materia de violencia basada en género, el proyecto capacitará a 300 integrantes de los equipos de respuesta sobre esta temática, se trabajará con el personal de salud, educación y protección de la infancia, se facilitará el diálogo entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones feministas para incorporar el enfoque de género y discapacidad en sus respectivas agendas y se difundirá materiales informativos accesibles.

Para mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva se capacitará a más de 400 integrantes de los equipos de salud para atender adecuadamente a estas personas y se elaborará materiales de comunicación accesibles, se trabajará con grupos de jóvenes para difundir conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos y se diseñará protocolos y guías para comunicar de forma humanizada diagnósticos prenatales y nacimientos asociados a la discapacidad.

También se capacitará a instituciones estatales para registrar de forma sistemática los datos de la población con discapacidad, se capacitará a técnicos estatales, organizaciones de la sociedad civil y academia sobre metodologías utilizadas en el exterior para relevamiento de la discapacidad. Asimismo, se elaborará una guía accesible de todas las prestaciones que existen en el país para personas con discapacidad.

Este proyecto fue lanzado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y está  impulsado por el Gobierno nacional junto con el Sistema de Naciones Unidas y la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al acto asistieron la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, la coordinadora residente de Naciones Unidas, Mireia Villar, y el presidente del Directorio de ASSE, Marcos Carámbula, entre otras autoridades.

Luego de la presentación de testimonios en la apertura del evento, el prosecretario Roballo subrayó que es imprescindible un abordaje integral y empático con las personas. “Si no asumimos ese deber, por lo menos en lo que respecta a los gestores públicos, nunca vamos a comprender esas realidades y no podremos abordar eficientemente nuestro rol”, precisó.

Por su parte, la ministra Arismendi reiteró que todos los habitantes del Uruguay tienen los mismos derechos y subrayó que ciudadanía y Gobierno identificaron los problemas para resolver como sociedad. “Tenemos la obligación de continuar trabajando en esta línea”, afirmó.

Para el titular de ASSE, Marcos Carámbula, el Sistema Integrado de Salud es una formidable herramienta que debe utilizarse para entender que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno, agregó.

Las empresas con más de 25 empleados que abran nuevas fuentes laborales deberán contratar a personas con discapacidad, en distintos porcentajes, indica en su parte central el proyecto de ley sobre promoción en la materia, a estudio de la Cámara de Senadores. El texto también establece disposiciones respecto de licencias de padres con hijos en igual condición y crea la Comisión Nacional de Inclusión Laboral.

El proyecto de ley refiere a la promoción, condiciones y estímulos para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector privado. Cuenta, además, con un capítulo referido a los padres con hijos con discapacidad y otro para crear la Comisión Nacional de Inclusión Laboral en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que sea responsable de realizar el seguimiento y de proponer medidas para la aplicación de la ley.

La iniciativa, que en la actualidad es analizada por la Cámara de Senadores, plantea que las unidades económicas con más de 25 trabajadores incorporen, de modo obligatorio, a personas con discapacidad. Las empresas en cuestión, según los registros del Banco de Previsión Social (BPS), son unas 5.000, con unos 550.000 trabajadores en total.

El proyecto prevé un proceso gradual, según el tamaño de las empresas y la proporción de personas con discapacidad. Las empresas con 500 empleados o más podrían comenzar con un 3 % del total el primer año para alcanzar el 4 % el segundo año de vigencia de la ley. También indica la consideración para personas con discapacidad que no hayan ingresado por cuota, sino por concursos de méritos generales.

En el artículo 8 del texto se refiere a que las personas que presenten discapacidad y quieran acogerse a los beneficios previstos se inscriban en el registro de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.

El artículo 10 propone un sistema de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por un término de hasta tres meses, motivada por razones directamente relacionadas con la discapacidad del trabajador.

Asimismo, el número 11 aborda la situación de aquellos trabajadores que adopten hijos con discapacidad y consagra el derecho a solicitar hasta un total de 10 días anuales de licencia con goce de sueldo para controles médicos. El 12 expresa que quienes tengan hijos con esa condición o enfermedades terminales accedan a una licencia especial anual de 96 horas.

El artículo 15 detalla los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social correspondientes a las personas con discapacidad. En tal sentido, el primer año aportarían el 25 %, lo que llegaría a un 100 % el cuarto año.

Proyecto de ley