Los 539 adultos con discapacidad que concurren al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) serán atendidos en centros que pasarán a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tras el convenio firmado este viernes 23. No se puede aplicar políticas destinadas a la niñez a esta población, expresó el titular del Mides, Martín Lema. El presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que este proceso llevará dos años.

En la firma del convenio, que se realizó en la sede del Mides, estuvieron presentes, además de Lema y Abdala, la subsecretaria de Desarrollo Social, Andrea Brugman, y el vicepresidente del INAU, Aldo Velázquez.

Según el documento, firmado en la sede de la secretaría de Estado, se formará una mesa interinstitucional, responsable de los lineamientos para el traspaso de los servicios, que se realizará, de forma progresiva, hacia centros que dependerán de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del ministerio. Actualmente, el INAU atiende a 539 personas adultas con discapacidad.

La primera etapa del plan comprende la realización, en los próximos 6 meses, de un informe jurídico, económico, social y de recursos humanos. Luego, dos centros del INAU pasarán a la órbita de la Secretaría de Cuidados; si esa experiencia es positiva, se aplicará a la totalidad de los centros de 24 horas.

Lema calificó al convenio como necesario por constituir un paso adelante en la atención requerida por mayores de 18 años con discapacidad. Al valorar el trabajo del INAU, el ministro definió que el motivo central de este acuerdo radica en que no se puede aplicar políticas de niñez a personas adultas.

Por su parte, Abdala explicó que el acuerdo reordena competencias y que el costo aproximado anual para la atención a la discapacidad en la órbita del INAU es de 10 millones de dólares.

Agregó que este proceso de traspaso será gradual y que se cumplirá en los próximos dos años. Enfatizó que la situación permitirá que el INAU sea más eficiente en las respuestas que se brindan a todos los sujetos de derecho que dependen de la institución, la protección de niños y adolescentes. “Es una respuesta inteligente, eficiente y con la dosis de sensibilidad necesaria como para saber que lo que importa es la gente, lo que supone superar límites jurídicos e institucionales”, afirmó.