Por orden expresa del presidente Tabaré Vázquez, en su primer mandato, todas las personas que ingresan al país por el embarcadero del río San Juan, en el departamento de Colonia, deben pasar por la oficina de migraciones en Carmelo para ingresar al país. Antes de 2005, los tripulantes se trasladaban en camionetas y recibían a otras personas, explicó en conferencia de prensa el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Las embarcaciones que arribaban al puerto deportivo ubicado en el río San Juan, cercano al Parque Nacional Anchorena, utilizaban, sin pagar, los servicios como electricidad y agua, interactuaban con lugareños, se trasladaban en camionetas hacia otras localidades y se retiraban casi sin control.

Esta situación cambió en 2005 por mandato de Tabaré Vázquez, quien se interesó personalmente por el asunto. “La orden que dio inmediatamente fue que las embarcaciones que llegaran tenían que hacer migraciones y control aduanero antes, en la ciudad de Carmelo. Esto (el trasiego sin control de personas por el puerto de San Juan), antes de 2005, era práctica común”, recordó el ministro Bonomi a la prensa.

Durante la conferencia explicó que, en la frontera, la Prefectura Nacional Naval hace la custodia de la costa uruguaya, Dirección Nacional de Aduanas se encarga de la revisión de bienes que ingresan al país, el control migratorio lo hace el Ministerio del Interior con sus 21 puestos fronterizos y el control del dinero es potestad del Banco Central. Por ejemplo, “en algunos casos, ingresan en puntos donde hay control y, en otros, quien recibe es la Prefectura y tiene que llamar a (la Dirección Nacional de) Migración para hacer el control”.

Los organismos de inteligencia intervienen con base en denuncias de parte del país en que se registra el problema. Hasta el momento, ninguna oficina argentina reclamó ni proporcionó información sobre Ernesto Clarens, empresario argentino acusado de ingresar dinero de forma ilegal al país. “Solamente hay trascendidos de prensa, excepto el pedido de un fiscal argentino por la estancia El Entrevero”, momento en el cual la Justicia uruguaya pidió allanamientos, destacó el jerarca.

Recordó que el ingreso de dinero es una falta, no un delito. Se constituye como delito cuando se intenta una operación de lavado de activos, que es de la órbita de la Secretaría Antilavado.

Acompañaron al ministro la directora de Migración, Myriam Coitinho, el director general de Información e Inteligencia Policial, Williams García, y el director general de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, Julio Sena.