Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU:

Ante las inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el Gobierno de Uruguay reitera:

1. Hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes  ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma.

2.Para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a 1 de cada 3 habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona).

La medida comprende a los siguientes grupos:

- Hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad con menores que perciben Asignaciones Familiares - Plan de Equidad. En este caso, el beneficio aplica para todos los integrantes del núcleo.

- Beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) de Montevideo y Canelones que no están comprendidos en las Asignaciones Familiares - Plan de Equidad.

 - Personas mayores que residan en Montevideo y Canelones y reciben Asistencia a la Vejez (AV) o Pensión a la Vejez (que previamente recibían AV).

 - Jubilados y pensionistas que perciben jubilaciones mínimas.

Considerando a las embarazadas y menores de 2 años ―que ya disponen del beneficio desde el 19 de mayo del corriente año―, el Gobierno estará cubriendo ante esta emergencia hídrica a más de 540.000 uruguayos con acceso a agua embotellada para asegurar las necesidades diarias.

3. Para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la Salud Pública, OSE y el Gobierno erigieron una estrategia sobre los siguientes pilares:

a. Mantener la continuidad del abastecimiento público sin la realización de cortes de suministro, evitando la contaminación biológica (microbiológica, bacteriológica, virológica, parasitaria, etcétera) de las redes de distribución, conexiones y reservas,  protegiendo a la población contra los riesgos biológicos (bacteriológicos, virológicos, hidrobiológicos  y parasitarios), que de acuerdo a lo recomendado por la propia Organización Mundial de la Salud, deben ser de control prioritario frente a otro tipos de riesgos como los riesgos químicos, que por lo general son crónicos, y no agudos y generalizados como los riesgos biológicos.

La continuidad del servicio de las redes de distribución y la presión interna es lo que garantiza la protección contra los riesgos biológicos.

b. Mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la Región Metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas, lo que evita el surgimiento de un escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades, y principalmente protegiendo la Salud de la población y la Sanidad Pública en general.

Asimismo, mantener la dignidad de las personas en la vida cotidiana. Sin continuidad del servicio de agua no habrá posibilidad de evacuar las aguas residuales de los baños de las 550.000 viviendas.

c. Mantener las redes de distribución operativas en forma continua para el combate y la protección contra incendios y siniestros urbanos. Protegiendo así la vida de las personas en primer lugar, y la propiedad pública y privada.

4. El Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado.

En definitiva:

• El Gobierno actuó en forma preventiva, el agua sigue siendo bebible, y garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona en nuestro país.

• Todas las decisiones sobre la calidad del agua librada al servicio público se han tomado con la previa y preceptiva aprobación del Ministerio de Salud Pública, que ha consultado a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a la Academia de Medicina, a las Facultades de Medicina y Química de la UdelaR y a especialistas.

• Se han fortalecido las acciones de vigilancia para monitorizar posibles impactos en la salud y a la fecha no se han detectado ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua.