Uruguay cuenta con 980 centros de larga estadía para 13.000 personas, 140 en trámite de certificación de registro y 40 aspirantes, mientras que 8 están en proceso de cierre definitivo. Otros centros no presentan problemas, pero no iniciaron los trámites. Los que disponen de habilitación social pueden acceder a créditos de entre 50.000 y 200.000 pesos para mejoras, sintetizó la directora del Inmayores, Adriana Rovira.

En Uruguay, más de 13.000 personas, casi el 2,8 % del total de personas mayores del país, residen en estos centros de larga estadía, precisó la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Detalló que, de los 980 establecimientos, los que cuentan con la habilitación completa son 18, 140 se encuentran en trámite de certificación de registro y unos 40 aspiran a la certificación social. Explicó que el hecho de que un centro no esté habilitado no significa que no funcione de manera adecuada. “A veces, el establecimiento está bien, pero no se realizaron todos los pasos para cumplir con el acto administrativo y, en tal sentido, intentamos colaborar para que esa situación mejore”, señaló.

Destacó la tarea en común de Inmayores con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a fiscalización, sobre todo respecto de situaciones críticas o denuncias sociales y sanitarias. También indicó que la entidad que dirige trabaja con el Banco de Previsión Social, en la aplicación de la normativa en establecimientos sin fines de lucro, y con el Sistema Nacional de Cuidados, que habilita la formación en cuidados de forma gratuita.

La jerarca dijo a la Secretaría de Comunicación Institucional que hay un constante intercambio de información y de experiencias de gestión con los centros, además de asesoramiento técnico por parte del Inmayores, en el marco de las actividades de fiscalización y regulación de los servicios.

Los establecimientos de larga estadía con certificación social pueden solicitar créditos de entre 50.000 y 200.000 pesos al Banco República, con intereses accesibles para capacitación o reformas edilicias, informó.

La directora del instituto precisó que hay establecimientos que nunca accederán a la habilitación porque no pueden dar cumplimiento a la normativa o porque están en un contexto de pobreza en el que no pueden brindar en forma adecuada el servicio. También explicó que hay centros que están en contextos de pobreza, que lentamente concretarán un proceso de cierre. “En esos centros, también viven personas que vienen de un contexto de pobreza, e ir a otros lugares les significa un impacto emocional en el relacionamiento afectivo, por lo que se debe transitar con cuidado el realojo a otros sitios”, explicó.

Dijo que hay 8 establecimientos que están en proceso de cierre y afirmó que, “si hay presunción de delito o riesgo de vida, se informa a la Fiscalía y las personas pasan a ser inmediatamente realojadas”.

Las declaraciones de Rovira fueron expresadas el martes 14, jornada en la que se desarrolló el encuentro “Bienestar de las personas mayores residentes en establecimientos de larga estadía”, en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, en Montevideo.