La actividad se desarrolló en la Sala de Honor de la secretaría de Estado, con la presencia del ministro de Defensa, Javier García; el presidente del INAU, Pablo Abdala, y otras autoridades de ambas instituciones.

En su oratoria, García señaló la importancia del acuerdo para la inserción laboral de los adolescentes vinculados al INAU que están próximos a egresar del sistema y subrayó que se inspira en la inclusión social de este sector de la población.

Indicó que este convenio propicia la apertura del ministerio y sus distintas unidades ejecutoras para que los jóvenes accedan a una oportunidad, que, para algunos, significará una primera experiencia y, para otros, una continuación.

Sostuvo que los adolescentes podrán aprovechar la organización institucional, la disciplina y los valores que se promueven desde las fuerzas y sus dependencias para adquirir hábitos de trabajo. Añadió que el acuerdo se inspira en la inclusión social, en brindar mayores posibilidades y herramientas a los jóvenes que estuvieron institucionalizados y no contaron con ellas, a fin de que puedan enfrentar los desafíos de la vida.

Abdala, en tanto, aseveró que el convenio representa la política impulsada desde el INAU de crear estrategias, herramientas y oportunidades para lograr el egreso y la autonomía progresiva de los jóvenes. Agregó que el objetivo es que los adolescentes cuenten con la mayor cantidad de alternativas a la hora de aproximarse o incorporarse al mercado de trabajo.

Mencionó que hay casi 200 jóvenes, solo en el departamento de Montevideo, con 18 años cumplidos que aún no están en condiciones de desvincularse del instituto y, en ese sentido, consideró que las oportunidades laborales son esenciales para mantenerse fuera del sistema.

Asimismo, resaltó el vínculo institucional con el Ministerio de Defensa, con el que ya hay otros convenios vigentes, como el de capacitación en el Batallón de Ingenieros de Florida, donde adolescentes del INAU se forman en distintos oficios y saberes.  

El acuerdo será monitoreado por una comisión de coordinación y seguimiento, integrada por representantes de ambas partes, la que podrá formular sugerencias y recomendaciones. Además, realizará una evaluación de medio tiempo y otra final.

El plazo del convenio, de alcance nacional, será de dos años a partir de la suscripción, que podrá renovarse por períodos iguales y consecutivos, previa valoración del comité y el aval de las autoridades.