Pese a los esfuerzos de Uruguay para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, como la aprobación de una ley sobre esa temática, la creación del Observatorio sobre Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, la tipificación del feminicidio como agravante del homicidio y el aumento del número de refugios, “la violencia contra la mujer continúa siendo un fenómeno extendido” en la nación sudamericana.

Así lo destaca el sexto informe del Comité de Derechos Humanos sobre Uruguay, que indica que durante el año pasado se registraron 30 femicidios y 38.925 denuncias de violencia doméstica en el país, y que todavía sigue sin asignarse el presupuesto para la implementación efectiva de las medidas de la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género.

También destaca que los operadores judiciales, los cuerpos policiales y el personal de salud y asistencia social todavía no cuentan con la “formación y capacitación específica para abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos, y que todavía hay “obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y para la reparación a las familias como víctimas directas”.

En consecuencia, el Comité instó a Uruguay a dotar “los recursos financieros, técnicos y humanos” para la “prevención, protección, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres en todo su territorio”.

Del mismo modo, pidió capacitar a funcionarios públicos, como jueces, fiscales, defensores públicos, agentes del orden y personal de salud, entre otros, para que puedan detectar, tramitar e investigar los casos de violencia contra las mujeres y facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas.

Crece el número de personas privadas de libertad

Aunque el órgano de expertos independientes “toma nota de los esfuerzos” que se adoptaron para poner en marcha “el nuevo Código del Proceso Penal” y “los esfuerzos para reducir el hacinamiento en prisiones”, junto a “la propuesta del Plan de combate a la reincidencia y en favor de la rehabilitación”, mostraron su preocupación por la “significativa y creciente cantidad de personas privadas de libertad”.

El Comité destacó el fuerte aumento del número de mujeres en esa condición y que solo un 33% de las personas presas cuentan con una sentencia en firme, mientras que el 67% de las personas procesadas permanecen en prisión preventiva durante períodos prolongados junto a las personas condenadas, una situación contraria al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Igualmente, indica un “aumento considerable de muertes bajo custodia”, “que el nivel de hacinamiento en cárceles es del 135%” y destaca “las insuficientes condiciones de reinserción y rehabilitación” que provocan que el porcentaje de hacinamiento permanezca constante.

Por ello, pidió a Uruguay que incremente sus esfuerzos para separar a las personas que se encuentran en prisión preventivas de las condenadas, garantizar la investigación de todos los casos de muertes bajo custodia y reducir el hacinamiento y el alto porcentaje de personas en prisión preventiva.

Unsplash/Jovaughn Stephens

Un periodista cubre una moviización.

Aumentan las amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas

Con relación a la liberta de expresión, insta a Uruguay a “redoblar sus esfuerzos para prevenir las amenazas y restricciones a la libertad de expresión a periodistas, así como garantizar que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial todas las alegaciones relativas a dichos actos de intimidación”.

Al mismo tiempo pide “garantizar y respetar los derechos de reunión y de manifestación de la población, de la clase política y de las organizaciones de la sociedad civil”

El informe del Comité de Derechos Humanos trata otras temáticas como la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; la igualdad de género, la violencia doméstica y contra la mujer; la Interrupción voluntaria del embarazo y derechos reproductivos; la prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes; la trata de personas; y la situación de los Migrantes, refugiados, apátridas y solicitantes de asilo.

El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Parte.