“En esta jornada se firmó el compromiso del plan nacional para la prevención y combate a la trata de personas entre las instituciones del Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional, lo que es una forma de construir una política pública”, dijo la subsecretaria del Mides, Ana Olivera, en la Cancillería. Agregó que el año pasado se atendieron 72 nuevos casos de trata, que se agregaron a los 120 preexistentes.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, representantes de instituciones del Estado y la sociedad civil acordaron desarrollar un plan para la prevención y combate a la trata de personas hasta el año 2020, en el mismo sentido de acuerdos internacionales firmados por Uruguay.

La Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas está integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, del Interior, de Defensa Nacional, de Educación y Cultura, de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Turismo, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, la Organización Internacional para las Migraciones y un representante de la sociedad civil organizada.

La subsecretaria Ana Olivera recordó que ese ámbito funciona de forma regular desde el año 2008 y abordó la construcción de la Ley de Trata de Personas, junto a la bancada bicameral femenina del Parlamento. “Hay una visión de construcción desde los derechos humanos con responsabilidad del Estado en la atención y la protección de las víctimas, además de la implementación de protocolos de denuncias”, apuntó.

Los compromisos asumidos implican prevención y sensibilización, investigación, combate, judicialización y penalización,  protección, atención y reparación, coordinación interinstitucional y cooperación internacional. “Se destaca el rol de la sociedad civil organizada en el seguimiento del cumplimiento del plan y para garantizar la transparencia de las acciones desarrolladas, así como el apoyo sostenido de las Naciones Unidas, principalmente de la Organización Nacional para las Migraciones”, indicó Olivera. 

Además afirmó: “Como sociedad, nos cuesta mirarnos en el espejo de la trata de personas vinculadas a los temas de explotación sexual y laboral de mujeres, adolescentes y niños. Uruguay fue un país de origen y de tránsito y ahora somos país de destino”.

La funcionaria aseguró que en 2017 se atendieron 72 casos de trata de personas, los que se agregan a los 120 a los que se estaba dando seguimiento desde años anteriores. Entre las características de los casos nuevos, mencionó: “Al ser Uruguay país de destino, hay una parte de la migración que llega al territorio nacional que está vinculada con la red de trata, pero no toda. El 80 % de los casos que estamos asistiendo es originario de la República Dominicana”.

“Cuando asistimos a la explotación sexual es porque hay vulneración de derechos en sentido general, lo que permitió el engaño o la prostitución forzosa”, señaló. Agregó que “la explotación de niños y niñas también tiene que ver con la pornografía infantil y las personas que la consumen, lo que es necesario asumir como sociedad para poder transformar”. En tal sentido, resaltó la importancia de la firma del compromiso del plan nacional para la prevención y combate a la trata de personas, de las instituciones del Estado y la sociedad civil, así como el valor de la cooperación internacional.