El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) firmaron, este miércoles 15, tres convenios que permitirán a más de 400 personas privadas de libertad distribuidas en 13 unidades capacitarse en oficios y obtener acreditación de conocimientos. El objetivo es mejorar su reinserción y potenciar las posibilidades de acceso al mercado laboral.

En los acuerdos, participan también la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU) y el Consejo de Capacitación Profesional (Cocap), organismos que se encargarán de implementar los cursos.

Las instituciones procuran mejorar la integración, mediante herramientas para rehabilitar a los participantes y potenciarlos para el acceso al mercado laboral. En esta etapa, se realizarán 29 módulos sobre oficios diversos, como galletería, panadería, carpintería, albañilería, jardinería, construcción, electricidad y peluquería.

El proyecto comenzará en 13 unidades penitenciarias, para hasta 425 personas privadas de libertad en todo el país.

Estas acciones se financian con fondos establecidos por la ley 19.689, para proyectos de interés común entre UTU e Inefop; y con ingresos regulares del Fondo de Reconversión Laboral. En total, el Inefop aportará 13.000.000 de pesos.

En la presentación oficial, ampliaron detalles el director general de Inefop, Pablo Darscht; el director del INR, Luis Mendoza; el director general de UTU, Juan Pereyra, y el presidente de Cocap, Gustavo González.

Darscht destacó que Inefop aborda el empleo desde un enfoque sistémico, es decir, incluyendo los aspectos sociales para lograr una efectiva inserción. En ese sentido, señaló que la rehabilitación es uno de los grandes compromisos.

Esta iniciativa presenta un desafío especial en cuanto a la práctica, ya que implica el ingreso de técnicos a los centros penitenciarios para dictar clases en condiciones de reclusión, indicó, y agregó que la coordinación entre organismos es clave para resolver estos desafíos de forma eficiente.

Mendoza precisó que el INR dispone de 25 centros con 14.000 personas privadas de libertad y que la meta es facilitarles una efectiva rehabilitación.

Por su parte, Pereyra sostuvo que los convenios evidencian el rol social de la UTU, al margen del educativo. Además, resaltó la satisfacción que significa para el organismo brindar propuestas a quienes realmente lo necesitan, que muchas veces han quedado rezagados.