“La Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas es profunda, reconoce la complejidad del problema e involucra a un conjunto muy importante de organismos públicos”, valoró la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariella Mazzotti. La ley creó el consejo y el sistema nacional de denuncias; además, reconoció al sistema interinstitucional de respuestas que ofrece el Estado.

Mazzotti explicó a la Secretaría de Comunicación Institucional que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en convenio con la organización civil El Paso, asegura la atención directa ante situaciones de trata. En tal sentido, dijo que en forma anual se atienden entre 50 y 70 casos nuevos y se mantiene un número aproximado de 200 personas en seguimiento por situaciones muy complejas.

En la atención directa también participa el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), en coordinación con el Ministerio del Interior, que recibe denuncias de situaciones de explotación sexual padecida por niños o adolescentes. También ofrece servicios la Inspección General del Trabajo y la de Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Turismo, para garantizar que en los locales de hotelería y gastronomía no se produzcan situaciones de explotación sexual y laboral.

“Es una ley muy importante, porque, de hecho, Uruguay solamente tenía el delito de trata en la ley de migraciones, por tanto, realmente, como país, teníamos un atraso en el marco normativo en relación a la prevención y el combate de trata y explotación de personas”, apuntó.

Explicó que la ley reconoce la complejidad de las situaciones de trata que viven personas de todas las edades y nacionalidades en diferentes formas de explotación, entre las que mencionó que hay casos de abuso sexual, laboral, de servidumbre, de matrimonio, concubinato o unión análoga forzada o servil, de trabajo forzoso, embarazo forzoso, prostitución, venta de niños o adolescentes, pornografía infantil, mendicidad y otras formas análogas de esclavitud.

“Es una ley integral que recorre una serie de capítulos que miran la problemática en términos de prevención, en términos de las respuestas que el Estado tiene que dar en la atención, la protección y la reparación de las víctimas, además de definir la institucionalidad que llevará adelante una política concreta”, afirmó.

La ley también reconoce, como principios rectores, la igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la prioridad de los derechos humanos de las víctimas, el interés superior de los niños y adolescentes, la voluntariedad y participación de las víctimas, la confidencialidad, la integralidad de la atención, el respeto al proyecto de vida, la no revictimización, la gratuidad de las prestaciones de atención psicosocial, médica y defensa jurídica y la celeridad.

“Sin duda que la trata es un delito relacionado con el crimen organizado, por lo tanto, hay una acción de todo lo que es la persecución al delito y la justicia. En tal sentido, se crea un sistema de denuncia de trata y explotación sexual, y las personas pueden denunciar en forma voluntaria y acceder a la categoría de testigo protegido ante el Estado. En esa línea, se requiere que las personas puedan tener un proceso de reinserción social y, entonces, allí, se les dan competencias y obligaciones en el área de la salud, la vivienda, en cuanto al apoyo jurídico y la atención familiar, social y comunitaria”, enfatizó la entrevistada.