El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que la iniciativa del Gobierno apunta a atender problemas estructurales de empleo profundizados durante la pandemia y a promover la reactivación. Las dificultades en el empleo juvenil provienen de décadas pasadas y, entre los mayores de 45 años, son particularmente agudas, por eso, estas normas implican vocación de continuidad para revertirlas, según agregó.

Acompañado por el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, la directora general de Trabajo, Valentina Arlegui, y el director nacional de Empleo, Daniel Pérez, Mieres presentó este jueves 6 las principales innovaciones del proyecto de ley de promoción del empleo para sectores socialmente vulnerables, anunciado el 1.° de mayo de 2021.

La iniciativa pretende modificar la normativa vigente de promoción del empleo e identificar con mayor precisión a los beneficiarios de estas políticas que suponen, de parte del Estado, otorgar beneficios a los empleadores que contraten trabajadores de colectivos sociales más afectados por la situación de empleo, explicó Mieres.

Agregó que la nueva modalidad planteada intenta impactar en forma positiva en los desafíos actuales del empleo como motor principal el crecimiento de la economía y el aumento de la inversión. “Esto es lo que se llama políticas activas de empleo. Queremos que estén mejor focalizadas y sean más usadas que hasta ahora, pero no pretenden ser la solución (definitiva) al tema del desempleo”, indicó.

Mieres manifestó que las poblaciones beneficiarias contratadas por los empleadores son los jóvenes, las personas mayores de 45 años y las personas con discapacidad, pero, de esos tres colectivos, hay una cláusula diferencial de beneficio mayor para el caso de trabajadoras mujeres.

El proyecto enuncia que el subsidio será efectuado por 12 meses e imputado como crédito de obligaciones del Banco de Previsión Social (BPS). Los montos otorgados serán proporcionales a la carga horaria contratada y los beneficiarios no podrán exceder el 20% de la plantilla laboral de cada empresa por cada grupo social beneficiario.

Además, las empresas no deberán mantener deudas con el BPS, el Ministerio de Trabajo o la Dirección General Impositiva (DGI). Tampoco deberán haber despedido o enviado al seguro de paro, en los 90 días previos ni durante la duración del subsidio, a trabajadores de la misma categoría laboral a los que se contratarán y no podrán contratar a parientes cercanos.

Asimismo, el ministro indicó que se mantienen las modalidades vigentes de subsidio para empleo juvenil, con algunas modificaciones que intentan promover la contratación. Esos cambios se implementan tras constatarse la baja utilización de la ley de empleo juvenil en seis años de vigencia, período en el que fueron beneficiados unos 8.000 jóvenes, explicó.

El monto máximo del subsidio será de $ 9.000, por hasta 12 meses de contratación de jóvenes desempleados de entre 15 y 29 años “en situación de desempleo continuo superior a 12 meses o discontinuo superior a 15 meses en 24 meses considerados”, detalla el proyecto. También contempla a jóvenes de 15 a 29 años en situación de desempleo que pertenezcan a hogares que reciban ingresos menores a los definidos como línea de pobreza por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para las personas mayores de 45 años en situación de desempleo continuo por más de 12 meses o discontinuo de 15 meses en 24 meses, el subsidio temporal implicará un monto de $ 7.000 mensuales. En caso de mujeres, se elevará a $ 8.000 y si tuviera personas a cargo aumentará a $ 9.000, para un plazo de 12 meses.

La iniciativa también innova en el grupo de las personas mayores de 45 años en situación de desempleo que integren hogares cuyos ingresos no superen la línea de pobreza establecida por el INE. El monto del subsidio podrá alcanzar hasta 80% de la retribución del trabajador con un monto máximo que no podrá superar el 80% de dos salarios mínimos nacionales. El mismo modelo se aplicará para la promoción de empleo para personas con discapacidad.

El presupuesto previsto para el financiamiento de estos programas será de hasta 16 millones de dólares por año, la mitad aportada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el restante por Rentas Generales.