En la conmemoración, desarrollada este miércoles 25 en el salón de actos de la Torre Ejecutiva, participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y autoridades ministeriales.

La mesa de apertura estuvo a cargo del ministro del Interior, Jorge Larrañaga; la ministra de Economía, Azucena Arbeleche; y el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz. También participaron, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle; el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero.

En el acto, que conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, sucedido el 25 de noviembre de 1981, Bottero expresó que es un día de duelo y de recordar a las mujeres que perdieron sus vidas por su condición de mujeres y de quienes sufren día a día.

Destacó especialmente, “por lo simbólico pero también por lo literal”, la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, con quien, según relató, cada 25 de noviembre viste de negro para pedir por las mujeres que sufren situaciones de violencia.

Esta conmemoración recuerda también a las cerca de 25 mujeres que mueren cada año en Uruguay, a manos de su pareja o expareja, recordó. Añadió que la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones confirma la violencia física, psicológica, patrimonial o en espacios públicos sufrida por las mujeres. Esto, a su vez, hace que al menos una de cada cinco de ellas intente su autoeliminación, mientras que una de cada cuatro requiera internación y una de cada tres deba recurrir a medicación y atención médica. Además, el número de niños que viven en hogares en los que se ejerció violencia en el último año asciende a 225.000.

Bottero dijo que se recorrió un importante proceso, desde el año 2002, a partir de la aprobación de la ley 17.814, de violencia doméstica, y de la ley 19.580, en 2017. El marco jurídico vigente ofrece herramientas al Estado y solicita acciones concretas al sistema de salud, a la Justicia, al Ministerio del Interior y al de Desarrollo Social, entre otros actores, detalló.

Jorge Larrañaga enfatizó que el Ministerio del Interior jerarquizó la atención de esta problemática, al crear la Dirección General de Política de Género y determinar el incremento, de 1.200 a 1.700 tobilleras electrónicas, para mejorar los controles y la protección a las víctimas de violencia.

El ministerio invierte 23 millones de dólares anuales en políticas de género, y esto incluye la labor de más de 1.000 funcionarios que trabajan en el área en todo el país. "Es esencial que, desde las políticas educativas se lleve adelante la responsabilidad solidaria de la sociedad entera para enfrentar el flagelo (de la violencia doméstica)", manifestó.