El Ministerio del Interior, la Universidad de la República y la organización civil Nada Crece a la Sombra firmaron un convenio para implementar el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en Cárceles, en un acto desarrollado el lunes 13 en la secretaría de Estado, en el que participó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. El acuerdo incluye la realización de estudios y atención médica.

“La salud de las mujeres privadas de libertad forma parte de una realidad que tenemos que enfrentar y que mucho nos duele. Nos gusta que nos incomoden porque nos gusta trabajar y dar la cara”, apuntó el ministro Larrañaga en la presentación del proyecto. Remarcó el compromiso de la administración en alcanzar a todas las personas privadas de libertad antes de fin de año y adelantó que el próximo paso es la atención a la salud mental y las adicciones.

“Lo que pasa dentro de las cárceles replica en la sociedad y tenemos que ser responsables para enfrentar esta situación”, remarcó el jerarca.

Por su parte, la representante de Nada Crece a la Sombra, Denisse Legrand, precisó que el 80% de las 680 mujeres privadas de libertad no cuenta con el estudio de Papanicoláu de rutina y que el 92% de las internas mayores de 50 años de Montevideo carece de una mamografía al día.

Acotó que el estudio desarrollado entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 en las 17 unidades penitenciarias indicó que la salud mental es el principal problema de las mujeres privadas de libertad, el 80% del total consume sustancias de forma problemática, una de cada tres pensó en suicidarse y una de cada cuatro lo intentó.

En la oportunidad, manifestó que la situación de cárcel es una deuda histórica de todos los Gobiernos y también es un compromiso sacarlas adelante, porque el sistema carcelario es un problema de seguridad social. Subrayó que espera el impacto del Plan de Dignidad Carcelaria en la rehabilitación de los reclusos.

Legrand concluyó: “Precisamos políticas de Estado para cambiar esta realidad; este acuerdo intenta cambiar la salud reproductiva de las mujeres privadas de libertad con una inversión de 1.000 pesos por cada una de ellas”.