Los 20 barcos en desuso ubicados en la bahía del Puerto de Montevideo serán desguazados a partir de enero, en una operativa que insumirá 540 días a cargo de tres empresas que ganaron el proceso licitatorio, anunció el titular de la Administración de Puertos, Alberto Díaz. Se trabajará con un plan de desguace aprobado por Prefectura que incluye cuidados ambientales.

La Administración Nacional de Puertos (ANP) suscribió un contrato con las empresas Movilex Recycling Uruguay SRL, Movilex Recycling Latam S.A y Movilex Recycling España SL, quienes se encargarán del retiro y desguace de 20 embarcaciones y restos de barcos ubicados en la bahía del Puerto de Montevideo.

Las empresas mencionadas fueron las adjudicatarias de la Licitación Pública n.° 21.775 creada con el fin de limpiar la zona denominada “cementerio de barcos”. La operativa se estaría iniciando a comienzos del próximo año y se desarrollará durante 540 días corridos, informó el titular de la ANP, Alberto Díaz.

Explicó que todas las embarcaciones para desguazar se ubican en la bahía interna del puerto, en una zona llamada anteriormente antepuerto y la propuesta presentada en conjunto por las empresas fue de 150 mil dólares por barco. El trabajo se desarrollará en la zona de Punta de Sayago y para comenzar se deberá tener en cuenta que algunos barcos están a flote pero otros hay que reflotarlos y alivianarlos para que ingresen con el calado adecuado.

Díaz destacó que se trata de una actividad que no debe hacerse de cualquier manera por los riesgos medioambientales que conlleva, en ese sentido, dijo que se cuenta con un plan de desguace aprobado por Prefectura y otro de tratamiento de vertidos a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

El barco promedio tiene unos 50 metros de eslora y otros 5 metros de calado en condiciones de carga; y permanecen en esa zona desde hace más de 10 años aunque no necesariamente todos a favor del Estado, explicó. El acta de entrega de los barcos se firmará entre el 7 y el 14 de enero, a partir de allí  las empresas podrán iniciar las tareas previstas y contarán con la titularidad de la chatarra que generen para ser exportada o tratarla en el país.