El derribo de un avión por sospechas de que se esté perpetrando un delito “es absolutamente desproporcionado” porque, entre otras cosas, “en Uruguay no hay pena de muerte”, señaló el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi. Ejecutar una acción de ese tipo requiere una base sustantiva sobre el bien jurídico a proteger, por ejemplo, la vida de las personas o una infraestructura estratégica, advirtió.

Bayardi se presentó ante el Parlamento para explicar el control del espacio aéreo uruguayo, sobre el cual sostuvo que cuenta con capacidad de respuesta y potestad legal para interceptar aviones e intimarlos a descender o acompañarlos hacia la frontera, con el correspondiente aviso a los países vecinos.

“Si hay una aeronave sospechosa volando sobre el espacio aéreo de Uruguay sería loable esperar que las autoridades de la aeronavegación de la región informarán para estar en alerta”, añadió el titular de la cartera de Defensa Nacional, quien compareció el jueves 8 ante la Comisión de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Representantes.

Pero el derribo por sospechas de que esté ejecutando un delito “es absolutamente desproporcionado”, enfatizó. “En Uruguay no hay pena de muerte, entre otras cosas”, advirtió y, además, ejecutar una acción de ese tipo requiere una base sustantiva sobre el bien jurídico a proteger, por ejemplo, la vida de las personas o una infraestructura estratégica.

Bayardi explicó que la ruta del crimen organizado comienza en los países productores de drogas y finaliza en aquellos donde ha demanda de esas sustancias, por lo cual la cooperación internacional y la coordinación en materia de inteligencia es la clave fundamental para detener el tráfico ilícito.

Recordó que países con presupuestos muy superiores al de Uruguay también tienen problemas con el narcotráfico e informó, además, del próximo envío al Parlamento de un plan nacional de combate a ese flagelo y al crimen transfronterizo.

Por su parte, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, insistió ante la misma comisión legislativa que Uruguay instaló en los últimos años una normativa dedicada al combate del lavado de activos y a favor de la transparencia fiscal que aplica los estándares internacionales.

También anunció la pronta instalación de un escáner en el puerto de Montevideo, con una inversión de tres millones de dólares provenientes de decomisos de drogas, así como una nueva base de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia de Prefectura Naval, con una inversión de 1,5 millones. Por otra parte, la Dirección Nacional de Aduanas mejorará los controles en el análisis de riesgo en aeropuertos.