El texto del proyecto de Rendición de Cuentas presentado el sábado 30 de junio al Parlamento indica que, para habilitar una custodia personal, se deberá contar con el consentimiento expreso de la víctima o en su caso el denunciante que se encuentren dentro de un programa de protección del sistema referido.

Añade que la permanencia del beneficiario en el sistema de protección estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que supone esa medida y, en caso de incumplimiento, esta cesará en forma inmediata, lo cual será comunicado al juez competente.

La disposición propuesta estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días y entrará en vigencia a partir de la promulgación de la Rendición de Cuentas.

A su vez, se crea la Dirección Nacional de Investigaciones, Programa 460, Prevención y Represión del Delito, la que comprenderá a la Dirección General de Información e Inteligencia, a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y a la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

La unidad ejecutora tendrá jurisdicción nacional y dependerá directamente del director de la Policía Nacional.

El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Interior, establecerá los montos de los créditos presupuestales necesarios para gastos de funcionamiento e inversiones, los que se transferirán desde la Secretaría del Ministerio.