En el proyecto de Rendición de Cuentas entregado este miércoles al Parlamento Nacional, el Gobierno dispuso destinar 50 millones de dólares por año para el programa Primera Infancia, mediante asistencia económica a familias, salud y educación. Además, prevé la creación de un fideicomiso que se nutrirá de las tasas afectadas a la compra de predios del Instituto de Colonización, por valores de entre 15 y 20 millones de dólares, que se destinarán a programas de vivienda.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, recibió la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal 2020 de parte del equipo económico encabezado por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
Arbeleche dijo que el Gobierno continúa en el rumbo trazado en el Presupuesto Nacional, a lo cual se agregan los gastos del Fondo Coronavirus previstos para 2021. El Presupuesto Nacional innova con la incorporación de dos programas vinculados a políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, como la niñez de 0 a 3 años y la población que habita en viviendas precarias.
El programa Primera Infancia dispondrá de unos 50 millones de dólares para su ejecución, que incluye transferencias monetarias para la asistencia a embarazadas; acompañamiento de padres que se hagan cargo de los primeros meses de vida de sus hijos; y el refuerzo de la asistencia a niños por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Además, se hará foco en la concurrencia a los centros educativos.
En referencia a la regularización de asentamientos, expresó la preocupación del Gobierno en la materia, porque hay más de 600 en todo el país. En ese sentido, explicó que algunos artículos de la Rendición de Cuentas ofrecen mayores recursos para un programa diseñado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).
Asimismo, el proyecto prevé la creación de un fideicomiso que se nutrirá con las dos tasas afectadas en la actualidad a la compra de predios por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). Por este concepto, el Estado recauda por año entre 15 y 20 millones de dólares, precisó Arbeleche. Añadió que el objetivo es, con ese flujo de recaudación, emitir títulos para financiar el programa y duplicar los fondos destinados a relocalizar asentamientos. Desde el inicio de la actual administración, la directiva para el INC es no adquirir más tierras, ya que cuenta con 600.000 hectáreas, de las cuales más de 300.000 son de su propiedad.
Asimismo, expresó que el proyecto de Rendición de Cuentas no considera el aumento de ningún impuesto, y recordó que el artículo 4 del Presupuesto Nacional aprobado en 2020 contempla una recuperación salarial para los funcionarios públicos, a partir del 1 de enero de 2022.
Sobre las acciones ejecutadas, Arbeleche recordó que a pocos días de asumir el actual Gobierno, el 1.° de marzo de 2020, se registraron los primeros casos de COVID-19 en Uruguay, por lo tanto, una parte importante de la Rendición de Cuentas está vinculada con gastos dispuestos para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas. Además, el Parlamento aprobó la creación del Fondo COVID-19, que permitió gestionar los gastos relacionados con la pandemia mediante ese instrumento, puntualizó.
El equipo económico presentó las políticas sociales desarrolladas en 2020 con foco en lo social, el mantenimiento del empleo y en acompañar a los trabajadores. También se incentivó mediante políticas específicas a las pequeñas y medianas empresas, a través de exoneraciones tributarias y de seguridad social y facilidades de crédito, además de impulsar la inversión.
La ministra indicó que en 2020 el Gobierno logró ahorros en los gastos no relacionados con el COVID-19, lo que permitió apoyar a los sectores más necesitados en un contexto de no aumento de impuestos. A pesar de la débil situación fiscal inicial, de la situación de COVID-19 y del no aumento de impuestos, el año pasado se lograron cumplir todos los objetivos fiscales trazados, después de mucho tiempo, destacó.
Todos los recursos adicionales de la Rendición de Cuentas serán dirigidos a los programas que protegen a los niños de 0 a 3 años, informaron este martes 9 los responsables de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Desarrollo Social, Martín Lema, en conferencia de prensa. Además, el apoyo sanitario, social y económico administrado a través del Fondo Coronavirus ascenderá a 980 millones de dólares este año.
En el Consejo de Ministros de la jornada, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, los secretarios de Estado repasaron el Presupuesto Nacional aprobado para todo el período y evaluaron el resultado fiscal del año anterior. Fueron añadidos el Fondo Coronavirus y un programa de apoyo a la primera infancia, explicó Arbeleche, en la conferencia de prensa que se desarrolló en la Torre Ejecutiva.
La ministra aseveró que se cumplieron todos los compromisos que el Gobierno se propuso en materia fiscal para 2020. Los ahorros estructurales logrados ese año permitieron el financiamiento de los apoyos para atravesar la pandemia, indicó. Sobre este punto, señaló como vigentes los objetivos que fueron planteados en el Presupuesto.
En cuanto al Fondo Coronavirus, anunció que este año llegará a 980 millones de dólares y, sobre el programa de respaldo a los niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad, agregó que el Gobierno destinará 50 millones de dólares, a partir de 2022.
Por su parte, el ministro Lema sostuvo que se analizan de forma coordinada entre las instituciones los programas dedicados a la primera infancia. Mencionó como ejemplo los 455 centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), que atienden a 62.000 niños, o el programa de la teleasistencia que gestiona Uruguay Crece Contigo.
Además, recordó que, desde mayo, a las asignaciones familiares que se abonan por el Plan de Equidad se les agrega un complemento que se mantendrá en julio. Accederán a esta medida unos 196.000 hogares, que representan a 820.000 personas, de las cuales 377.000 son menores de edad. Además, a esas asignaciones se les agregará 2.500 pesos desde setiembre hasta diciembre
Sobre las canastas de emergencia, Lema indicó que en 2020 se abonaban 1.200 pesos, en 2021 ese valor fue duplicado, y se mantendrá así en julio. Esta iniciativa beneficia a 320.000 personas.
El ministro agregó que el Gobierno trabaja sobre herramientas que permitan la focalización de las transferencias, a los efectos de promover un mayor seguimiento y, con ello, un incremento de la optimización de recursos.
El texto del proyecto de Rendición de Cuentas presentado el sábado 30 de junio al Parlamento indica que, para habilitar una custodia personal, se deberá contar con el consentimiento expreso de la víctima o en su caso el denunciante que se encuentren dentro de un programa de protección del sistema referido.
Añade que la permanencia del beneficiario en el sistema de protección estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones que supone esa medida y, en caso de incumplimiento, esta cesará en forma inmediata, lo cual será comunicado al juez competente.
La disposición propuesta estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días y entrará en vigencia a partir de la promulgación de la Rendición de Cuentas.
A su vez, se crea la Dirección Nacional de Investigaciones, Programa 460, Prevención y Represión del Delito, la que comprenderá a la Dirección General de Información e Inteligencia, a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y a la Dirección Nacional de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.
La unidad ejecutora tendrá jurisdicción nacional y dependerá directamente del director de la Policía Nacional.
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Interior, establecerá los montos de los créditos presupuestales necesarios para gastos de funcionamiento e inversiones, los que se transferirán desde la Secretaría del Ministerio.
La Rendición de Cuentas asigna una partida de 45 millones de pesos para contratar a 120 becarios en el Ministerio del Interior y otra de 35,5 millones para financiar la compensación de 200 nuevos funcionarios del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Por otra parte, destina 220 millones de pesos al pago de la compensación por nocturnidad de los policías.
El proyecto de Rendición de Cuentas y Balance Presupuestal ejercicio 2017, que el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento el sábado 30 de junio, incrementa en 45 millones de pesos la partida dispuesta con destino a becas, para financiar la contratación de hasta 120 becarios que desempeñarán funciones en el Ministerio del Interior.
A su vez, incrementa la partida que tiene como destino al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) en 35,5 millones de pesos, de manera de financiar la compensación de hasta 200 funcionarios del subescalafón ejecutivo que se afecte al programa.
El articulado asigna una partida de 220 millones de pesos para el pago de la compensación por nocturnidad a funcionarios de los escalafones L, personal policial, y S, personal penitenciario, en las condiciones que establezca la reglamentación.
También transforma 40 funciones contratadas de Guardia Republicana en 40 cargos dentro de la unidad.
Asimismo, determina que el ingreso a la Policía Nacional se producirá cuando el alumno del Instituto de Formación y Capacitación de la Escala Básica o de las Escuelas de Policía Departamentales, cuando adquiera dicha calidad durante el proceso de formación, egrese, previa aprobación del correspondiente curso, con el grado de agente, bombero o guardia del subescalafón ejecutivo.
La segunda forma es en un cargo vacante de ingreso de los subescalafones administrativo o especializado, mediante concurso, y, en tercer lugar, en un cargo vacante de ingreso del subescalafón técnico profesional, también mediante concurso.
Además, indica que el personal de los subescalafones administrativo y especializado deberá tener aprobado el bachillerato completo para estar en condiciones de concursar para el ascenso al grado de oficial ayudante del respectivo subescalafón.
El encuentro en la Torre Ejecutiva de dos horas de duración entre el gobierno de Tabaré Vázquez y una delegación de la central sindical PIT-CNT se dividió en dos momentos. El primero fue la presentación de los lineamientos generales y algunos criterios básicos del proyecto de Rendición de Cuentas, más bien enfocada a aspectos cualitativos, explicó tras la reunión el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.
Los detalles del proyecto de ley de Rendición de Cuentas y los números les serán presentados en una nueva instancia en fecha por definir, luego de que se haya informado a los legisladores del Frente Amplio, lo cual se concretará el próximo jueves 7 en lugar y horario por confirmar.
En ese contexto, Astori reiteró que el Gobierno no comparte la posibilidad de aumentar la carga tributaria de la población ni de la producción, es decir de quienes invierten y generan puestos de trabajo. Entiende que es contradictorio con lo que necesita el país.
Por otra parte, el encuentro fue propicio para repasar con los representantes de los trabajadores las medidas dispuestas para promover el empleo, aspecto en el cual el Gobierno está empeñado y que abarcan a diferentes instituciones e incluyen distintos instrumentos que fueron explicados por los ministros Ernesto Murro, de Trabajo, y Carolina Cosse, de Industria, quienes acompañaron a Astori en la conferencia de prensa.
Entre los comentarios realizados a la central sindical, Astori les informó sobre el escenario económico-financiero internacional y los riesgos que puede implicar para el país.
Indicó que en los países vecinos “las cosas están muy complicadas”. Añadió que, en el caso puntual de Argentina, a partir de un desorden fiscal importante, el país entró en un círculo vicioso de déficit y endeudamiento, con el correspondiente impacto sobre la población, el empleo y las condiciones de vida de la gente. “Es un ejemplo cercano de lo que no debe hacer Uruguay”, enfatizó.
“Tenemos que lograr que Uruguay evite entrar en ese círculo vicioso y mantenga el desequilibrio fiscal en una trayectoria descendente, compatible con una disminución de la relación de la deuda con el producto. Estamos recuperando niveles de crecimiento, y eso se lo planteamos al PIT-CNT”, pese al factor negativo de la sequía que atravesó el país y afectó los cultivos de verano, añadió.
Además de Astori, Cosse y Murro, en la reunión estuvieron presentes el ministro de Transporte, Víctor Rossi, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, así como el resto del equipo económico.
La delegación del PIT-CNT, por su parte, estuvo encabezada por su presidente, Fernando Pereira, el secretario general, Marcelo Abdala, y la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Elbia Pereira.
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