La Fiscalía decidió archivar la investigación administrativa ordenada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre Natalia Charquero, la última magistrada en actuar en el caso de los audios de Carlos Moreira.

La fiscal de Carmelo militó por el Partido Nacional en el pasado y formó parte de una comisión de diseño de políticas de seguridad en el comando de Luis Lacalle Pou durante la campaña de 2014, en la que también participó Moreira, lo que generó algunas dudas sobre su accionar en el caso.

Según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso, la Fiscalía no encontró elementos para culpar de un accionar fuera de lo ético a Charquero. La investigación reveló que durante la investigación se cumplieron los procesos tal cual están establecidos.

La investigación ordenada por Díaz sobre la fiscal Charquero acarreó una serie de críticas contra él, e incluso pedidos de destitución por parte de legisladores de Cabildo Abierto. El senador Guillermo Domenech y el diputado Eduardo Lust le pidieron a Luis Lacalle Pou que cese al fiscal de Corte, cosa que el presidente no hizo.

En julio, la Fiscalía Departamental de Carmelo, representada por las fiscales adscriptas Paola Nebot y Charquero, solicitó el archivo de la investigación sobre Moreira. La denuncia por los audios virales había sido investigada en primera instancia por la fiscal Eliana Travers, quien el 3 de febrero pidió el archivo de la causa.

Sin embargo, en junio, un juzgado de Colonia dispuso que otra fiscal analizara el caso a pedido de la defensa del resto de los involucrados en los audios, lo que devino en la intervención de Charquero y Nebot.

Fuente; Montevideo Portal

Un ciudadano brasilero y otro boliviano fueron formalizados por la Justicia uruguaya en el marco de una operación antidrogas que se viene desarrollando desde principios de 2019.

En el día de ayer 15 de enero, se llevó adelante la audiencia de formalización de los ciudadanos extranjeros que eran investigados por la Fiscalía de Estupefacientes de primer turno bajo la órbita del Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 4° turno, por la avioneta que fue encontrada por la Policía -en el pasado mes de setiembre- abandonada en un camino del departamento de Paysandú.

Antecedentes
Como recordamos, la Operación “Apia” se desarrolló durante unos 6 meses y en el pasado mes de octubre se realizaron 6 allanamientos en los barrios de Pocitos y Carrasco de la ciudad de Montevideo donde la Policía Antidrogas se incautó de casi 400 kilos de cocaína, además de dinero y celulares. 

Asimismo, días más tarde fue capturado en el departamento de Colonia un hombre que formaba parte de la organización que pretendía comercializar el cargamento de las sustancias incautadas. Fue en un operativo sobre la ruta 22 de ese departamento, cuando éste intentaba fugarse hacia la Argentina. 

Por su parte, la operación continuó durante este tiempo, donde se realizaron diferentes tareas de investigacionespara determinar la implicancia de estos ciudadanos extranjeros (los ahora formalizados) con el traslado de esa droga a nuestro país. En esa oportunidad, los mismos habían sido imputados únicamente por delitos aeronáuticos por no haber pruebas suficientes en ese momento que permitieran relacionarlos con el narcotráfico.

Resultados
Finalmente, la investigación llevada adelante por oficiales analistas de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en colaboración con la Fuerza Aérea Uruguaya, echaron luz sobre el caso. Las trazas del GPS de la avioneta en cuestión, permitieron conocer los lugares por donde sobrevoló el aeroplano, entre otras pruebas que se obtuvieron, y permitieron vincularlos a la actividad delictiva.

Así fue también que se estableció que desde esa avioneta descendió el cargamento de casi 400 kg de cocaína que fue posteriormente incautado en una casa ubicada en las cumbres de Carrasco, en el marco de la misma operación Apia.

Fueron formalizados con prisión 6 personas, en total.

En tanto, el ciudadano brasilero y el boliviano fueron formalizados en las últimas horas con 120 días de prisión preventiva por la presunta comisión de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de importación, ambos en calidad de autor.

Los funcionarios formalizados por la Justicia tras una investigación por la operación fraudulenta de balanzas para el control de la carga de camiones en las rutas nacionales fueron sumariados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además, todo el sistema de balanzas será investigado y la oficina encargada de su gestión fue intervenida por dos funcionarios de confianza del titular de la cartera, Víctor Rossi.

En conferencia de prensa, el ministro Rossi informó este jueves 27 acerca de la investigación administrativa que se lleva a cabo en torno a todos los mecanismos de pesaje que dependen de la Dirección Nacional de Transporte.

“Hay controles y nos sentíamos muy orgullosos del desarrollo tecnológico que había tenido todo el sistema, pero acá, claramente, no falló el sistema, sino el ser humano”, lamentó. “Esperamos avanzar y tener un mayor conocimiento de la situación y su alcance, para poder ofrecer las garantías que la población merece”, prosiguió.

Consultado sobre si hubo una organización previa por parte de empresas y si existe la posibilidad de que el Gobierno actúe en consecuencia, Rossi aseguró que hubo una intención de organizarse para defraudar y que se actuará con mucha severidad respecto de lo que se conoce y se procurará establecer si el alcance es mayor.

Asimismo, el jerarca  prefirió no abundar en el número y los nombres de funcionarios involucrados ni en cifras económicas hasta que el presidente de la República confirme la resolución final sobre el tema. “No nos corresponde dar los nombres en esta instancia”, insistió.

Ángel Moreira, conocido como el Cachila, había sido indagado ya en el comienzo del caso, y fue convocado en los últimos días luego de que la causa, tras un cambio de fiscal, recibiera un nuevo impulso.

El fiscal del caso, Eduardo Vaz, señaló en el dictamen de procesamiento que Cachila da "detalles del lugar y de cómo" sucedieron los hechos "que solo una persona que los presenció puede saberlos".

Por ello, su hipótesis es que estuvo presente durante el crimen, ocurrido el 28 de diciembre de 2014 en la costa rochense, y que por fuerza tiene que saber la identidad del homicida.

Sin embargo, para la abogada de este hombre, Yesica Biquez, hay "muchos cabos sueltos" para que se procese a su defendido. La profesional manifestó que Cachila niega haber estado en el momento en el que Chomnalez murió.

Luego de que en esta jornada declararan dos hombres por el asesinato de Lola Chomnalez y uno de ellos, apodado El Cachila, de 33 años, fuera señalado como el presunto coautor del hecho, se dio un avance en la investigación que podría llegar a conducir al esclarecimiento.

En este sentido, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, felicitó a su colega Jorge Vaz, a la Policía y a la familia de la víctima, incluidos sus abogados, por llegar a este avance, que permitió establecer, al menos, la responsabilidad de una persona en la muerte de la adolescente argentina en Valizas.

A su vez, dado el tiempo transcurrido entre el delito y el esclarecimiento de parte de los hechos, Díaz comparó este caso con el de Alejandro Novo, resuelto días atrás luego de casi 10 años de investigaciones.

"Las víctimas (sus familias) pueden cuestionar el trabajo, pero lo importante y lo que contribuye es el trabajo en conjunto. Fiscales que tengan compromiso y empatía con la víctima, que es ponerse en el lugar del otro", continuó.

"Institucionalmente, hoy es un buen día", expresó.

A su vez, Díaz dijo que, en este caso, falta el "hilo final", que sería saber quién fue el autor material del hecho. Sin embargo, haber establecido la participación de El Cachila en el asesinato podría derivar en mayores averiguaciones.

"Vamos a seguir trabajando, esto no puede terminar acá porque hemos asumido un compromiso como institución, como fiscales, y además como país", agregó.