“Luis Lacalle Pou firmó el reglamento de la ley sobre la protección del espacio aéreo, conocida como ley de derribo”, anunció el ministro de Defensa Nacional, Javier García, tras el acuerdo ministerial. Añadió que la finalidad es disuadir, comunicar la protección del espacio aéreo uruguayo, y que no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado. La decisión final del derribo, la toma el presidente de la República.

Tras la reunión con el mandatario, este viernes 4 en Torre Ejecutiva, García precisó que la normativa es un mecanismo de acción concreto que reglamenta la disposición establecida en la ley de urgente consideración (LUC).

La disposición determina las condiciones de irregularidad de una aeronave y las doce circunstancias que pueden identificarse de ese modo dentro del espacio aéreo, indicó. Detalló que las acciones incluyen disuasión, comunicación, identificación y acompañamiento, así como a la neutralización del vuelo hostil, como paso final.

“Lo que pretende es que se sepa que nuestro espacio aéreo está protegido, que no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado, que elige rutas uruguayas porque hay leyes de derribos en los países de la región. Ahora acá también existe un protocolo de acción para la Fuerza Aérea”, indicó.

No obstante, García recordó que la decisión final para el derribo de la aeronave es potestad del presidente de la República, en conjunto con el ministro de Defensa. “Cuando existe un avión que se identifica, se lo ubica y no responde las comunicaciones, va un avión de la Fuerza Aérea para pedirle que descienda y este avión busca maniobras graves y hostiles o que pongan en riesgo a personal, equipamiento o instalaciones, en ese momento, se dispara el mecanismo en la última fase”, explicó.

Presupuesto

“Estoy muy conforme, porque es un presupuesto que tiene características relevantes. Es la primera vez en el año que se comienza a recuperar salarialmente en los grados más bajos del personal subalterno”, indicó García.

El ministro subrayó que el aumento para los efectivos es de entre 12 y 16%, si se suma la partida entre soldado y sargento. Además, valoró que el presupuesto incluye en la recuperación desde 2022 para los primeros grados del personal oficial. “Se empezó hacer justicia social entre los soldados, que son los servidores públicos más postergados”, dijo.

La vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió el proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal 2020-2024 por parte de la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, en una breve ceremonia que se realizó este lunes 31 en el Palacio Legislativo.

De conformidad con lo previsto por el artículo 214 y concordantes de la Constitución de la República, Arbeleche y el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, entregaron el documento.

El acto, realizado en la sede del Poder Legislativo, incluyó la presencia del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie; el responsable de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Hernán Bonilla; el coordinador de Finanzas Públicas del MEF, Fernando Blanco, y la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, entre otros.

El 26 de agosto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, enfatizó en conferencia de prensa que la generación de empleo, la recuperación de la educación de calidad, una vivienda decente para los compatriotas que residen en asentamientos, infraestructura, oportunidades para el acceso a la vivienda para la clase media, recursos a la salud, en especial, la salud mental, y tratamientos para la adicción son algunas de las áreas destacadas.

“Es un presupuesto realista y optimista”, sintetizó. En la oportunidad, añadió que “los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva” y que el centro de esta ley son los uruguayos y el desarrollo de su vida en el país. “El presupuesto nacional es parte de la economía, pero hay toda una economía que no pasa por el presupuesto, como la generación de empleo, las inversiones o el comercio exterior”, dijo.

Anteriormente, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva, presentó el proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. Junto a Silva, estuvieron la secretaria general del Consejo Directivo Central (Codicen), Virginia Cáceres, la directora sectorial de Planificación Educativa de esa dependencia, Adriana Aristimuño, y el asesor del consejo, Héctor Bouzón.

El presidente Tabaré Vázquez recibió a una delegación de productores de leche, quienes solicitaron el inicio de las actividades del fondo de garantías para el sector, la rebaja en el costo de la electricidad, la devolución de 39 millones de dólares por ventas a Venezuela no cobradas, la devolución de impuestos al sector y de IVA a los pequeños productores. El Poder Ejecutivo estudiará los planteos.

La reunión se realizó este martes 16 en la oficina de Suárez y Reyes y fue encabezada por el presidente Tabaré Vázquez, acompañado por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.

El sector lácteo estuvo representado por el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Wilson Cabrera, y el presidente de la Intergremial de Productores de Leche, Fernando Valverde. También concurrieron el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, Horacio Rodríguez; el presidente de la Asociación de Productores de Villa Rodríguez, Guillermo Berti; el presidente de la Asociación de Tamberos de Canelones, Luis Clavijo, y Mauro Curbelo, integrante de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón.

El primer punto que presentaron los delegados fue el inicio de la ejecución del fondo de garantías reglamentado por el Poder Ejecutivo, que permitirá el reperfilamiento de las deudas de 2.800 tamberos. El segundo fue la rebaja de la tarifa eléctrica, medida que fue implementada a principios de año con la rebaja del 15 % y que benefició a 3.600 productores.

En tercer lugar, mencionaron los 39 millones de dólares de deuda por compras de Venezuela a Conaprole. Añadieron el mantenimiento de la pauta inflacionaria en el precio de la leche y una devolución de impuestos del 3 % al sector. Finalizaron con la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) a los pequeños productores.

Los productores agremiados reconocieron la decisión de implementar el fondo de garantías para deudas de los productores que se efectivizará este mes, tras la aprobación parlamentaria. Con esta medida serán destinados a los lecheros 36 millones de dólares, que también servirán para impulsar proyectos capaces de reducir las vulnerabilidades que se generan con los vaivenes de los precios internacionales y para asistir a los establecimientos de pequeña escala que remiten a plantas industriales.

El Poder Ejecutivo aprobó el decreto reglamentario de la ley n.º 19566, de diciembre de 2017, que moderniza el régimen de zonas francas, según anunció el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. La iniciativa posibilitará la creación de más polos de actividades en el interior y se adhiere a estándares internacionales. “Se busca potenciar actividades que generan miles de puestos de trabajo”, afirmó.

“Estos cambios tienen como objetivos centrales modernizar el régimen, potenciar y promocionar la radicación de actividades sustantivas en Uruguay y adherir a los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal”, explicó Ferreri, en una conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros de este lunes 24 en la Torre Ejecutiva.

El jerarca destacó que “los contratos de zonas francas que se otorgaban sin límite de tiempo ahora tendrán uno específico, que podrá ser ampliado en función del cumplimiento de los planes de negocios presentados en su momento”.

Manifestó que la ley permite nuevos tipos de zonas temáticas fuera del área metropolitana. Ejemplificó al mencionar que se podrá generar polos audiovisuales o de entretenimientos.

Agregó que, a partir de la referida modificación, “cada nuevo usuario que quiera operar deberá presentar un plan de negocios en la Dirección de Zonas Francas que establezca qué tipo de actividad genere y qué valor agregado deje al país. (Deberá) demostrar que tiene una actividad real a desarrollarse”.

Otro punto implica la posibilidad de realizar actividades auxiliares, en Montevideo, de las zonas francas ubicadas fuera del área metropolitana. Repasó que las empresas deberán informar a la Dirección General Impositiva (DGI) para realizar estas tareas e incluir más trabajadores en la zona en donde estén instaladas que en la capital del país. “Se pretende potenciar y preservar las fuentes de trabajo en el interior”, enfatizó.

Manifestó que “también se prohíbe la triangulación de servicios que no tengan sustancia en la zona franca. Por lo tanto, los de propiedad intelectual, que se podrán facturar desde la zona franca al mundo, tendrán que ser desarrollados dentro de esta. Ya no podrán recibir servicios realizados en el extranjero y simplemente refacturarlos sin generar valor agregado en el país", especificó.

Ley de zonas francas

El Poder Ejecutivo decidió sancionar por 30 días de arresto a rigor al comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por sus declaraciones contrarias a la reforma de la Caja Militar y su cuestionamiento al ministro de Trabajo Ernesto Murro, según informó Subrayado.

Manini Ríos había dicho que la reforma iba a golpear a los sectores más bajos de la fuerza, y que tenía la obligación de decirlo, por ser el "jefe" de los soldados. "Esta ley tal y como está aprobada afecta a toda la jerarquía, pero al que más le pega esta ley es al soldado y al sargento", había dicho el militar en diálogo con el programa "Todo pasa", de Océano FM.

El comandante en jefe había criticado también unas declaraciones del ministro Murro, quien había sostenido que la reforma iba a ser "generosa y gradual" y "beneficiosa" para los militares, ya que contempla la especificidad de los integrantes de las fuerzas y los años de servicio.

"Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarrara una calculadora y tomara los términos de la ley y la realidad de nuestros soldados, se va a dar cuenta de que lo que digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad" de su salario, había asegurado. 

La decisión de sancionar a Manini Ríos fue tomada este lunes en el Consejo de Ministros, luego de analizar las manifestaciones del militar, y el arresto le significará pasar 30 días en una unidad militar sin poder realizar servicios.