La Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) publicó este lunes el informe de las denuncias que recibió desde mayo de 2016 hasta diciembre de 2018. Hasta el 31 del último mes del año, la comisión había recibido 4.848 denuncias; de ese total, en 3635 se generaron expedientes, ya que en las demás "no había información suficiente" o estaban "fuera de las competencias" de la comisión.

Según estos datos, el principal motivo de denuncia son ataques y mordeduras a personas, animales de compañía (gatos y perros) y a animales de producción (ganado). Estas denuncias representaron el 45 % del total; es decir, 1641 denuncias.

El 22 % de las denuncias fueron realizadas por maltratos hacia perros, además de haber una "importante cantidad de denuncias" por perros sueltos (15 %). "Esto constituye una infracción a la tenencia responsable, que expone a los animales sueltos a riesgos de ser embestidos o atacados, expone a los transeúntes a sufrir accidentes, mordeduras, deterioro de la higiene de los espacios públicos y riesgo de zoonosis", detalló la comisión.

Cotryba subrayó que la falta de responsabilidad para "asumir la tenencia de mascotas" genera "muchos problemas a las propias mascotas y a la comunidad".

Debido a todas estas denuncias, la Cotryba envió 504 intimidaciones para que se cumpla con la tenencia responsable y 472 notificaciones.

En total se han abierto 976 expedientes, "lo que significa que cada cuatro denuncias se estableció una comunicación individualizada".

En el 2 % de esos expedientes (71) se generaron sanciones tras constatarse infracciones en la tenencia responsable y el bienestar animal. 

El Poder Ejecutivo aprobó un decreto que prohíbe la realización de carreras de perros en todo el territorio nacional. Para controlar el cumplimiento de la normativa, la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal actuará de oficio o en respuesta a denuncias de particulares. Asimismo, el Gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento para mejorar la legislación en la materia.

En defensa de una política de protección de la vida y el bienestar de los animales, así como de una tenencia responsable, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que prohíbe la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, en todo el país. Las organizaciones protectoras de animales impulsaron esta normativa, que hoy es tendencia mundial, y son pocos los países que permiten esta actividad.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto, el pasado 26 de diciembre, que prohíbe estas carreras en todo el territorio nacional. A los efectos del cumplimiento de la normativa, la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal actuará de oficio o ante una denuncia de particulares y procederá a confiscar los animales utilizados para las carreras, sin perjuicio de la imposición de las demás sanciones dispuestas en el artículo 22 de la ley n.º 18471, del 27 marzo de 2009.

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En defensa de una política de protección de la vida y el bienestar de los animales, así como de una tenencia responsable, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto de ley que prohíbe la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, en todo el país. Las organizaciones protectoras de animales impulsaron esta normativa, que hoy es tendencia mundial, y son pocos los países que permiten esta actividad.

La exposición de motivos del proyecto señala que las carreras de perros son una actividad que se desarrolla en el marco de la ilegalidad, provocan el sufrimiento de los animales y promueven las apuestas clandestinas, según fue denunciado en reiteradas oportunidades por distintas organizaciones protectoras de todo el país.

El texto también señala que los animales son sometidos a un entrenamiento feroz, que incluye la utilización de drogas y esteroides, y que terminan en el abandono o la muerte cuando los resultados en la competencia no son los esperados por sus tenedores.

Se agrega, además, que la Secretaría Nacional del Deporte determinó que las carreras de perros no son una práctica deportiva, ya que uno de los elementos que determinan que lo sean es que tenga como protagonista al ser humano, aunque sea como conductor de un animal, lo cual, en este caso, no se cumple.

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Los casos de leishmaniasis registrados en Uruguay se circunscriben a los departamentos de Artigas y Salto, aseguró el subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian. Tras su recorrida por la zona, el jerarca elogió las medidas desplegadas en el norte de Uruguay y llamó a ejercer una tenencia responsable, que incluye la colocación de un chip a los perros para evitar expandir la enfermedad y contagiar a humanos.

Quian llegó hasta la localidad de Chapicuy, en el departamento de Paysandú, y a la de Villa Constitución, en Salto, a fin de conocer el trabajo que se realiza para evitar la propagación de la leishmaniasis, una enfermedad que ataca a perros, los que pueden, a través de una mosquita transmisora, contagiar a humanos, con un alto nivel de letalidad que puede llegar al 90 % si no son tratados.

En caso de recibir tratamiento, que está sujeto a complicaciones, la mortalidad se reduce al 6 %. Los niños y las personas inmunosuprimidas son los que están en mayor peligro, añadió el jerarca, en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional.

Como parte de su visita el viernes 19, Quian concurrió, junto con integrantes de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), a Chapicuy, donde mantuvo una reunión con vecinos de la zona, autoridades y la Policía. El objetivo del encuentro fue transmitirles la satisfacción de la comisión y del ministerio con las acciones que en su momento tomaron, cuando encontraron un perro con leishmaniasis, proveniente de Salto. Quian entiende que allí se tomaron “las medidas perfectas”, el perro había sido castrado y tenía el chip puesto, lo cual permitió encontrar al dueño del animal.

Al haber un caso positivo, se estudió a los 220 perros de la zona y se pudo así detectar otros cinco, los que fueron sacrificados de inmediato, según lo que recomiendan el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, se buscó a la mosquita transmisora a través de 30 trampas, pero no se encontró el vector en esa pequeña localidad.

“Como los perros eran de Salto y no se encontró el vector, pensamos que aún no se extendió hacia el sur de país”, dijo.

Al respecto, Quian precisó que la leishmaniasis se propagó desde Colombia, pasó a Brasil y llegó hasta el estado meridional de Rio Grande do Sul, en especial en la frontera con Argentina, y la vigilancia en Uruguay ha permitido hasta ahora mantenerla en Bella Unión, en el departamento de Artigas, y en Salto.

“El objetivo principal de la campaña se está consiguiendo, que es que no haya casos en humanos”, enfatizó.

La visita a Villa Constitución se dio en el marco de la sesión de la directiva de la Cotryba, presidida por el subsecretario de Ganadería, Alberto Castelar, con la participación de la comisión local. Allí se instalaron dos camionetas de la Comisión de Zoonosis, que en la jornada castraron a más de 70 perros y colocaron chips a la mayoría de ellos. En la visita se constató que la población de la zona afectada está comprometida y accede a las medidas recomendadas.

De todas formas, Quian insistió en que a nivel nacional no se logró mejorar la tenencia responsable, lo que quedó también en evidencia en casos que nada tienen que ver con la leishmaniasis, pero sí con el compromiso de los dueños de los animales, dadas las situaciones ocurridas en estos días de mordidas de perros, incluso a sus propios dueños.

“Hay sobrepoblación de perros y hay personas que no ejercen una tenencia responsable”, indicó Quian. “Esperamos que a la brevedad la población comprenda la importancia de la misma, para que las personas no sean agredidas ni haya muerte de ganado por la acción irresponsable de los animales”, sostuvo.

“Cada vez que se intenta hacer algo nuevo y, pese a que el costo económico de colocar el chip es muy bajo, en principio, la población se resiste. O será que no sabemos explicar bien la importancia de la medida”, se cuestionó el subsecretario, quien insistió en que ese mecanismo es como la cédula de identidad del animal, importante incluso en caso de extravío. Aclaró que no es un invento uruguayo, sino que se utiliza en muchos de los países industrializados.

Gracias al chip que portaba el perro diagnosticado con leishmaniasis en Chapicuy, departamento de Paysandú, se logró identificar y ubicar a su dueño, dijo el subsecretario de Salud, Jorge Quian, tras resaltar la importancia de usar esta herramienta para controlar este tipo de zoonosis. También se registraron otros cuatro canes infectados, aunque no se encontró el mosquito vector en la zona, ni la enfermedad en humanos.

En la localidad Chapicuy de Paysandú, en la frontera con Salto, surgió un caso índice de un perro diagnosticado con leishmaniasis y se encontraron otros cuatro casos, en un total de 170 canes investigados. Los cinco animales habían cruzado la frontera departamental y estaban en Paysandú, donde fueron finalmente sacrificados.

Quian señaló que el perro índice (primer caso detectado) había sido castrado hacía un año y se le había colocado un chip, lo cual permitió encontrar a su dueño. No se registraron casos en humanos. Además, tampoco se encontró el vector en Paysandú. El jerarca negó que se estuviera extendiendo la enfermedad hacia el sur, en el litoral del río Uruguay, aunque parece una amenaza latente.

Recordó que los síntomas de la enfermedad en el animal comprenden decaimiento, ganglios inflamados y caída del pelo, entre otros, mientras que en humanos se registra fiebre prolongada y el aumento del tamaño del hígado y del bazo.

El subsecretario de Salud Pública reiteró la recomendación de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, sobre la colocación de chips en perros, y el trabajo de la Comisión de Zoonosis, para generar una cultura a favor de los animales.

Agregó que Uruguay tiene, además del riesgo de la leishmaniasis, dos problemas con la población canina. En primer lugar, se registran entre 2.000 y 3.000 mordeduras por año, algunas de las cuales son graves y hasta fatales, y, en segundo lugar, el ataque al ganado ovino por parte de perros.