“No no nos llama a sorpresa esto. Es parte de un proceso político de persecución antisindical, donde se trata de generar la alarma pública, la conmoción pública, para criminalizar a nuestra organización sindical, y se llega al absurdo de la resolución adoptada el día lunes, donde es inviable articular cualquier defensa porque no sabemos, entre otras cosas, de qué se nos imputa”, afirmó José Olivera de FENAPES.

“Esto se trató y se trata persecución política antisindical”, reiteró.

“La comisión (investigadora) partió desde el día uno de un prejuzgamiento. El resultado de esta resolución estaba escrita desde el día uno. Lo que trató de montar la comisión, por parte de algunos de sus integrantes, fue un escenario donde hacerse de pruebas que fundamentaran lo que ya habían definido que había existido”, indicó Olivera.

“Por lo tanto, nosotros estamos diciendo claramente que, cuando el Poder Judicial nos convoque, tengamos claro a qué se nos impute, sin lugar a dudas, por respeto a lo que es el Poder Judicial uruguayo, vamos a estar concurriendo”, afirmó el integrante de FENAPES.

Marcelo Domínguez, abogado de FENAPES, dijo en la conferencia que del análisis de las actas de la comisión no hay elementos objetivos para inferir o presumir una conducta con relevancia jurídico penal.