A partir de gestiones entre el Banco de Previsión Social (BPS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el pago de las pasividades de jubilados y pensionistas correspondientes al mes de marzo se adelanta: en lugar de comenzar el 6 de abril, iniciará el 29 de marzo. La medida beneficiará a 600.000 personas, informó el presidente del organismo, Hugo Odizzio, a Comunicación Presidencial.

El jerarca explicó que la medida responde a la necesidad de los jubilados y pensionistas de contar con sus haberes desde los primeros días del mes a fin de cubrir todas las necesidades de su vida cotidiana.

Para la concreción de la medida, se realizaron gestiones ante el MEF para el adelanto de los fondos necesarios para el pago, que, como reiteró Odizzio, se iniciará el 29 de marzo a los 600.000 jubilados y pensionistas del país.

Quienes cobran a través del sistema bancario accederán a sus haberes el sábado 27 de marzo, indicó, y agregó que los pagos finalizarán el 10 de abril.

El calendario fijado por el organismo establecía que el cobro de las pasividades se realizaría a partir del 6 de abril, luego de la Semana de Turismo.

Odizzio recordó que las fechas de los pagos correspondientes a febrero, que se abonan los primeros días de marzo, permanecen sin cambios. Comienzan el martes 2 de marzo para quienes cobran por el banco y a partir del jueves 4 en los locales de las redes de cobranza de todo el país.

Lograr un sistema justo entre generaciones, solidario y financieramente viable es el pilar de la reforma previsional que impulsará el Gobierno, manifestó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, durante una videoconferencia con autoridades y especialistas de la CAF-Banco de Desarrollo. Adelantó que este jueves 5 se realizará la primera reunión del grupo de expertos que diagnosticará al sistema en 90 días.

Arbeleche sostuvo que nuestro país cuenta con un sistema previsional con amplia cobertura, que ubica a Uruguay en lugares de privilegio en la comparación internacional. Señaló que, sin perder la protección social, hay que adecuar los beneficios y mejorar la sostenibilidad financiera. Para reformar el sistema, fue creada una comisión de expertos que esta semana comenzará sus labores.

Esta comisión, según adelantó la ministra, está compuesta por 15 miembros que representan a sectores sociales, laborales y políticos. Dedicará 90 días a diagnosticar al sistema y otros 90 días a presentar una propuesta de rediseño. Los elementos centrales de la propuesta deberán integrar principios como la justicia intergeneracional, la solidaridad para alcanzar una cobertura mínima, y viabilidad en el largo plazo, sintetizó.

Por otra parte, recordó que la informalidad en América Latina supera el 60 %, mientras que en Uruguay es del 25 %. Subrayó que el teletrabajo y las plataformas digitales de empleo son una oportunidad para el país, porque los cambios tecnológicos también implican mayor productividad. En ese marco, indicó que las nuevas formas de trabajo deben estar incorporadas en la reforma, al igual que la incorporación de trabajadores a la formalidad y la mejora de las respuestas a los cuentapropistas.

Arbeleche participó en el panel “Reformas recientes y futuras de pensiones y salud en la región”, al igual que el asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y exministro de Finanzas de Chile, Alberto Arenas de Mesa; el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya Hayes, y el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la ciudad de México, Carlos Noriega. La instancia fue moderada por el vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti.

Este panel fue precedido por los comentarios del investigador del Brookings Institution, Santiago Levy, y de la exjefa de la División de Mercados Laborales y Seguridad del Banco Interamericano de Desarrollo, Carmen Pagés. La presentación del informe fue iniciada por el presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza Uriarte, y por el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio. El reporte fue presentado por el economista de CAF, Fernando Álvarez.

Los expertos recordaron que, en América Latina, la informalidad, el envejecimiento y la pandemia de COVID-19 son desafíos importantes para la mejora en la cobertura de los sistemas de salud y pensiones, según el informe presentado en la jornada por la CAF-Banco de Desarrollo.

Informe de CAF-Banco de Desarrollo: Los sistemas de pensiones y salud en América Latina

Con la confirmación del incremento de las jubilaciones y pasividades, de 8,38 %, “por primera vez en la historia del Banco de Previsión Social (PBS) se registran 14 años continuos de aumento de las pasividades por encima de los precios”, subrayó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

El jerarca anunció que el aumento para las pasividades será de 8,38 %, con lo cual se ratifica que durante 14 años seguidos los salarios y pasividades se incrementaron por encima de los precios, “lo cual es una buena noticia para el país, que, además, debe reconfortar a todos los uruguayos”, sostuvo Murro. “Hay que seguir trabajando, mejorando y apostando al desarrollo del país productivo, consideró.

El jerarca entregó a los medios material que muestra el desarrollo anual de los incrementos en términos reales, es decir, descontando el efecto de los precios sobre las jubilaciones y pasividades. Entre 2005 y 2009, el poder adquisitivo de estos ingresos creció un 21,10 %, entre 2010 y 2014, un 21,68 %, y en el último período, aproximadamente un 10 %.

Para el ministro, esto también forma parte de la aplicación de la negociación colectiva y los Consejos de Salarios. El año pasado se realizó “la ronda de negociación colectiva más grande de la historia del país”, recordó. “Se hizo un gran esfuerzo, que permitió alcanzar la cifra de 198 Consejos de Salarios”, agregó.  “Felizmente se equivocaron quienes pronosticaron que íbamos a tener salarios, jubilaciones y pensiones  por debajo de los precios”, puntualizó.

Entre 2005 y 2017 en Uruguay, se incrementó en 25 % la cantidad de jubilaciones del Banco de Previsión Social (BPS) y su monto mínimo mensual creció en 257 %, según indica el informe elaborado para el proyecto de ley de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento desde el 30 de junio. Agrega que esto contribuyó a que la pobreza entre las personas de 65 años de edad y más cayera de 14 % en 2006 a solo 1,3 % en 2017.

El gasto público social aumentó un 137 % en términos reales entre 2005 y 2017, detalla el proyecto de ley de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo. En este período, la educación pasó de recibir 3,1 % a 5 % del producto interno bruto (PIB), la salud, de 4 % a 6,4 % y la seguridad y asistencia social, de 11,4 % a 13,4 %.

El texto añade que, en comparación con otros países de América Latina, “en Uruguay es donde el gasto público social tiene el mayor impacto sobre la distribución del ingreso”. También sostiene que “ese esfuerzo de la sociedad en su conjunto se ha visto reflejado en una mejor calidad de vida de las personas”.

En ese sentido, pone como ejemplo que, entre 2005 y 2017, la cantidad de jubilaciones del BPS se incrementó en 25 % y la retribución mínima por este concepto aumentó en 257 %. Agrega que esto contribuyó a que la pobreza entre las personas de 65 años de edad y más cayera de 14 % en 2006 a solamente 1,3 % en 2017.

Señala, asimismo, que, con la creación del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y la incorporación paulatina de colectivos, la cobertura del Seguro Nacional de Salud pasó de un poco más de un quinto de la población en 2007 a casi tres cuartos en 2017.

Es importante tener presente que entre 2015 y 2020 se proyecta que el gasto endógeno dedicado a la seguridad y asistencia social y la salud se incremente en 1.500 millones de dólares a precios de 2018.