Los ministros del Interior y Salud Pública, Jorge Larrañaga y Daniel Salinas, se reunieron con intendentes de departamentos de la franja costera para aunar criterios de actuación ante la pandemia por coronavirus en la temporada estival y el próximo fin de semana largo. Anunciaron procedimientos para prevenir aglomeraciones y fiestas clandestinas, y adelantaron que se trabaja en protocolos que regulen eventuales encuentros.

Larrañaga y Salinas se reunieron con los intendentes electos de Montevideo, Carolina Cosse; de Canelones, Yamandú Orsi; de Rocha, Alejo Umpiérrez, de Maldonado, Enrique Antía; de San José, Ana Bentaberri, y los jefes comunales en ejercicio de Colonia, Napoleón Gardiol, y de Maldonado, Jesús Bentancur, este miércoles 28 en el edificio del Ministerio del Interior.

Tras el encuentro, Larrañaga valoró la importancia de reunirse con las principales autoridades de los departamentos que reciben mayor afluencia turística y comunicó que el objetivo fue aunar criterios desde lo local a lo nacional en la lucha contra la pandemia por COVID-19, tanto en la temporada estival como para el próximo fin de semana largo (sábado 31 de octubre, domingo 1.º y lunes 2 de noviembre), cuando se celebre Hallowen y se conmemore el Día de los Difuntos.

“Nos cuidamos entre todos o tendremos debilitamientos en los estándares sanitarios que el país actualmente tiene. Estamos pidiendo ayuda a toda la población, que se eviten las fiestas clandestinas que perjudican a todos. Interior llevará procedimientos de prevención, para encontrar fiestas clandestinas y procurar que no se concreten. Para eso, estamos trabajando con las fiscalías de todos los departamentos”, ratificó.

“Todos tenemos que entender que desde el 13 de marzo estamos en emergencia sanitaria con una nueva normalidad y tenemos que adoptar conductas preventivas. Venimos salvando con buena nota por la propia conducta de la gente”, insistió el titular del Ministerio del Interior, quien agregó que este tipo de encuentros se replicará con el resto de los jefes comunales del país.

Daniel Salinas, por su parte, sostuvo que lo fundamental es anticipar, procurar y prevenir complicaciones mayores que puedan surgir por la aglomeración de personas, en este momento, en el que la realidad sanitaria es distinta a la del 27 de setiembre, aunque, según aclaró, la situación continúa bajo control, porque no se ha perdido el hilo epidemiológico de los casos.

“No somos alarmistas, somos realistas. Lo que llevó ocho meses construir, tenemos que ser proactivos y constructivos para mantenerlo. Hay que hacer un nuevo pacto social para cuidarnos, estar comprometidos para ver cómo manejamos este cambio en la civilización. Si se cae el estatus sanitario, habrá un efecto dominó en muchas áreas económicas, y estoy seguro de que nadie quiere eso”, indicó.

El jerarca también adelantó que el Ministerio de Salud Pública trabaja para reglamentar y protocolizar las fiestas o eventos, porque, a su entender, "es mejor protocolizarlos a que se hagan clandestinamente o de cualquier manera”.

Modificaciones en los protocolos para prestadores de salud

Los nuevos criterios publicados en la página web de la cartera de Salud están sustentados en los criterios científicos de la Organización Mundial de la Salud, a partir de resultados de investigaciones realizadas hace dos meses. “Esto no nos cambia la realidad, ni los datos, ni el criterio clínico, cambia el enfoque”, dijo el ministro Salinas. El foco está en ubicar la máxima cantidad de contactos posibles para seguir aislando y diagnosticando.

El cambio implica que la persona afectada por síntomas se considera recuperada al decimocuarto día del inicio de los síntomas según el resultado positivo de su análisis PCR. Por otro lado, una persona que sea asintomática por definición y sea diagnosticada con COVID-19 por ser contacto de alguien se considerará recuperada a los 10 días a partir del resultado positivo del análisis.

La propuesta del Ejecutivo para el período 2021-2025 fue aprobada por los 19 Gobiernos departamentales e incluye al Programa de Caminería Departamental, los fondos de incentivo a la gestión de municipios, preinversión y desarrollo del interior, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) y alumbrado público. Las transferencias para los municipios se incrementarán un 60 % respecto al quinquenio anterior.

La iniciativa del Gobierno nacional fue apoyada de forma unánime por el Congreso de Intendentes y cumple con las disposiciones del artículo 214 de la Constitución de la República, que dispone que el 3,33% de los recursos totales del Presupuesto Nacional se destinen a los gobiernos departamentales.

También se mantendrán las alícuotas vigentes para la distribución de fondos establecida en el artículo 674 de la ley n°. 19.355, durante el año 2021. Además, a partir del 1 de enero de 2022, entrará en vigencia el Fondo de Asimetrías que, mediante un fideicomiso, evitará la disminución de los recursos económicos por la aplicación de las nuevas alícuotas.

La propuesta del Gobierno nacional también determina que los compromisos de gestión se establecerán en la Comisión Sectorial de Descentralización en base a planes de austeridad en el gasto público local, sin afectar los recursos destinados a políticas sociales y de género de las intendencias.

Para el funcionamiento y desarrollo del Sucive, el Ejecutivo dispondrá de hasta 185 millones de pesos anuales. Para el alumbrado público, se fijó una partida de 400 millones de pesos para distribuir de acuerdo a los criterios establecidos por Comisión Sectorial de Descentralización. Además, la distribución de la partida de eficiencia energética, pendiente del ejercicio 2020, priorizará a los departamentos que no concretaron el recambio de luminarias.

En diálogo con Comunicación Presidencial, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero, informó que las transferencias económicas a los municipios de todo el país en este período serán 60% más que en el quinquenio pasado.

Añadió que, en el marco de la política de austeridad promovida por el Gobierno, se apuntará a lograr una mejor eficiencia del gasto y de la gestión de los recursos. En esta propuesta, el Gobierno apuesta a una verdadera descentralización y brinda una señal clara de apostar al desarrollo, enfatizó.

Tras finalizar la primera reunión presencial de la comisión sectorial entre el Congreso de Intendentes y representantes del Poder Ejecutivo, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero, informó que se acordó flexibilizar el uso de los recursos que el Gobierno nacional asigna a las intendencias para destinarlos a proyectos de carácter social y dar respuesta a la coyuntura actual del país.

El objetivo del encuentro, realizado este jueves 14 en la sede del Congreso de Intendentes, fue analizar medidas que flexibilicen el uso de los recursos que habitualmente las intendencias destinan a obras estructurales para aplicarlos a proyectos alineados con la coyuntura actual, regida por la emergencia sanitaria, explicó Falero.

En ese sentido, dijo que la OPP presentó un paquete de medidas que permitirán la reasignación de los recursos que el Gobierno nacional le otorga a los departamentales, haciendo hincapié en la “nueva normalidad”. Se pretende agilizar proyectos sociales, como oportunidades laborales o acciones relacionadas a la higiene en espacios públicos, ejemplificó.  

En general, este tipo de proyectos no se tratan en este ámbito y son las intendencias las que se encargan de llevarlos adelante con sus propios recursos, pero, en esta coyuntura, implementarlos a nivel nacional es de gran interés para el Poder Ejecutivo, señaló el jerarca. “Las medidas han sido de recibo y, obviamente, a partir de hoy, cada intendencia elaborará proyectos concretos que atiendan la situación de este año”, agregó.

La Comisión Sectorial de Descentralización está integrada por seis ministerios —Vivienda, Transporte y Obras Públicas, Economía y Finanzas, Turismo, Ganadería, Agricultura y Pesca e Industria, Energía y Minería— y seis intendencias. Se reúne mensualmente y es un ámbito en el que se aprueban proyectos de obras y se discute lo que hace al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), “programa que pretendemos reforzar en este quinquenio y para lo cual estamos instrumentando una serie de medidas que le permitan a la comisión optimizar los recursos entre los Gobiernos municipales y el nacional”, aseguró Falero.
“Los recursos de los uruguayos son escasos y los tres niveles de gobierno debemos tratar de articularlos lo mejor posible”, finalizó.

La Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y las intendencias departamentales, aprobó la ejecución de 13 proyectos de infraestructura en Artigas, Colonia, Durazno, Florida, Rivera, Rocha, Salto, Canelones, Lavalleja y Tacuarembó. Las iniciativas serán financiadas por el Fondo de Desarrollo del Interior y el Programa de Caminería Rural por 395 millones de pesos.

Entre los proyectos aprobados por la comisión, se destaca la pavimentación del camino Eduardo Pérez entre las rutas Interbalnearia y 101, en Canelones. El plan, que implicará una inversión de más de 59,6 millones de pesos, prevé la implementación de carpeta asfáltica y reciclado con cemento portland, construcción de alcantarillas, entradas domiciliarias y señalización.

En el departamento de Lavalleja, está previsto el inicio de la segunda etapa de mejora del denominado circuito Vejigas-Barranca, con pavimentación en tratamiento bituminoso, adecuación y construcción de alcantarillas de acuerdo al proyecto hidráulico, e instalación de señalización.  Para ello se invertirán más de 114 millones de pesos.

Además,  en Tacuarembó, se recuperarán tramos de caminería rural en el marco del proyecto conocido como Camino a la Virgencita. Con una inversión de 47,4 millones de pesos, se reconstruirán en la capital departamental unos 6.000 metros, entre la avenida José Batlle y Ordoñez y ruta 5.

Casi 8.000 habitantes de la ciudad de Artigas serán beneficiados con la repavimentación de la calle Andrés Cheveste que implicará también la construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles.  La ejecución de las obras requerirá casi 49 millones de pesos.

Asimismo, la Comisión Sectorial de Descentralización aprobó para Rocha el acondicionamiento del entorno del estadio Lascano, que implicará la construcción de 400 metros de colectores pluviales y la pavimentación las calles aledañas de la zona, para lo cual se destinarán más de 20 millones de pesos.

También se mejorará el acceso a la terminal de ómnibus de Chuy, como forma de mejorar la conexión con el centro de esa ciudad rochense. Se invertirán 8,4 millones de pesos.

Las intendencias de la región centro-sur, que integran Colonia, Durazno, Flores, Florida y San José, aportarán recursos económicos, al igual que el Ministerio de Turismo, para un fondo que se destinará a la promoción y la mejora de la oferta turística. “Es la primera vez que (la región) tiene un fondo de este tipo. Es un paso de consolidación de las regiones, en este caso la centro-sur”, destacó Liliam Kechichian.

Kechichian, el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Jorge Perazzo, y el intendente de Colonia, Carlos Moreira, suscribieron, este jueves 5 en el stand del Ministerio de Turismo en la Expo Prado, un convenio para crear el fondo regional destinado a la promoción y la mejora de la oferta turística de la región, que también integran los departamentos de Durazno, Flores, Florida y San José.

El fondo se genera con el aporte de aproximadamente 150.000 pesos de cada una de las intendencias y una cifra similar por parte del ministerio, que será administrada por la CND con el objetivo de trabajar en la promoción, los circuitos que se quiere consolidar y la presencia en ferias.  

“Es la primera vez que (la región) tiene un fondo de este tipo. Es un paso de consolidación de las regiones, en este caso la centro-sur", afirmó la funcionaria.

Kechichian sostuvo que estos acuerdos constituyen una metodología de trabajo que seguramente replicará en otras regiones, que se irán consolidando en la disposición de recursos propios.

En relación con la ronda de contactos con operadores privados del sector, a fin de generar condiciones favorables para el arribo de visitantes argentinos en la próxima temporada estival, la jerarca expresó que las autoridades ministeriales ya se reunieron con representantes del supermercadismo. En esta jornada, lo harán con los transportistas, luego con representantes de las tarjetas de crédito y los shopping centers y el martes 10 con autoridades de la Cámara Uruguaya de Turismo.

“No es la primera vez que vivimos situaciones de dificultad con Argentina; a pesar de que he escuchado algunas opiniones de que deberíamos salir de la promoción en ese país, nuestra estrategia es precisamente la contraria, mantenernos, seguir promocionando todos los productos que Uruguay tiene para ofrecer en el verano y en el resto del año”, analizó.