En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y su par de Defensa Nacional, Javier García, informaron detalles de operativos que se desplegarán desde el lunes 21, cuando comience a regir el cierre de fronteras. Esto incluye la instalación de 25 puestos de control y 500 efectivos distribuidos en diferentes puntos. Recordaron que con la normativa aprobada se busca proteger la salud de la población.

Las declaraciones se dieron al finalizar la reunión con el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, en la Torre Ejecutiva, este domingo 20, de la que también participaron representantes del Estado Mayor de la Defensa y la Policía Nacional, para abordar acciones tras las medidas dispuestas en el marco de la pandemia de COVID-19.

Larrañaga dijo que es necesario recurrir al esfuerzo y el sacrificio para cuidar la salud. Explicó que Presidencia está reglamentando el artículo n.º 38 de la Constitución, mediante la ley que se aprobó el viernes pasado, sobre el derecho de reunión.

Informó que habrá un protocolo de actuación que implica al Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) operativo en cada uno de los departamentos del país, compuesto por los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior y las Fiscalías, y que preside cada intendente. Esto incluye multas de entre 30 y 1.000 unidades reajustables y la posibilidad de fijar, mediante la intervención de la Fiscalía, un delito de desacato frente al incumplimiento de los pedidos de los organismos involucrados.

El ministro dijo que la Policía podrá llamar a la puerta de los hogares, de existir reuniones que excedan los parámetros establecidos, y que se pedirá la intervención correspondiente de la Fiscalía para proceder. 

Explicó que la capacitación será permanente para los operativos policiales. En tal sentido, dijo que el Ministerio del Interior incluyó en las actividades a la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Bomberos, la Dirección de la Seguridad Rural, Migración, Identificación Civil, Investigaciones y Policía Caminera.

García recordó que la normativa recientemente votada entra en vigencia desde el lunes 21, y en principio hasta el 10 de enero, con la posibilidad de extenderla 60 días más.

Mencionó que del trabajo en frontera participarán 500 efectivos del Ejército Nacional y 50 funcionarios de la Prefectura Nacional Naval por turno, de seis y ocho horas, que estarán desplegados en 25 puestos de control en distintos lugares geográficos.

Sobre el funcionamiento de la binacionalidad en la frontera seca, García dijo que valdrá solo dentro de las ciudades y que fuera de ellas habrá controles del Ejército Nacional. En tal sentido, informó que habrá cruzamiento de datos sobre migración. 

Reiteró que, a partir del lunes 21, habrá cierre de fronteras y los puentes estarán vallados, con excepciones para el transporte de carga. Están prohibidos los vuelos particulares, así como la llegada de embarcaciones de otros países, por ejemplo, de Argentina, hasta el 10 de enero.

El Ministerio de Defensa comunicó que el despliegue de las Fuerzas Armadas en frontera, con un promedio de 770 efectivos por día, desde el 16 de marzo, superó los tres millones de horas de servicio en el marco de la ley n.º 19.677. Posibilitó detener cargas de contrabando, detectar personas requeridas, disminuir el abigeato, evitar el ingreso de extranjeros sin trámites migratorios y ayudar a controlar la pandemia de COVID-19.

Defensa emitió un comunicado en el cual desglosa que el despliegue realizado desde el 16 de marzo asciende a 1.068.817 horas de servicio en 3.683 puestos de control de ruta, fijos y móviles, a lo largo de la frontera del país.

También se puntualiza que en los primeros ocho meses se recorrieron 300.879 kilómetros cuadrados y 53.287 millas náuticas, en los 11.771 patrullajes terrestres y fluviales realizados. Además, se suma un total de 1.037 horas de vuelo, divididas en 325 misiones, de las cuales 295 fueron cumplidas por la Fuerza Aérea y 30 por la Aviación Naval.

La tarea se realiza en forma coordinada con otros organismos del Estado, como el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En el informe se subraya que se evitó el ingreso de cargas de contrabando, se detectó gente que estaba requerida, que acampaba irregularmente en campos privados, y se advirtió una disminución del abigeato en la zona fronteriza. También se evitó el ingreso al país de más de 150 extranjeros sin los trámites migratorios ni los controles sanitarios correspondientes, muchos de los cuales viajaban ocultos en vehículos.

El patrullaje fronterizo se agregó a la tarea de controles sanitarios que realizan las Fuerzas Armadas en los puestos de control, ya que el despliegue comenzó tres días después de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en el Uruguay.

El documento expone que el ministro Javier García se reunió con organizaciones comerciales y productivas de la frontera, que  agradecieron el despliegue de las fuerzas y destacaron los primeros frutos en materia de seguridad y de carácter económico, ante la disminución del contrabando, aspecto que se tradujo en una mejora comercial en zonas como Rocha y Salto, por ejemplo.

Se realizó este viernes 10, en el Comando de la Fuerza Aérea, la evaluación de los primeros meses de presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, en cumplimiento de la ley n.º 19677, relativa a la vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción en el área. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, valoró la labor del personal militar en relación con los controles y el patrullaje de frontera.

La evaluación se realizó en el marco de la segunda instancia de capacitación al personal militar, de un total de tres, sobre los alcances de dicha normativa.

García valoró el trabajo de los militares de las tres armas y recordó que la tarea, encomendada por el Poder Ejecutivo y el Parlamento nacional, se desarrolló en dos dimensiones. Por un lado, brindar seguridad, la principal misión de la normativa, y, por otro, la misión sanitaria, centrada en el combate a la COVID-19.

Para ejemplificar su afirmación, García subrayó que, desde el 16 de marzo, trabajaron 800 hombres y mujeres de las tres fuerzas durante 1,3 millones de horas, lo que implicó el uso de unos 150.000 vehículos y miles de acciones de patrullaje, tanto móvil como en controles fijos.

El jerarca indicó que, al momento de evaluar y agradecer el compromiso de los uruguayos para atenuar el impacto de la pandemia, “en ese primer lugar protagónico van a estar los soldados uruguayos, que han tenido un papel relevante” en el logro de los bajos niveles de contagio y enfermedad, hecho “que está siendo destacado en el mundo entero”.

Dijo que el personal de las Fuerzas Armadas es el “más humilde, más sencillo y más pobre que tiene nuestro Estado y que ha contribuido desde la primera línea de trabajo para que todos los uruguayos pudiéramos atravesar esta circunstancia de la mejor forma posible”. En esa dirección, agradeció y felicitó a esa institución.

Señaló, asimismo, que se ha logrado “algo que es difícil en el Estado uruguayo: romper las chacras y trabajar todos juntos para un mismo objetivo” y que, luego de cuatro meses, no existió ningún operativo realizado por un integrante de las Fuerzas Armadas que hubiera propiciado, por un accionar erróneo, la participación de la Fiscalía.

Participaron de la actividad, además de García, el director de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; el director nacional de Aduanas, Jaime Borgiani; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Marcelo Montaner; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber De León, y el subdirector nacional de Policía, Héctor Ferreira, entre otros jerarcas.

El próximo martes 14, en el departamento de Tacuarembó, culmina este ciclo de capacitación, con la participación de oficiales de la región norte del país.

Una resolución suscripta este lunes 6 por el director Nacional de Aduanas, Jaime Borgiani, establece que se aplicará el régimen de cero kilo en las zonas fronterizas con carácter excepcional, revocable y sujeto a modificaciones. La medida no prevé incautación de mercadería a la población residente que cumpla determinados requisitos.

La medida fue tomada a partir de la declaración de emergencia sanitaria y la suspensión de las actividades turísticas al exterior del país, que no rigen las disposiciones especiales de beneficios a los turistas como los de ingreso de equipaje y de efectos y vehículos de turistas.

Esta decisión se mantendrá hasta que culmine la suspensión de los viajes turísticos, se aplicará cero kilo en las zonas fronterizas. La dirección, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, informó que no procederá a la incautación de mercadería cuando no se superen los cinco kilogramos por persona y por semana y se trate de un surtido variado destinado a la subsistencia de la unidad familiar.

Tampoco habrá incautación cuando no se incluyan mercaderías sujetas a restricciones o prohibiciones según la normativa vigente. Las personas residentes en la misma zona fronteriza estarán exceptuadas de la medida al acreditar su domicilio mediante recibo de pago de servicios a su nombre.

“La resolución general es de carácter excepcional, revocable y sujeta a modificaciones cuando las circunstancias que la motivan así lo ameriten”, aclaró la institución.