La complementación de estudios de ingresos con indicadores de pobreza multidimensionales, modificaciones en la medición del índice de precios al consumo (IPC), una mejor producción de indicadores, menor margen de error en proyecciones y divulgación de datos por departamento conforman el plan estratégico que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, en julio se realizará una encuesta de hogares presencial.

El plan estratégico del INE incluye cambios en la calidad de las estadísticas, la incorporación de más tecnología y nuevas formas de estudio de la situación de la población, informó el director técnico del organismo, Diego Aboal, en entrevista con Comunicación Presidencial, este jueves 6.

Explicó que, a partir del segundo semestre de este año, el indicador del IPC, basado en datos de 2010 y en la Encuesta de Gastos e Ingreso de los Hogares con una canasta del período 2005-2006, se actualizará al período 2016-2017. Aseguró que también se están mejorando los procesos de producción de los indicadores, con la incorporación de más tecnología, así como capacitaciones que alcanzarán al 60% de los recursos humanos del organismo.

Habrá innovación en las fuentes de información, por ejemplo, mediante el uso del registro administrativo de datos producidos por otras oficinas públicas y que actualmente el instituto utiliza muy poco. Además, en el primer semestre del próximo año, estará operativo un nuevo Plan Estadístico Nacional, detalló.

Añadió que se está computando otro análisis de medición de la pobreza, con el desarrollo de una nueva línea por el método de ingresos, diferente del que se utiliza tradicionalmente. “Estamos trabajando en llevarla a una canasta de consumo más actual, que se refiera al año 2017, lo que ocurrirá a partir de agosto de este año”, señaló. Agregó que los datos de pobreza serán divulgados en forma semestral.

Este enfoque contempla también el diseño de un indicador multidimensional de pobreza. “Eso implica que no solo el ingreso será el elemento que determinará si una persona es pobre o no, sino que se considerarán otros elementos vinculados a la educación, la salud, las condiciones de la vivienda donde viven las personas”, expresó. 

A partir de julio, el INE prevé volver a realizar encuestas presenciales en los hogares, cumpliendo todos los protocolos sanitarios. Esto permitirá obtener mejoras tangibles, ya que, por ejemplo, en las variables relacionadas con el mercado de trabajo, como la tasa de desempleo, se realizarán estadísticas más precisas y con menor margen de error. “Está previsto que los márgenes de error se reduzcan un tercio de lo que es actualmente la medición”, destacó.

Entre los objetivos, Aboal anunció que comenzará la divulgación de cifras por departamento, hasta ahora reducida a Montevideo, interior y el total del país. Este cambio es importante para las autoridades locales, a fin de obtener y monitorear datos, indicó. En cuanto a las cifras del mercado laboral, se planea reducir, de entre 5 y 7 semanas a 3, el tiempo para su divulgación luego de cerrado el mes, precisó.

La Agencia de Gobierno Electrónico organizó una movida ciudadana por el Día de Acceso a la Información Pública, una instancia para visibilizar este derecho de la población. La ley establece que cualquier persona puede solicitar datos a organismos y recibirlos en un plazo máximo de 20 días. “A 10 años de aprobada la ley, se avanzó mucho”, destacó el presidente de la Unidad de Acceso a la Información, Gabriel Delpiazzo.

La denominada Movida Ciudadana 2018 se creó con el objetivo de difundir la Ley de Acceso a la Información Pública e informar a propósito de los derechos que protege.

La actividad, organizada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), se desarrolló este martes 5 en la calle peatonal Sarandí, de la Ciudad Vieja, en Montevideo.

A 10 años de aprobada la ley, las respuestas de los organismos mejoran de manera progresiva, “lo cual nos llena de optimismo, pero no podemos dejar de ver que hay mucho para mejorar”, indicó Delpiazzo.

Añadió que la capacitación del funcionario y el compromiso del jerarca son claves para la aplicación de la normativa, así como la sensibilización y el conocimiento del tema por parte de la población.

Recordó que cualquier ciudadano “sin invocar ningún tipo de interés o motivo” puede solicitar información por escrito, de manera presencial o electrónica. Puede indicar el soporte en el que desee recibirlo, y el organismo dispone de un plazo de 20 días para contestar. Las excepciones de brindar información pública están establecidas de manera expresa en la ley, precisó.