Una inversión de 1,5 millones de dólares financiados por el Gobierno de Maldonado permitirá incorporar 330 unidades y superar las 1.500 cámaras que integran el sistema de videovigilancia desplegado en ese departamento. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, calificó el plan de pionero en el país y dijo que contribuye a la convivencia y la seguridad pública.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, el de Defensa Nacional, Javier García, y el intendente de Maldonado, Enrique Antía, suscribieron, este viernes 5 en la sede comunal, un acuerdo para la ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia en ese departamento. Al acto asistieron, entre otros, el director nacional de Policía, Diego Fernández, y el secretario general de la intendencia, Luis Eduardo Pereira.

El centro de comando unificado local dispone de más de 1.200 cámaras, y el convenio permitirá la instalación de 330 unidades adicionales, con una inversión de 1,5 millones de dólares, financiada por el Gobierno departamental.

En la presentación, Larrañaga elogió el sistema de videovigilancia de Maldonado, que identificó como un proyecto pionero y que fue reconocido por la Asociación Latinoamericana de Seguridad. El secretario de Estado señaló que la experiencia ha sido imitada por otras intendencias, en el entendido de que apunta a la convivencia y la seguridad pública en complemento con políticas sociales y educativas.

Señaló que los sistemas de videovigilancia en el mundo son prioritarios para la seguridad pública y que es necesario fortalecerlos, porque han demostrado ser beneficiosos para la población como factores de disuasión, prevención y prueba de delitos. También para el desarrollo turístico y la captación de inversiones.

Destacó que en los primeros doce meses de gestión de la cartera, en Maldonado, bajaron los índices de todos los delitos en relación a similar período del año anterior. Asimismo, aludió a la colaboración del Gobierno departamental en la apertura de la Regional Este de la Guardia Republicana, ubicada en la ciudad de San Carlos.

En tanto, García explicó que la “seguridad humana” que alude a la protección de la calidad de vida requiere el trabajo en conjunto de todo el Gobierno. “La seguridad y la defensa son cara y contracara de una misma misión, que es proteger la integridad de cada uno de los compatriotas”, expresó. Agregó que, “para los gobernantes, ejercer la autoridad legal no es una opción, es una obligación, porque la contracara es la protección de los derechos humanos”.

El titular de Defensa Nacional subrayó que la iniciativa contribuye, además, a “reconquistar el espacio público para el uso y disfrute de los uruguayos”.

Por su parte, Antía reconoció que, por sugerencia del Ministerio del Interior, la Fiscalía y organizaciones vecinales, el Gobierno departamental resolvió ampliar el sistema con 330 cámaras en 90 sitios, a fin de profundizar las tareas de prevención en seguridad pública. 

El Comité Amigos de Tarariras contribuyó con la adquisición de cámaras de videovigilancia que instaló el Ministerio del Interior. En la presentación de esta herramienta, este viernes 27, el ministro Eduardo Bonomi reiteró que el departamento de Colonia contará con más de 220 cámaras donadas por China. Aseveró que la participación y el compromiso de los vecinos es fundamental para mejorar la convivencia y la seguridad.

Bonomi felicitó el aporte de los vecinos de Tarariras, quienes se organizaron para consultar cuáles eran las cámaras necesarias para su conexión al sistema que controla el Ministerio del Interior. Por su parte, la secretaría de Estado coordinó con Antel la instalación de fibra óptica para mejorar la conexión digital de las cámaras con el Centro de Comando Unificado.

Por otra parte, el jerarca resaltó que lo más importante es el compromiso de la sociedad. En ese sentido, recordó que en 2011, cuando conoció el funcionamiento de la tecnología implementada contra el delito en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos, la Policía local subrayó que la participación es fundamental.

En breve serán instaladas más de 220 cámaras de videovigilancia en el departamento de Colonia, cuya ubicación será definida junto con la jefatura de Policía local, adelantó el ministro.

Tras analizar los requisitos mínimos de seguridad del Ministerio del Interior, fue la AUF la que seleccionó a la empresa DDBA para instalar cámaras de reconocimiento facial, aclaró el subsecretario Jorge Vázquez. Las cámaras elegidas aseguran 99 % de acierto a diferencia de las de la segunda empresa posicionada, que, si bien implicaban menor costo, garantizaban una eficacia del 49 % y servían solo para horario diurno.

“Luego del clásico de la garrafa, en 2016, se tomaron medidas importantes para que los violentos no entraran más a los espectáculos deportivos. Así comenzó el proceso de contratación por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de tecnología de identificación facial para impedir el ingreso a los espectáculos deportivos a personas que ejercieran violencia”, mencionó el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez.

El jerarca, en entrevista con el programa InterCambio, en emisora M 24, recordó que los dirigentes del fútbol “tenían miedo” a identificar a personas violentas. “Entonces dijimos: 'Vamos a sacar de la responsabilidad de los dirigentes esa tarea, y que ellos se dediquen al fútbol, y la Policía, a los delincuentes'. En ese momento, sugerimos la instalación del sistema de identificación facial, para que aquellas personas identificadas en un hecho de violencia no pudieran volver a entrar a los espectáculos en base a una herramienta clara”, precisó.

Luego de implementado el sistema, se inhabilitó a 700 personas el ingreso de partidos de fútbol. Ello implicó, según detalló Vázquez, que no se registraran más hechos de violencia significativos, lo que consideró como una muestra de que los resultados fueron positivos y de que se “llegó a buen puerto”.

El subsecretario acotó que fue AUF solicitó al Ministerio del Interior que hiciera un listado de requisitos mínimos para que el sistema de identificación ofreciera garantías. Precisó que uno de los requisitos era un mínimo nivel de acierto de 85 %.

Además recordó que, con esas condiciones, la AUF hizo un pliego licitatorio. “Ellos decidieron licitar" para la instalación de cámaras en el estadio Centenario, en el Campeón del Siglo y en el Parque Central, contrataron a ITC”, consultora de Antel, para seleccionar las mejores ofertas, recordó.

“En la segunda licitación fue la AUF la que seleccionó a dos empresas como finalistas del proceso de adquisición tecnológica, DDBA y Servinfo, pero esta, aunque fuera un 16 % más barata, no cumplía con el requisito de un margen mínimo de certeza en la capacidad de identificar rostros, ya que su solución apenas ofrecía un 49 % y solo funcionaba en horario diurno, mientras que la solución de DDBA ofrecía más de 99 % de acierto las 24 horas”, aclaró Jorge Vázquez.

“La propuesta de Servinfo no era aceptable ni estaba dentro de los márgenes mínimos fijados en el pliego. En una reunión, el entonces presidente de AUF, Wilmar Valdez, indicó que la asociación revertiría la decisión de contratar a Servinfo y luego nos comunicaron que optaban por DDBA”, destalló el subsecretario.    

“En ningún momento seleccionamos a nadie, exigimos que se cumpliera el pliego para darle garantía a espectadores, Policía y dirigentes, quienes son los responsables de los derechos de admisión y permanencia. Incluso ITC manifiesta que la mejor opción que se tomó fue contratar a DDBA por calidad, garantía e integralidad”, ponderó.

“No dirigimos nada y menos dirigimos a una empresa para beneficio económico propio. El Ministerio del Interior no cobró ninguna coima”, certificó Jorge Vázquez, quien aclaró que en la empresa seleccionada no trabaja Javier Vázquez, sobrino del entrevistado e hijo del presidente, Tabaré Vázquez.

Presentación ante la Justicia y ante el Frente Amplio

“Cuando se comenzó a insinuar un hecho delictivo por parte del Ministerio del Interior, me presenté ante la Fiscalía General de la Nación para decir que me están acusando de un hecho supuestamente delictivo y que yo quiero que me investiguen. Tengo todas las pruebas para demostrar el proceso”, subrayó.

Además remarcó que se presentó ante su fuerza política, Frente Amplio, para que el Tribunal de Ética y Conducta Política analice su caso y ante la Junta Anticorrupción, para que también investigue.