Desidia en el uso de dineros públicos, mal manejo de fondos, apartamiento de las reglas de la buena administración y sistemas de control débiles que no permiten uso responsable de los recursos, dijo la titular de Economía, Azucena Arbeleche, acerca de los resultados de las auditorías analizadas por el Consejo de Ministros. El presidente Lacalle Pou encomendó que cada ministerio avance en las investigaciones administrativas.
Las auditorías publicadas en la web del Ministerio de Economía y Finanzas responden a un compromiso asumido por las autoridades y abren una etapa de investigaciones administrativas, anunció Arbeleche en la conferencia de prensa realizada tras el Consejo de Ministros este lunes 19. “De acuerdo con los elementos que surjan, se enviará lo que corresponda a la Justicia”, aseveró.
“No se trata únicamente de sumar los costos de las negligencias y descuidos de los dineros públicos, sino que es un abordaje irresponsable e ineficiente de los dineros”, calificó la secretaria de Estado. Junto con ella, participaron el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, el director de la Auditoría Interna de la Nación, Pablo Morelli, y la adjunta a la dirección de la Auditoría, Tamar Frenquel.
Entre los principales hallazgos se destacan el uso de recursos públicos en contravención a la normativa vigente, así como de forma ineficiente e ineficaz, y negligencia. También quedaron al descubierto sistemas de controles débiles e inmaduros, que determinaron ineficiencias administrativas y de gestión en general. Hubo situaciones en las que se actuó sin una ley habilitante, lo que ocasionó que los organismos no cumplieran con sus cometidos específicos, mencionaron las autoridades.
Los organismos auditados fueron la Dirección Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial; la Unidad Centralizada de Adquisiciones y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, del Ministerio de Economía y Finanzas; la Dirección General de la Granja, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; la Oficina de Víctimas de Terrorismo de Estado, del Ministerio de Salud Pública, y la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior.
También se auditó personas públicas de derecho público no estatal, como el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), el Fondo Nacional de Recursos (FNR), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Uruguay XXI, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim).
Arbeleche indicó que el Gobierno potenciará la tarea de las auditorías para mejorar la administración de los recursos públicos. Mencionó que el proyecto de ley de presupuesto incluyó un artículo que encomienda al Tribunal de Cuentas la coordinación de esta tarea con la Auditoría Interna.
De la auditoría del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) se han finalizado tres capítulos y se presentará cuando se termine el cuarto, adelantó la ministra. También se darán a conocer, en breve, los informes de Antel, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gas Sayago y la Corporación Vial del Uruguay.
