Una persona es declarada ausente cuando en forma involuntaria se va de su casa, se retira de sus lugares habituales y no hay una intención o un hecho delictivo como, por ejemplo, un secuestro.

Denunciar un ausente

Esta denuncia debe ser realizada inmediatamente advertida la ausencia ante la Seccional Policial correspondiente (no se deben esperar 24 horas ni ningún tipo de plazo), en el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes (Maldonado 1109) o en la autoridad judicial pertinente (Fiscalía o Juzgados).

Casos resueltos y denuncias

Desde la creación de ese Departamento en el año 2004 hasta la actualidad hubo un total de 20.397 denuncias, de las cuales 20.010, el 98%,fueron aclaradas y las personas ubicadas.

Si analizamos 2020, desde el 1º de enero a la fecha hubo un total de 1.482 denuncias por personas ausentes, aclarándose 1.379, el 93%.

Respecto a los casos que aún no fueron aclarados, el sub director General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, Atilio Rodríguez, expresó que “se continúan investigando en forma permanente, sin importar la data, hasta finalizar la investigación y lograr cerrarlo”.

ADN de familiares

Rodríguez también contó que de acuerdo a un protocolo, cumplido un plazo de 90 días desde la denuncia, los familiares de primera línea de consanguineidad de las personas ausentes (padres o hijos), son llamados y citados por ese Departamento para aportar su ADN voluntariamente. Allí se les explica de qué se trata el procedimiento y se les aclara que una hora antes no deberán ingerir alimentos, caramelos ni masticar chicle porque imposibilita la posibilidad de tomar el ADN y la prueba tendrá que reprogramarse. También en muchos casos, cuando no se cuenta con una muestra de ADN de la persona ausente, se les pide a los familiares que lleven algún elemento particular que haya usado el ausente como un cepillo de dientes o una máquina de afeitar.

Posteriormente se coordina fecha y hora con la Dirección Nacional de Policía Científica a efectos de tomar dicha muestra.

La encargada de Política de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, informó que al 20 de agosto de 2019 se colocaron 3.000 tobilleras electrónicas para monitorear al ofensor y proteger a la víctima de violencia doméstica y que ninguna persona protegida perdió su vida desde 2013 a la fecha. Recordó que en Uruguay se triplicó la cantidad de unidades especializadas y que las denuncias aumentaron 581 % de 2005 a 2018.

“Nadie habla de lo que no ocurre por el trabajo de la Policía que está día a día en el terreno, que pone un considerable esfuerzo para enfrentar, contener y ayudar a resolverlo, más allá de su cumplimiento del deber”, sostuvo el director de la Policía, Mario Layera, en el VIII Encuentro Nacional sobre Respuesta Policial en los 10 años de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, que se realizó este jueves 22 en la Dirección Nacional de Educación Policial.

Reiteró que la Policía debe trabajar como equipo, involucrarse y asumir el compromiso, porque la dinámica interna y externa lleva a que no se pueda detener ese esfuerzo.

Por su parte, la directora de la división Políticas de Género, July Zabaleta, puntualizó como principales avances la promulgación de ley integral de género, la profesionalización de la actuación policial en violencia doméstica, el procedimiento específico para esos casos, y la triplicación del número de unidades especializadas, que alcanza 56, lo que se suma 270 seccionales policiales.

En ese sentido, detalló que hay más de 35.000 personas capacitadas en materia de género y que el incremento en las denuncias de violencia doméstica y problemas asociados alcanzó al 581 % entre 2005 y 2018. También mencionó mecanismos de denuncias no presenciales como la línea 0800 500, el 911 para las emergencias y la aplicación on line.

“Terminamos el 2018 con más de 39.000 denuncias”, recordó la jerarca, quien destacó la disminución del subregistro de denuncias que antes se perdían al ser tituladas como lesiones, daño o violencia privada. “Desde el inició en 2013 no hay casos de víctimas de personas que son protegidas por la tecnología de verificación de presencia y localización de personas, conocidas como tobilleras electrónicas”, aseveró Zabaleta.

Añadió que al 20 de agosto de 2019 fueron 6.000 las personas monitoreadas, 3.000 víctimas y 3.000 ofensores, por esta herramienta que se encuentra activa en todo el país. Además señaló que en el presente hay 700 parejas monitoreadas.

“Necesitamos comprender y aceptar que son procesos dinámicos y, a veces, más lentos de lo que desearíamos. Necesitamos avanzar sin violentar al que piensa diferente, porque los radicalismos son la conducta de los débiles. Quien es violento quiere perpetuar su poder a través de la violencia. Por ello, uno de los pilares para la construcción de una vida libre de violencia es la erradicación de la violencia basada en género”, subrayó Zabaleta.

“La custodia tiene que ser para la víctima y no para el ofensor. Es para proteger una vida y no para acompañar al ofensor o dejar expuesta a la víctima”, alegó.