La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se ha reunido virtualmente con altos funcionarios del Gobierno de Uruguay acerca de la aprobación de la legislación en 2013 que legalizó el uso y el cultivo de cannabis en adultos con fines no médicos, así como sobre la implementación de las disposiciones de las convenciones de control de drogas en Uruguay.

En los últimos años, la Junta ha expresado reiteradamente su preocupación por esta legislación y ahora aprovecha esta oportunidad para recordar a los países que el artículo 4 (c) de la Convención de 1961 que exige que los Estados Parte adopten las medidas legislativas y administrativas para limitar el uso de estupefacientes exclusivamente a fines médicos y científicos.

La Junta destaca que el artículo 3 (1) (a) de la Convención de 1988 exige la tipificación como delito de actos tales como la producción, fabricación, preparación, oferta, venta, distribución e importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica contraria a las disposiciones de la Convención de 1961.

Al revisar el año pasado una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de Estupefacientes de la ONU eliminó el cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína.

Con 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la citada Comisión ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de la droga, aunque su uso con fines no médicos y no científicos sigue siendo ilegal.

La Comisión de Estupefacientes de la ONU ha retirado la marihuana de su lista de narcóticos de riesgo liderando los cambios que internacionalmente se están produciendo con respecto al cannabis.

Al revisar una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la marihuana y sus derivados, la Comisión de Estupefacientes se centró en la decisión de eliminar el cannabis de la Lista IV de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, donde figuraba junto a opioides adictivos y letales como la heroína.

Los 53 Estados miembros de la Comisión votaron sobre la eliminación del cannabis de los programas de control de estupefacientes más estrictos, donde había estado colocado durante 59 años, lo que había desalentado su uso con fines médicos.

Con un histórico resultado de 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la Comisión de la ONU ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico de esta droga de uso común, pero aun mayoritariamente ilegal.

Además, según distintas informaciones, la decisión también puede impulsar la investigación científica adicional sobre las propiedades medicinales de la planta y actuar como catalizador para que los países legalicen la droga para uso medicinal y reconsideren las leyes sobre su uso recreativo.

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Larga espera

En enero de 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer seis recomendaciones relacionadas con el cannabis y su retirada de los tratados de control de drogas de la ONU.

La Comisión de Estupefacientes votó esas propuestas originalmente durante su sesión de marzo de ese mismo año, donde muchos países solicitaron más tiempo para estudiar su respaldo a la retirada del cannabis como narcótico y definir mejor sus posiciones, según distintas noticias de prensa.

Entre los muchos puntos que la Organización Mundial de la Salud publicó con respecto a la marihuana aclaró que algunos de sus derivados como el cannabidiol (CBD), un compuesto no intoxicante, no deben estar sujetos a controles internacionales ya que ha asumido un papel destacado en las llamadas terapias del bienestar en los últimos años al tiempo que ha creado una industria de miles de millones de dólares.

Actualmente, más de 50 países han adoptado programas de cannabis medicinal, mientras que Canadá, Uruguay y 15 estados de Estados Unidos han legalizado su uso recreativo. México y Luxemburgo también están estudiando esta posibilidad.

 

Distintas posiciones

Después de la votación, algunos países quisieron explicar su voto. Así, Ecuador apoyó todas las recomendaciones de la OMS e instó a que la producción, venta y uso de cannabis tenga “un marco regulatorio que garantice las buenas prácticas, la calidad, la innovación y el desarrollo de la investigación”.

Mientras tanto, Estados Unidos, que votó por eliminar el cannabis de la Lista IV de la Convención Única, se inclinó por mantenerlo en la Lista I, argumentando que es "coherente con la ciencia que demuestra que, si bien se ha desarrollado un tratamiento derivado del cannabis seguro y eficaz, el cannabis en sí continúa planteando riesgos importantes para la salud pública que deben seguir estando controlados en virtud de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas”.

En contra se mostraron otros países como Chile que señaló, entre otras cosas, que afirma que “existe una relación directa entre el uso de cannabis y el aumento de la posibilidad de padecer depresiones, déficit cognitivo, ansiedad, y síntomas psicóticos”, entre otros aspectos, mientras Japón afirmó que el uso no médico de la planta “podría dar lugar a impactos sociales y de salud negativos, especialmente entre los jóvenes”.

Este miércoles 29, el prosecretario Rodrigo Ferrés, como presidente de la Junta Nacional de Drogas, instaló el directorio del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, presidido por Daniel Radío e integrado por José Luis Satdjian y Laura Martínez por el Ministerio de Salud Pública; Santiago Caramés y Antonio Manzi por Desarrollo Social; Juan Ignacio Buffa y Sergio Vázquez por Ganadería, y Diego Serrano por Presidencia.

En el encuentro también participó como invitado el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

En declaraciones a la prensa tras la instalación de la nueva junta directiva, Ferrés subrayó las condiciones de Uruguay para la producción de cáñamo de calidad y sus capacidades para la comercialización, industrialización y venta al exterior de este producto, así como crear centros de investigaciones y laboratorios. “Por eso el gobierno de Lacalle Pou decidió impulsar aún más está industria”, enfatizó.

En relación al cannabis recreativo, el prosecretario precisó que es otra modalidad con una regulación más fuerte, asociada a la prevención y cuidado de adicciones. En ese tenor acotó que, si bien existe la libertad de poder consumirla bajo determinadas regulaciones, el Estado uruguayo tiene que cuidar la salud de la población. Por otra parte, consideró que “el combate al narcotráfico es algo mucho más complejo de abordar y va por otro carril. Hay que tener en cuenta que el cannabis recreativo tiene que estar muy regulado a los efectos de cuidar la salud de las personas”, respondió.

El novel presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA), Daniel Radío, destacó la decisión expresa del presidente de la República para agilitar la industria del cáñamo. “Vamos a establecer las modificaciones normativas que en breve plazo estarán arriba de la mesa, lo que va a flexibilizar y permitir que se haga con más impulso”, aludió.

“Hoy el cannabis para uso adulto requiere de registro por los clubes, por los paquetes que se compra en la farmacia o por los autocultivadores. Habrá que pensar alternativas para ver si vamos flexibilizando los registros. Tenemos un cuello de botella a resolver que es que la producción de cannabis para uso adulto no alcanza para abastecer la demanda”, subrayó.

La Cámara de Senadores transformó en ley el proyecto que declara "de interés público la investigación científica sobre el cannabis y sus aplicaciones en todas las áreas de conocimiento". “Esta actividad es pilar para una política de drogas sensata, equilibrada y basada en información y evidencia de calidad, y por ello es necesario promoverla”, señaló el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera.

El proyecto de ley que “declara de interés público la investigación científica sobre el cannabis y sus aplicaciones en todas las áreas de conocimiento", aprobado por los senadores el miércoles 4, había sido remitido al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo en agosto y aprobado en la Cámara de Representantes en setiembre. Fue redactado luego de un proceso de intercambio con actores de la órbita pública, académica y de la sociedad civil que se extendió en el ámbito legislativo.

Olivera indicó que “la nueva ley permitirá un tratamiento especial hacia las actividades de investigación científica dentro del marco general de la regulación del cannabis. Para ello, dispone una serie de medidas orientadas a facilitar y promover este tipo de proyectos, incluyendo el financiamiento vía mecanismos concursables que permitirán incrementar la actividad científica de la comunidad nacional sobre el cannabis”.

“La investigación científica es un pilar básico para una política de drogas sensata, equilibrada y basada en información y evidencia de calidad y por ello es necesario promoverla” agregó.

El artículo segundo de la ley crea el Centro Uruguayo de Estudios Avanzados en Cannabis (CUDEA Cannabis), enmarcado en la órbita de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que presidirá el cuerpo. Contará con un Comité Estratégico y de Seguimiento, integrado por representantes del Ministerio de Salud Pública, del Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), del Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y de la Universidad de la República.

Ese centro será un órgano de carácter científico, académico e interdisciplinario que reunirá a investigadores que trabajan en una temática, con el objetivo de generar conocimiento científico de calidad.

Asimismo, se crea el Fondo Nacional de Investigación sobre Cannabis, que financiará las actividades de investigación. Parte de esa financiación prevendrá de hasta el 20 % de los ingresos netos del IRCCA por la venta de cannabis de uso no médico.

El operativo culminó con un hombre detenido y la incautación de 90 plantas de cannabis, marihuana, un arma de fuego y municiones.

La policía concurrió a una vivienda del barrio Treinta y Tres de la ciudad de Mercedes, ante un llamado realizado al servicio de emergencias 9-1-1- por disparos de arma de fuego. Al llegar al lugar se detuvo a un hombre de 28 años, al que se le incautó dos proyectiles calibre 38.

Con autorización Fiscal se procedió a la búsqueda del arma, y orden de allanamiento mediante se inspeccionó la casa del detenido donde se ubicó un revólver calibre 38, además de dos envoltorios de marihuana y un trozo prensado misma sustancia. A su vez, se encontró en el fondo de la vivienda 90 plantas de cannabis todas con flor (cogollo).

El hombre permanece detenido a disposición judicial.