Con todos los votos del Frente Amplio (FA), del Partido Independiente (PI) y de Unidad Popular (UP) quedó aprobada este jueves, en general, la ley integral para personas trans, en una maratónica sesión, iniciada a las 15 horas.

Según informa la periodista Belén Riguetti, para La Diaria, en el Partido Nacional (PN) también la votaron en general Alejo Umpiérrez, Elisabeth Arrieta y Gloria Rodríguez; en el Partido Colorado, (PC) votó todo el proyecto Dianne Martínez.

El proyecto había sido aprobado el martes en la Cámara de Senadores y pasó a ser discutido en el plenario de Diputados, debido a que no podía aprobarse después del 27 de este mes (cuando faltará un año para las elecciones). Integrantes del PN y del PC criticaron esa aceleración durante la sesión, alegando que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar la iniciativa. El FA fue el único partido que apoyó todos los artículos, ya que el PI y UP votaron en general pero se opusieron a algunos.

Uno de los discursos más comentados fue el del frenteamplista Martín Couto, quien señaló diferencias entre normas y prácticas, poniendo como ejemplo que el femicidio está moralmente mal y penado por ley, pero "las mujeres siguen muriendo a manos de varones", para concluir: "¿Se entiende por qué no somos iguales aunque la norma lo diga?". También sostuvo que era necesario aprobar el proyecto ahora porque hay "una realidad urgente de discriminación", y si se postergaba el Parlamento se pondría "de espaldas a la realidad". El legislador dijo que le daba "vergüenza" escuchar como sus pares argumentaban que la ley iba a establecer un privilegio, cuando "el promedio de ingresos de una persona trans es de 7.418 pesos", y agregó que quienes superan los 51 años de edad tienen un promedio aún menor, de 3.754 pesos. "Me da vergüenza que se hable de privilegios desde la comodidad de la banca", cuando quienes lo hacen tienen "un ingreso de más de 100.000 pesos", apuntó. "Se plantea la elección de identidad de género como algo caprichoso", pero "no es como elegir un artículo en el supermercado", alegó, para concluir: "No es contagioso, quien les habla es un diputado gay y creo que no he contagiado a nadie en esta sala".

En cambio, Gerardo Amarilla (PN) aseguró que la norma generará "conflictos intrafamiliares" porque permite a los menores de 18 años acceder a tratamientos sin la autorización de sus representantes legales. "Los menores no pueden votar, no pueden manejar, no pueden ir presos", y por lo tanto tampoco pueden decidir someterse a "tratamientos irreversibles", argumentó. Por otra parte, se preguntó si está bien permitir que "se financie la mutilación de órganos sanos en menores de edad, aun con el consentimiento de los padres". Opinó también que se verá afectada la natalidad, porque "la hormonización cruzada compromete la fertilidad de miles de personas", y que el cambio de sexo en los documentos de identidad "afecta el principio de verdad" y está "en contra de la ciencia", porque "no es posible cambiar el sexo biológico. Se es un hombre o una mujer al momento de nacer, más allá de la apariencia física".

Walter Verri (PC) sostuvo que el Estado va a financiar las operaciones de "aquellos que quieran vivir de manera diferente, en un Estado en el que el sistema de salud público se cae a pedazos y el privado está colapsado", al punto de que "muchos uruguayos [...] mueren esperando que el Fondo Nacional de Recursos apruebe un tratamiento".

La frenteamplista Cristina Lustemberg negó que los tratamientos con hormonas vayan a "desfinanciar" a los prestadores de salud, ya que son poco costosos, y pidió a sus pares legisladores que se instruyeran. "Cuando escucho que los niños se van a hormonizar me sorprende; se habla desde el mayor desconocimiento de cómo funciona la salud", dijo. "No podemos seguir teniendo un sistema de salud que ponga barreras para el acceso a esta población, que maltrate, que excluya o que siga dejando de lado a esta población, reproduciendo prácticas desde llamar por el nombre de nacimiento hasta llegar a negar atención o derivar compulsivamente al psiquiatra para intentar corregir lo que creen que es una enfermedad mental. Los prestadores de salud privados y públicos colocan implantes y quitan mamas, extraen el útero y los ovarios y construyen una vulva, pero jamás se intervino a un niño y sería irreal pensar que un médico lo hiciera", dijo.

Un argumento que se repitió a lo largo de la discusión, tanto en la cámara alta como en la baja, fue que esta norma resulta innecesaria porque la igualdad de derechos ya está contemplada en la Constitución. Al respecto, Gonzalo Civila (FA) afirmó que "se apela a los derechos consagrados para no discutir los derechos negados de un montón de personas", y preguntó: "¿Vamos a seguir apelando a la Constitución para negar esta desigualdad?". Lustemberg acotó que si hay una legislación, "viene fallando" y "no es suficiente".

Alejo Umpiérrez (PN) inició sus palabras asegurando que estaba "harto del debate berreta", porque se iba por "el camino de los pensamientos únicos, del totalitarismo". Acusó al FA de "usar a una minoría como botín político", y dijo que votaría el proyecto, oponiéndose sólo a algunos artículos, porque expresa ideas liberales, sin dejar de opinar que "no es la izquierda la defensora de esos pensamientos". "Hay que ser liberal no sólo con la billetera, sino con la cadera y la mollera", remató.