Septiembre 20, 2024

La ANEP pone a disposición de docentes, funcionarios y directivos de centros educativos la “Guía de procedimiento ante situaciones de violencia detectadas durante la emergencia sanitaria Covid 19”. Este documento, elaborado por la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN, constituye un aporte fundamental para detectar y abordar situaciones de violencia intrafamiliar.

Dada la situación de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, la dinámica de los centros educativos y el contacto con los estudiantes se ha visto afectada drásticamente. Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación se está apelando al uso de diferentes herramientas y plataformas que permiten proteger las trayectorias educativas.

Actualmente el vínculo entre el centro educativo y el estudiante continúa, pero con las limitaciones propias de la coyuntura actual podrían darse situaciones de violencia o maltrato de la que esté siendo víctima un estudiante, de las cuales el personal de la ANEP tome conocimiento; o situaciones de violencia que se estén produciendo en su núcleo familiar o de convivencia, tales como acciones de violencia doméstica de las que no sea víctima directa el estudiante pero sí un familiar o persona con la que conviva, entre otras circunstancias que revistan similar gravedad.

Los protocolos y mapas de ruta recomendados por la ANEP -que continúan vigentes- plantean un modo de actuación para un contexto de normalidad en lo que refiere al funcionamiento de los centros educativos. Por lo cual se entiende oportuno establecer un procedimiento abreviado y de excepción ante situaciones de violencia y maltrato, que son útiles para enfrentar las situaciones mencionadas en el escenario actual.

Al pie de esta nota se encuentra disponible el documento para ser descargado.

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 7

   (Derechos de las mujeres víctimas de violencia).- Además de los derechos reconocidos a todas las personas en la legislación vigente, nacional e internacional aplicable, toda mujer víctima de alguna de las formas de violencia basada en género, tiene derecho:

   A)   Al respeto de su dignidad, intimidad, autonomía así como a no ser
        sometida a forma alguna de discriminación.

   B)   A ser respetada en su orientación sexual e identidad de género.

   C)   A recibir información clara, accesible, completa, veraz,
        oportuna, adecuada a la edad y contexto socio cultural, en
        relación a sus derechos y a los mecanismos y procedimientos
        contemplados en la presente ley y demás normas aplicables.

   D)   A contar con intérprete, adaptación del lenguaje y comunicación
        aumentativa así como otros apoyos necesarios y ajustes razonables
        que permitan garantizar sus derechos, cuando se encuentren en
        situación de discapacidad.

   E)   A que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus
        datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera
        otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado.

   F)   A recibir protección y atención integral oportuna para ella, sus
        hijos e hijas u otras personas a su cargo, a través de servicios
        adecuados y eficaces.

   G)   A recibir orientación, asesoramiento y patrocinio jurídico
        gratuito, dependiendo de la posición socioeconómica de la mujer.
        Dicha asistencia deberá ser inmediata, especializada e integral,
        debiendo comprender las diversas materias y procesos que requiera
        su situación.

   H)   A recibir asistencia médica, psicológica y psiquiátrica
        especializada e integral para ella y sus hijos e hijas.

   I)   Al respeto y protección de sus derechos sexuales y reproductivos,
        incluso a ejercer todos los derechos reconocidos por las leyes de
        Salud Sexual y Reproductiva (Ley N° 18.426, de 1° de diciembre de
        2008) y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley N° 18.987,
        de 22 de octubre de 2012), cualquiera sea su nacionalidad y
        aunque no haya alcanzado el año de residencia en el país, siempre
        que los hechos de violencia hayan ocurrido en el territorio
        nacional, lo que constituye una excepción al artículo 13 de la
        Ley N° 18.987, de 22 de octubre de 2012. 

El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad publicó las cifras de los delitos de rapiñas, hurtos y homicidios correspondientes al año 2019.
Si comparamos el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2018 con el mismo período de tiempo en el año 2019 evidenciamos un descenso de los hurtos y los homicidios y un aumento de las rapiñas.

Rapiñas

Tras realizar una comparación de las cifras de las rapiñas cometidas en 2018 con las cometidas en el año 2019 se puede evidenciar un aumento del 2,5%. En el año 2018 se registraron 29.897 rapiñas y en el año 2019 el número de elevó a 30.650, representando un aumento de 753 rapiñas a nivel nacional.

Hubo departamentos en los cuales las rapiñas descendieron como Canelones, Artigas, Colonia, Flores, San José, Soriano y Tacuarembó pero en el resto de los departamentos se produjo un aumento de este delito destacándose los departamento de Montevideo, Salto y Maldonado.

Tanto en el año 2018 como en el 2019 el mayor número de rapiñas registradas fue a transeúntes, seguidas por las rapiñas a motociclistas y las rapiñas a comercios.

Hurtos

En el caso del delito de hurto se constató un descenso del 4,3% a nivel nacional. En el año 2018 se registraron 145.859 hurtos y en el 2019 fueron 139.623, dando como resultado 6236 hurtos menos.

El departamento en el cualeste delito bajó más fue Flores seguido de Río Negro, Durazno y Treinta y Tres. En Montevideo el descenso fue de 1,6% y en Canelones del 7,6%.

Homicidios

La comparación realizada entre el año 2018 y el año 2019 con relación a los homicidios evidenció un descenso tanto en Montevideo como en el Interior del País. En Montevideo el descenso fue de 3,6% y en el resto del país fue del 8,8%

En el año 2018 se constataron 416 homicidios en todo el territorio nacional mientras que en el 2019 esa cifra descendió a 391, dando como resultado 25 homicidios menos.

Los departamentos donde el descenso fue mayor fueron Canelones con 12 homicidios menos que el año anterior, Rivera con 9 homicidios menos y Montevideo con 8 menos.

El 60% de los homicidios fue cometido en la vía pública u otros espacios abiertos y el 28% de ellos fue cometido en una residencia.

El uso de arma de fuego en casos de homicidio descendió un 19,5% en el año 2019.

Acciones para la reflexión sobre las relaciones amorosas serán impulsadas por la cuarta campaña “Noviazgos libres de violencia, 50 días de reflexión”, con la participación destacada de jóvenes y adolescentes, marcó la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mariela Mazzotti. En la pasada edición, alcanzó a 13.519 adolescentes en más de 128 actividades, con el apoyo de 1.358 personas adultas referentes.

Acciones para la reflexión y promoción de noviazgos libres de violencia serán impulsadas por la campaña, con la participación destacada de jóvenes y adolescentes, marcó la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mariela Mazzotti, en el lanzamiento de la iniciativa.

Mazzotti destacó que la adolescencia es la etapa de descubrimiento de las relaciones amorosas y el enamoramiento, momento destacado para meditar estos vínculos en el marco de la libertad y el respeto, no de la violencia, el control o la dominación sobre la pareja.

El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Federico Laca, valoró el trabajo de prevención de la violencia de género que varias instituciones coordinan. Para el jerarca, es fundamental el desarrollo de estrategias que promuevan nuevos modelos de convivencia saludable, libres de violencia, discriminación y estereotipos de género.

En el mismo sentido, mencionó que durante 2018 se recibieron 39.942 denuncias de violencia domestica y delitos asociados. Otro dato evidenciado por esas denuncias es que, entre personas de 13 y 17 años, la mayoría de las víctimas son mujeres. Eso ubica a las mujeres como las principales víctimas de la violencia domestica y crímenes asociados. Además, en el 56 % de estas denuncias, los niños o adolescentes estaban presentes en esos hechos de violencia.

“Estos datos nos interpelan como sociedad. Hay que denunciar, hay que visibilizar, para que las políticas públicas vayan en dirección a resolver esos problema” añadió.

“El año pasado, de 4.131 casos de violencia contra niños y adolescentes, el 22 % fue contra los de cero a cinco años”, dijo la coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi, en la presentación de la Guía para la atención de niños y niñas de cero a tres años en situación de violencia. La publicación servirá de apoyo a los técnicos para la prevención y detección de violencia con protocolos a seguir frente a este tipo de casos.

La Guía fue presentada este viernes 3, en la Sala Acuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo, por parte de los organismos que integran el Comité de Gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Sipiav).

El documento de apoyo responde a una necesidad que se detectó a partir de la expansión de los centros de educación y cuidados para los niños y niñas de cero a tres años. Mizrahi destacó que el Sipiav tiene actualmente 31 comités de recepciones en capitales y ciudades donde trabajan técnicos del Estado y de la sociedad civil, lo que mejoró la detección de casos y un mayor juzgamiento de los perpetradores.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, recordó los 4.131 casos en los que actuó el Estado durante 2018, situaciones que calificó de dolorosas porque vulneran los derechos en la primera infancia, la infancia y la adolescencia, etapas que son determinantes para el desarrollo vital.

Agregó que la existencia de más centros de Atención a la Infancia y la Familia (Caif), de Centro de Atención a la Primera Infancia (Capi), casas comunitarias de cuidados y los centros que han surgido a partir de la coordinación entre empresas y sindicatos, todos en el marco del Sistema de Cuidados, permiten una cobertura de educación y cuidados entre los cero y los tres años sin precedentes en Uruguay.

"La Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis) indica que el 53 % de los padres declaró que utiliza algún método violento para disciplinar a sus hijos", expresó Arismendi. En tal sentido explicó que actualmente nacen en Uruguay un promedio de 40.000 niños, número y momento que calificó de excelente para poder detectar con más certezas los casos de violencia y dejar de naturalizar conductas que no son adecuadas. “La guía es una herramienta conceptual que se enmarca en una política pública donde hay avances cualitativos interinstitucionales porque la primera infancia es una prioridad de gobierno”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau), Marisa Lindner, puntualizó que el Sistema de Cuidados, a través del organismo que encabeza, atiende a 60.000 niños en 500 centros de cuidados y también brinda cobertura cuando se vulneran los derechos de esta población.

En tanto, la directora general del centro hospitalario Pereira Rossell, Victoria Lafluf, dijo que la guía permite profundizar en la prevención, detección y el abordaje oportuno y rápido en una perspectiva de derechos con enfoque intersectorial con líneas de acción para asistir a los niños en las puertas de emergencia.

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