El ahorro de un 15 % en gastos de funcionamiento e inversiones, excluidas las partidas salariales, integra el conjunto de primeras medidas para abatir el gasto fiscal que presentó el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles 11. También aprobó una adecuación tarifaria por debajo del incremento de costos de las empresas públicas e incentivos a la producción agropecuaria.

Este miércoles 11, en la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó la conferencia sobre adecuación de las tarifas públicas y otras medidas económicas, acompañado del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Los decretos fueron suscritos por todos los secretarios de Estado.

Lacalle Pou Informó que por decreto se obliga a los ministerios a ahorrar un 15 % en gastos de funcionamiento e inversión, excluidas las partidas salariales; la prohibición de renovar o comprar mobiliario y equipamiento; la habilitación para cubrir un tercio de las vacantes generadas en el ejercicio, excepto las docentes, personal de salud y del Ministerio del Interior.

Se encomendó a instituciones públicas y privadas incluidas en el inciso primero del artículo 752 de la ley n.º 18719 a presentar los compromisos de gestión antes del 30 de abril. Además, cada inciso deberá hacerse cargo de los recursos necesarios para pagar demandas judiciales perdidas. Todas las medidas de ahorro serán supervisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a la adecuación tarifaria, el presidente informó que el precio de los combustibles no se cambiará ahora, debido a la baja de los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales en los últimos días. Se logró comprar a buen precio para el segundo semestre del año. Recordó que Ancap había comprado durante el período anterior de gobierno para el primer semestre de 2020 al precio previo a la caída.

En este sentido, insistió en la buena acción del equipo económico, que derivó en esta situación. Aseguró que en cuanto se haga la adecuación, esta será sensiblemente menor que la que se preveía, por lo que el presidente Lacalle Pou entendió positivo haber postergado la definición para esta semana.

Tarifas públicas

La adecuación tarifaria del 1.º de abril será de 10,7 % en OSE, 10,5 % en UTE y 9,78 % en Antel. Lacalle Pou aseguró que las tarifas se adecuan por debajo de la evolución de los costos, sin recuperar los meses perdidos y asumiendo que las empresas públicas se comprometerán a reducir costos y cumplirán el programa financiero que deberán acordar con la OPP. Dijo que esta medida se enmarca en el compromiso asumido por el Gobierno de compartir el esfuerzo en la financiación del gasto del Estado con la ciudadanía.

Tarjetas de crédito y débito y auditorías

Para las compras con tarjeta de débito, el descuento del impuesto al valor agregado (IVA) se fijará en 2 puntos porcentuales y con tarjeta de crédito para compras en restaurantes el beneficio quedará en 5 puntos porcentuales. Se espera que se vuelquen unos 40 millones de dólares con estas medidas.

En otro orden, el mandatario confirmó que se delinearon algunas auditorías que se comprometieron en la campaña electoral, las que deben ser acotadas en el tiempo, tener profundidad y ser realizadas con pocos recursos. Se le solicitó a los ministerios que anticipen algunas áreas en las que se requeriría hacer auditorias y el Ministerio de Trabajo pidió que se comience por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), por lo que en los próximos días se informará cómo se encarará.

Incentivos a la producción agropecuaria

También anunció la devolución del IVA en las compras de gasoil a los productores que no tributen impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) en los sectores leche, arroz, flores, frutas, hortalizas y apícola. A los productores de ganado bovino y ovino que no tributen IRAE por esas actividades se les devolverá el IVA en las compras de gasoil destinadas a ellas.

Asimismo, se exhorta a UTE a instrumentar beneficios comerciales para productores lecheros y empresas o unidades productivas de la cadena láctea y para suministros identificados con usos eléctricos de riego con fines productivos.

En la conferencia, el presidente insistió en la necesidad de distribuir la carga del esfuerzo para no trasladar todo el peso a la ciudadanía, cuando el Gobierno anterior “puso la carreta delante de los bueyes” y no adecuó en su momento las tarifas. “Nunca pensamos que, aun siendo ineficaz, se dejaría a las empresas públicas con este déficit. Lo que nosotros podemos hacer es distribuir el costo, que no pese la ineficiencia del Gobierno anterior sobre los hombros de los uruguayos”, concluyó.

La ministra Arbeleche sostuvo que este conjunto de medidas tiene como objetivo reactivar la economía y generar mayores puestos de trabajo. Finalmente, Alfie explicó que la última información sobre empresas públicas era de diciembre de 2019, que incluía una proyección hasta 2020, sin adecuación tarifaria. “En números gruesos, la proyección era de 500 millones de dólares de déficit de caja para este año”, explicitó.

El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, afirmó que el Gobierno obtuvo una respuesta política en lugar de la información económico-financiera solicitada a las empresas públicas. La excepción, resaltada por el jerarca, fue la de la presidenta de Ancap, Marta Jara, quien envió “información bien profusa”, que se ajusta a lo solicitado como insumo para el equipo económico.

“Se solicitó información técnica y lo que se contestó fue una respuesta política”, resumió Delgado este jueves 5, en referencia a la solicitud de datos económicos y financieros de proyección para 2020 que realizó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a las empresas públicas y la devolución obtenida el miércoles 4.

Delgado participó de una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, luego de participar de una reunión con el Secretario de Asuntos Estratégicos de Argentina, Gustavo Beliz.

La excepción correspondió a la presidenta de Ancap, Marta Jara, de quien el representante del Gobierno destacó “el sentido republicano y de colaboración institucional” que mostró. Delgado dijo que, a diferencia de la mayoría de los titulares de los organismos, la de la petrolera estatal “envió información bien profusa sobre una serie de parámetros e indicadores que forman parte de la información solicitada”.

Delgado explicó que en el período de transición el Gobierno entrante recibió los insumos técnicos de cada una de las empresas públicas, que abarcaban hasta febrero, “por lo que era importante tener la información técnica oficial (proyecciones) para todo el año que permitiera (al equipo económico y la OPP) tomar las decisiones políticas”.

“Resultó extraño, porque las cartas presentadas (por los representantes de las empresas, que permanecen en sus cargos por un asunto de venias) fueron muy similares. Seguramente fueron redactadas en forma conjunta, con un mensaje político, aunque firmadas por los diferentes presidentes”, sostuvo.  

“A los directores de las principales empresas públicas se les envió una solicitud de información técnica sobre evaluación de costos, ventas y datos económicos y financieros de la proyección para 2020”, informó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. “A nadie se le pedirá responsabilidad política que no corresponde y sobre esa información técnica se evaluará en el Poder Ejecutivo”, explicó.

"El no aumento de tarifas se decidió hace cuatro meses de manera muy responsable, cuando no se sabía quién ganaría las elecciones”, destacó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, en conferencia de prensa junto al subdirector Santiago Soto, este martes 3 en Torre Ejecutiva, luego de la reunión con la designada ministra de Economía del Gobierno electo, Azucena Arbeleche.

García recordó que “la decisión de no aumentar las tarifas de servicios públicos fue comunicada el 29 de julio” y puntualizó que, ante la pregunta de un periodista, el ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, mencionó la resolución del Consejo de Ministros adoptada ese mismo día.

Luego de publicados los dichos de Moncecchi, varios jerarcas reafirmaron la información publicada por todos los medios de comunicación.

Sobre estimaciones manejadas públicamente respecto a que esta medida determinará un costo fiscal de 400 millones de dólares, García precisó que son "cifras sobredimensionadas, porque corresponderían a un período de un año". Especificó: "Se habla de que las tarifas, que se ajustaron en un momento en enero, no se ajustarían hasta el fin del Gobierno, o sea, dos meses, y el impacto es más limitado que las cifras manejadas públicamente".

Por otra parte, en materia de salarios, “para el Gobierno actual no hay duda de que se deben cumplir los convenios colectivos vigentes”, afirmó.

Expresó que “este proceso de transición tiene que ser un motivo de orgullo para la democracia uruguaya”. Agregó que se está desarrollando “con un intercambio fluido y transparente de información, porque es lo mejor para el pueblo”.

Además detalló que existe “un calendario para la entrega de información solicitada a cada ministerio con 15 puntos, que será entregada al Gobierno electo a partir del 10 de este mes”. Desde entonces, habrá procesos de intercambios entre los actuales jerarcas y los designados del gobierno electo por cada organismo.

Las tarifas eléctricas para los hogares se incrementaron un 20 % menos que la inflación en los últimos diez años, destacó el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Si la comparación se efectúa respecto al índice medio de salarios, la diferencia es del 48 %. Industrias, productores agropecuarios y pequeñas y medianas empresas accedieron a varios planes especiales. Desde 2017 se otorgaron 73 millones de dólares en beneficios.