El Poder Ejecutivo estableció, a través de una ley, que hasta el 4 de enero de 2020 hay tiempo para regularizar la posesión irregular de armas de fuego, así como para entregar los materiales ilegales, sin tener que justificar su origen.
Quienes posean armas, municiones, explosivos u otros materiales relacionados en forma antirreglamentaria, deberán clarificar su situación, o entregarlo ante las dependencias de los ministerios de Interior o de Defensa. Quienes lo hagan dentro de este plazo no tendrán justificar su procedencia.
Por esta ley, el gobierno también está obligado a realizar campañas de bien público a través de los medios de comunicación, para crear conciencia respecto a la tenencia responsable de armas, así como para difundir esta regularización.
Según los datos del Ministerio de Defensa, entre 2015 y 2017 se entregaron 1.362 armas para su destrucción, y la Justicia hizo 14.102 solicitudes para que se informara sobre el origen de las armas incautadas en procedimientos, de las que solo el 2,48% habían sido denunciadas como extraviadas. De estas, unas 5.682 carecían de registro.
Desde 1943 se encuentran registradas unas 604.401 armas, aunque varios estudios privados indican que existe una cantidad similar en forma ilegal.
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