Desde las 8 de la mañana, los 3.676 circuitos habilitados para esta jornada de elección no obligatoria abrieron sus planillas para quienes desearon adherir al prerreférendum que buscó una instancia en octubre para derogar la Ley integral para Personas Trans.

Según datos primarios de la Corte Electoral, los uruguayos que acudieron a votar no superarían el 10 %. De esta forma, la iniciativa no encontró eco y no habrá referéndum para derogar el texto legislativo, aprobado durante el pasado año en el Parlamento.

El colectivo "Ley trans ya" destacó que la ciudadanía haya "demostrado que los derechos humanos no se someten a plebiscito".

El grupo agradeció que la ciudanía haya "comprendido" la situación en la que se encuentran las identidades trans por las barreras culturales.

"Auguramos un cambio profundo hacia una verdadera inclusión que apunte a cambios sustantivos en todos los ámbitos: familiares, educativos y laborales", apuntaron. 

Ya al mediodía, cuando corrían pocas horas de votación, el impulsor de esta derogación, el diputado suplente del Partido Nacional Carlos Iafigliola, había anunciado que sería "difícil" llegar al 25 % necesario, cerca de 600.000 personas.

"La tirada es mucho más grande. Este 25 % es una cifra importante, pero hemos visto en este tiempo, desde octubre desde que largamos, cómo ha entrado el tema. Hay mucha gente que hace 10 meses no tenía ni idea de qué se trataba esta ley, en este tiempo la ha leído, algunos han tratado de ver los argumentos y en función de ello el pueblo está emitiendo un juicio. Creo que el objetivo de haber puesto el tema arriba de la mesa lo logramos, no sabemos qué va a pasar, hasta el último momento la vamos a pelear, pero bueno, está en manos del pueblo uruguayo de si se sigue adelante", dijo.

Iafigliola dijo que esperaba que, después de recolectar las firmas que habilitaron esta instancia, se le sumaran los dirigentes nacionales, "pero después hicieron su análisis político y electoral y decidieron que no". "Creí que iba a haber una reacción distinta", apuntó. 

Fuente: Montevideo Portal

Comenzó ayer la campaña nacional de recolección de firmas para derogar la ley para personas transgénero. En el lanzamiento el precandidato presidencial blanco Carlos Iafigliola (Adelante) y el diputado de Esperanza Nacional, Álvaro Dastugue, anunciaron que se impulsará el mecanismo de recolección del 2% del padrón electoral, es decir que deberán reunir 57.000 firmas a favor, lo que debe ocurrir antes del 25 de marzo.

El siguiente paso es que la Corte Electoral convoque a una consulta no obligatoria de adhesiones en la que se deberá reunir el 25% de votos a favor de derogar la ley. En caso de que esta etapa sea exitosa, la Corte, esta vez en una instancia obligatoria, deberá someter la ley trans a la ciudadanía en la próxima elección nacional.

Iafigliola sostuvo que es una ley "peligrosa e injusta" y que por eso debe ser derogada. Dijo que las personas trans tienen "un beneficio por encima del resto" porque en la ley se establece que el Estado debe pagar operaciones de cambio de sexo.

Además, Iafigliola vaticinó que "en pocos años todas las personas trans van a ser funcionarios públicos", porque en una parte de la ley se establece que se les debe dar un cupo de 1% en el Estado.

"Esta ley está atravesada por la ideología de género", sostuvo el precandidato nacionalista.

En tanto el diputado Dastugue consideró en primer lugar que las personas trans "son absolutamente vulnerables" y que "es una vergüenza que su expectativa de vida sea de 35 o 40 años". Pero dijo que la consagración de derechos para esas personas "no llega por ley", porque "no es más que letra muerta".

Además, Dastugue aseguró que "la ideología de género vino para destrozar la sociedad".

Con todos los votos del Frente Amplio (FA), del Partido Independiente (PI) y de Unidad Popular (UP) quedó aprobada este jueves, en general, la ley integral para personas trans, en una maratónica sesión, iniciada a las 15 horas.

Según informa la periodista Belén Riguetti, para La Diaria, en el Partido Nacional (PN) también la votaron en general Alejo Umpiérrez, Elisabeth Arrieta y Gloria Rodríguez; en el Partido Colorado, (PC) votó todo el proyecto Dianne Martínez.

El proyecto había sido aprobado el martes en la Cámara de Senadores y pasó a ser discutido en el plenario de Diputados, debido a que no podía aprobarse después del 27 de este mes (cuando faltará un año para las elecciones). Integrantes del PN y del PC criticaron esa aceleración durante la sesión, alegando que no habían tenido tiempo suficiente para estudiar la iniciativa. El FA fue el único partido que apoyó todos los artículos, ya que el PI y UP votaron en general pero se opusieron a algunos.

Uno de los discursos más comentados fue el del frenteamplista Martín Couto, quien señaló diferencias entre normas y prácticas, poniendo como ejemplo que el femicidio está moralmente mal y penado por ley, pero "las mujeres siguen muriendo a manos de varones", para concluir: "¿Se entiende por qué no somos iguales aunque la norma lo diga?". También sostuvo que era necesario aprobar el proyecto ahora porque hay "una realidad urgente de discriminación", y si se postergaba el Parlamento se pondría "de espaldas a la realidad". El legislador dijo que le daba "vergüenza" escuchar como sus pares argumentaban que la ley iba a establecer un privilegio, cuando "el promedio de ingresos de una persona trans es de 7.418 pesos", y agregó que quienes superan los 51 años de edad tienen un promedio aún menor, de 3.754 pesos. "Me da vergüenza que se hable de privilegios desde la comodidad de la banca", cuando quienes lo hacen tienen "un ingreso de más de 100.000 pesos", apuntó. "Se plantea la elección de identidad de género como algo caprichoso", pero "no es como elegir un artículo en el supermercado", alegó, para concluir: "No es contagioso, quien les habla es un diputado gay y creo que no he contagiado a nadie en esta sala".

En cambio, Gerardo Amarilla (PN) aseguró que la norma generará "conflictos intrafamiliares" porque permite a los menores de 18 años acceder a tratamientos sin la autorización de sus representantes legales. "Los menores no pueden votar, no pueden manejar, no pueden ir presos", y por lo tanto tampoco pueden decidir someterse a "tratamientos irreversibles", argumentó. Por otra parte, se preguntó si está bien permitir que "se financie la mutilación de órganos sanos en menores de edad, aun con el consentimiento de los padres". Opinó también que se verá afectada la natalidad, porque "la hormonización cruzada compromete la fertilidad de miles de personas", y que el cambio de sexo en los documentos de identidad "afecta el principio de verdad" y está "en contra de la ciencia", porque "no es posible cambiar el sexo biológico. Se es un hombre o una mujer al momento de nacer, más allá de la apariencia física".

Walter Verri (PC) sostuvo que el Estado va a financiar las operaciones de "aquellos que quieran vivir de manera diferente, en un Estado en el que el sistema de salud público se cae a pedazos y el privado está colapsado", al punto de que "muchos uruguayos [...] mueren esperando que el Fondo Nacional de Recursos apruebe un tratamiento".

La frenteamplista Cristina Lustemberg negó que los tratamientos con hormonas vayan a "desfinanciar" a los prestadores de salud, ya que son poco costosos, y pidió a sus pares legisladores que se instruyeran. "Cuando escucho que los niños se van a hormonizar me sorprende; se habla desde el mayor desconocimiento de cómo funciona la salud", dijo. "No podemos seguir teniendo un sistema de salud que ponga barreras para el acceso a esta población, que maltrate, que excluya o que siga dejando de lado a esta población, reproduciendo prácticas desde llamar por el nombre de nacimiento hasta llegar a negar atención o derivar compulsivamente al psiquiatra para intentar corregir lo que creen que es una enfermedad mental. Los prestadores de salud privados y públicos colocan implantes y quitan mamas, extraen el útero y los ovarios y construyen una vulva, pero jamás se intervino a un niño y sería irreal pensar que un médico lo hiciera", dijo.

Un argumento que se repitió a lo largo de la discusión, tanto en la cámara alta como en la baja, fue que esta norma resulta innecesaria porque la igualdad de derechos ya está contemplada en la Constitución. Al respecto, Gonzalo Civila (FA) afirmó que "se apela a los derechos consagrados para no discutir los derechos negados de un montón de personas", y preguntó: "¿Vamos a seguir apelando a la Constitución para negar esta desigualdad?". Lustemberg acotó que si hay una legislación, "viene fallando" y "no es suficiente".

Alejo Umpiérrez (PN) inició sus palabras asegurando que estaba "harto del debate berreta", porque se iba por "el camino de los pensamientos únicos, del totalitarismo". Acusó al FA de "usar a una minoría como botín político", y dijo que votaría el proyecto, oponiéndose sólo a algunos artículos, porque expresa ideas liberales, sin dejar de opinar que "no es la izquierda la defensora de esos pensamientos". "Hay que ser liberal no sólo con la billetera, sino con la cadera y la mollera", remató.