La Comisión de Salud de Diputados aprobó un proyecto de ley de la legisladora Silvana Pérez que declara el 2 de abril como el Día Nacional de la persona con trastornos del espectro autista.

Según las Naciones Unidas, la existencia de los Días Internacionales, en referencia a diferentes temáticas nos dan la oportunidad de sensibilizar e informar al público en general sobre temas de gran interés tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud.

Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver o que tienen poca visualización, que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. El 2 de abril de cada año, en Uruguay se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, alineados con la resolución 62/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de informar y mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que presentan esta discapacidad.

Según Naciones Unidas, el autismo está considerado como una discapacidad que afecta el desarrollo neurológico de los individuos que lo presentan, se diagnostica en las primeras etapas de la infancia. Teniendo presente que es un trastorno del neuro-psico-desarrollo permanente, el mismo implica alteraciones a nivel cognitivo-cerebral afectando tanto a niños, niñas, adolescentes y adultos en distintas áreas produciendo diferentes grados de gravedad según la profundidad del trastorno. Si bien se desconocen las causas exactas que provocan el autismo, existen evidencias científicas que plantean la existencia de una multicausalidad.

Se sabe que hay un componente genético que unido a condiciones medioambientales, podrían ser factores determinantes en el desarrollo de esta condición. Si bien en Uruguay no existen datos concretos se estima una prevalencia de 1 cada 100 nacimientos, a pesar de no haber estadísticas nacionales. Se establece por parte de la ONU, asimismo, que esto va a requerir un cambio de mentalidad en la sociedad para apoyar las necesidades, capacidades y prioridades de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), crear y mantener los servicios de apoyo necesarios y promover la accesibilidad del colectivo en todos los ámbitos de la sociedad.

Para celebrar el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, a nivel global se llevan a cabo eventos, seminarios, conferencias y programas para sensibilizar a las personas sobre un Trastorno que los acompañará toda la vida, que afecta a un porcentaje significativo de la población infantil y a personas adultas. 

El proyecto aprobado en comisión señala:

Declárese el 2 de abril el Día Nacional de la persona con Autismo, en coincidencia con el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, establecido por la Resolución Nº 62/139 de las Naciones Unidas.

Artículo 2º.- El señalado día todas las instituciones de salud y educativas tanto públicas como privadas, así como toda otra institución que tenga relación con la atención de las personas con autismo, deberán realizar actividades tendientes a brindar información calificada y veraz sobre el Trastorno de Espectro Autista (TEA).

Artículo 3º.- Los medios de comunicación pública y privada contribuirán, según sus posibilidades, a la difusión de la información sobre los temas de la presente ley, así como respecto de las organizaciones que traten el tema autismo, incluyendo ubicación y teléfono de las mismas.

El Poder Ejecutivo elevó al Parlamento un proyecto de ley que promueve la exoneración de aportes patronales a la seguridad social de las empresas de transporte escolar. La paralización total o casi total de este sector, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, motivó este proyecto, que exime a los trabajadores del pago de sus aportes durante un año, a partir del 1.° de abril de 2020.

“Este proyecto de ley tiene por objeto contemplar la situación de los trabajadores del transporte escolar, uno de los colectivos más perjudicados desde el momento en que se dispuso la no asistencia clases por la emergencia sanitaria”, recordó el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti.

Con la iniciativa, se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar, entre el 1.° de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, del pago de todos los aportes jubilatorios patronales a la seguridad social a las empresas que presten este servicio de transporte.

El jerarca estimó que la medida atenderá las necesidades de unas dos mil empresas, que son las que conforman el rubro, que, en general, son familias “que realizaron un gasto muy grande desde el momento que compran una camioneta con el equipamiento exigido para brindarle seguridad a los escolares”.

“Esperemos que el proyecto se apruebe en forma rápida para que el Ejecutivo ponga en práctica la medida”, concluyó.

Proyecto de Ley

“Por decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, hoy se envía a los legisladores de todos los partidos políticos el texto del proyecto de ley de urgente consideración, lo que no significa que se inicie el análisis parlamentario. El presidente aún no consideró una fecha para su envío formal al Legislativo”, dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón, tras reunión en Torre Ejecutiva. El texto contiene 502 artículos.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió este jueves 9, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva con la vicepresidenta Beatriz Argimón, también presidenta de la Asamblea General, con el objetivo de enviar el texto de la ley de urgente consideración para conocimiento de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Luego del encuentro, Argimón, acompañada por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, recordó a los medios periodísticos que la ley de urgente consideración fue un tema de campaña electoral difundido públicamente entre los actores políticos y la sociedad en general, y que su ingreso al Parlamento no sucedió en marzo, como estaba previsto, por la coyuntura sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19.

La vicepresidenta dijo que es voluntad del presidente Lacalle Pou, en el marco de la transparencia gubernamental, que el texto sea conocido por los legisladores, aún antes de ingresar formalmente al tratamiento parlamentario. “La ley es un proyecto acabado que luego de distintos ajustes se enviará al Parlamento”, afirmó. Además aclaró que aún no hay fecha prevista para enviarlo.

Detalló que el cometido de esta conferencia fue anunciar que el presidente de la República decidió que todos los parlamentarios reciban el texto de la ley, lo que fue comunicado esta mañana a todos los coordinadores de bancada. “Esto no implica el ingreso efectivo para el tratamiento parlamentario”, aclaró.

Por su parte, el prosecretario Rodrigo Ferrés destacó que el proyecto de ley de urgente consideración mantiene la esencia del original y consta de 502 artículos. Expresó que su elaboración fue objeto de intercambios con diferentes organizaciones sociales, miembros organizados de la sociedad civil y con los partidos políticos, en procura de lo que el presidente Lacalle Pou siempre indicó: lograr el proyecto de ley mejor consensuado.

El prosecretario aseguró: “Este proyecto es aún mejor que el anterior porque está consensuado, trabajado. Con este acto de transparencia que nuevamente hace el presidente Luis Lacalle Pou de dar mayor tiempo a los legisladores para que lo estudien tranquilamente, se le da mayor solvencia. Luego el presidente decidirá, en coordinación con la vicepresidenta Argimón, cuál será la fecha en la que el Poder Ejecutivo lo enviará al Parlamento”.

El proyecto de ley que establece la regulación del mercado de bebidas alcohólicas, la prevención de su consumo problemático y la promoción de salud y de bebidas alcohólicas, cuenta con estatus de ley tras su aprobación en la Cámara de Diputados, este martes 17. El texto promueve acciones en ámbitos de la publicidad, fiscalización, prevención en ámbitos educativos y comunitarios, y fomenta la participación de la ciudadanía.

La nueva norma, propuesta por el presidente Tabaré Vázquez, busca prevenir el consumo problemático de bebidas alcohólicas en la población, desarrollar estrategias para retrasar la edad de inicio en el consumo y plantea reformas en cuanto al registro de vendedores, publicidad, fiscalización, infracciones y sanciones.

Incorpora acciones preventivas en el diseño, programación y ejecución de las políticas públicas en materia de consumo problemático de bebidas alcohólicas, que vinculen su impacto a razones de género y edad.

Promueve y potencia el desarrollo de programas en los ámbitos educativo, comunitario y familiar, para prevenir el consumo de riesgo y problemático de bebidas alcohólicas, tendientes a construir autocontroles sociales que logren, en un marco de Derechos Humanos y responsabilidad compartida, incorporarse a la cultura ciudadana.

Orienta a informar a la población sobre los efectos perjudiciales para la salud integral derivados del consumo problemático de bebidas alcohólicas y se fomentará la participación activa de la comunidad en el diseño y ejecución de las acciones preventivas destinadas a abordar los problemas relacionados con el consumo problemático.

La normativa también instrumentará acciones que permitan a los profesionales de la salud y la educación la detección precoz de problemas asociados al consumo problemático.

Fue aprobada con 51 votos en 84 legisladores presentes y pasará al Poder Ejecutivo para su reglamentación con un plazo de noventa días.

Desde hace varias décadas, el Ministerio de Ganadería busca que todos los silos de su propiedad sean transferidos a las cooperativas que se dedican a la producción de granos, pero algunos emprendimientos no cancelaron sus deudas por la transferencia. El presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley para que los productores agrícolas cooperativos regularicen sus pagos y cuenten con la propiedad de los silos.

En su único artículo, la ley propone que se autorice a los ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a iniciar el proceso de adecuación en las condiciones del endeudamiento, en la medida que se vayan efectivizando los pagos correspondientes, a modificar los convenios de capitalización suscritos y a ampliar los plazos estipulados, para regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 277 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y sus modificativas.

En la década de 1970 del siglo pasado, el MGAP modificó la forma de almacenamiento, traslado y comercialización de los granos a través de lo resuelto por una comisión integrada por Ganadería y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que definió la instalación de silos propiedad del Estado y administrado por cooperativas, sociedades de fomento rural, etcétera.

En 2002, se define la transferencia de estos silos y su maquinaria adyacente a sus administradores, condicionado al pago de un canon de 50 dólares por tonelada de capacidad de las plantas, que serviría para la cancelación de deudas con el Banco República. Según la exposición de motivos de este proyecto, restan pocos emprendimientos para transferir.

El objetivo de la norma es finalizar con este proceso iniciado hace 17 años, fortalecer al sector, y mejorar la calificación bancaria de los productores mediante la incorporación de estos bienes muebles.