En la presentación del proceso del Plan Nacional de Educación en Cárceles, las autoridades informaron que, de casi 14.000 personas privadas de libertad, 4.000 estudian y 100 cursan formación terciaria. El ministro Pablo da Silveira enfatizó que el objetivo es brindar oportunidades para la reinserción social y bajar la reincidencia. El titular de Interior, Luis A. Heber, indicó que aumentar la tasa de educación es la clave.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó el proceso de trabajo interinstitucional del Plan Nacional de Educación en Cárceles, junto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio del Interior (MI), de acuerdo con lo dispuesto en la ley n.° 19.924.

Al evento, realizado este martes 19 en la Torre Ejecutiva, asistieron la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón; el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel; el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, y el director de Educación del MEC, Gonzalo Baroni.

Según datos relevados por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el 23,5% de las personas privadas de libertad no finalizó la educación primaria, el 25% la completó, el 30% cursó ciclo básico sin completarlo, menos del 2% finalizó el bachillerato y el 1,3% cursó o finalizó la educación terciaria.

Respecto de la autopercepción sobre el desempeño de competencias básicas, el 6% de la población penitenciaria manifestó no saber leer y el 12,3%, que lo hace con dificultad; el 11% dijo no saber escribir y el 13,5%, no saber calcular o hacerlo con dificultad. Actualmente, existen 2.445 cupos educativos formales y 1.186 no formales en el conjunto de las unidades del INR, para una población penitenciaria de 13.926 personas.

Da Silveira destacó la iniciativa de creación de este plan por el comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. El secretario de Estado subrayó que sin educación es menor la posibilidad de reinserción.

Heber detalló que 4.000 internos cursan educación formal y no formal y solo 100 lo hacen en el ámbito terciario. “Ojalá podamos implementar una solución a mediano y largo plazo, porque la seguridad es un problema país. El plan va en ese camino, porque es la gran herramienta”, remarcó.

Silva, por su parte, señaló que esta iniciativa significa una proyección a futuro en el marco de una necesaria coordinación para la atención de personas privadas de libertad. “No hay mejor arma contra la inseguridad de un país que la educación; por eso, reafirmamos el compromiso de trabajar fuertemente”, enfatizó.  

Baroni indicó que en contextos de privación de libertad la educación cobra un valor preponderante por su función humanizadora y las oportunidades para el desarrollo de ideas, acciones y actitudes que posibiliten la construcción de proyectos de vida en condiciones de dignidad. Expresó que en 2021 se desarrollaron múltiples coordinaciones con instituciones educativas de los sectores público y privado para visibilizar el plan. “La educación es un eje esencial para la rehabilitación”, subrayó.

Puntualizó que para la implementación del plan se conformó un equipo técnico de trabajo y se sistematizaron antecedentes y experiencias nacionales e internacionales sobre educación en contextos de encierro. Además, se desarrolló el proyecto Tomar la Palabra: Acciones para la Disminución del Analfabetismo en Personas Privadas de Libertad y se diseñó un relevamiento nacional sobre las trayectorias educativo-laborales de este colectivo.

El jerarca explicó que en una próxima etapa se posibilitará un sistema de calificaciones, trazabilidad y monitoreo de las trayectorias educativas, así como la planificación estratégica del plan y el análisis de marcos conceptuales y metodológicos aplicados a prácticas educativas.

A su vez, se generarán insumos teóricos y metodológicos para la formación de educadores formales y no formales, así como del personal penitenciario que realiza intervenciones con personas privadas de libertad. También se desarrollarán experiencias piloto en unidades penitenciarias metropolitanas y del interior a través de acuerdos programáticos interinstitucionales. Finalmente, se implementarán espacios participativos de consulta con docentes, educadores, personal penitenciario y actores comunitarios.

Todos los recursos adicionales de la Rendición de Cuentas serán dirigidos a los programas que protegen a los niños de 0 a 3 años, informaron este martes 9 los responsables de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Desarrollo Social, Martín Lema, en conferencia de prensa. Además, el apoyo sanitario, social y económico administrado a través del Fondo Coronavirus ascenderá a 980 millones de dólares este año.

En el Consejo de Ministros de la jornada, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, los secretarios de Estado repasaron el Presupuesto Nacional aprobado para todo el período y evaluaron el resultado fiscal del año anterior. Fueron añadidos el Fondo Coronavirus y un programa de apoyo a la primera infancia, explicó Arbeleche, en la conferencia de prensa que se desarrolló en la Torre Ejecutiva.

La ministra aseveró que se cumplieron todos los compromisos que el Gobierno se propuso en materia fiscal para 2020. Los ahorros estructurales logrados ese año permitieron el financiamiento de los apoyos para atravesar la pandemia, indicó. Sobre este punto, señaló como vigentes los objetivos que fueron planteados en el Presupuesto.

En cuanto al Fondo Coronavirus, anunció que este año llegará a 980 millones de dólares y, sobre el programa de respaldo a los niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad, agregó que el Gobierno destinará 50 millones de dólares, a partir de 2022.

Por su parte, el ministro Lema sostuvo que se analizan de forma coordinada entre las instituciones los programas dedicados a la primera infancia. Mencionó como ejemplo los 455 centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), que atienden a 62.000 niños, o el programa de la teleasistencia que gestiona Uruguay Crece Contigo.

Además, recordó que, desde mayo, a las asignaciones familiares que se abonan por el Plan de Equidad se les agrega un complemento que se mantendrá en julio. Accederán a esta medida unos 196.000 hogares, que representan a 820.000 personas, de las cuales 377.000 son menores de edad. Además, a esas asignaciones se les agregará 2.500 pesos desde setiembre hasta diciembre

Sobre las canastas de emergencia, Lema indicó que en 2020 se abonaban 1.200 pesos, en 2021 ese valor fue duplicado, y se mantendrá así en julio. Esta iniciativa beneficia a 320.000 personas.

El ministro agregó que el Gobierno trabaja sobre herramientas que permitan la focalización de las transferencias, a los efectos de promover un mayor seguimiento y, con ello, un incremento de la optimización de recursos.

“El Gobierno evaluó la situación de la tarifa de combustibles, con un ajuste máximo de 12%”, informó el ministro de Industria, Omar Paganini, junto con su par de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. La adecuación, que estará alineada a los precios de paridad de importación (PPI), será de 7,1 pesos por litros para la nafta súper, de 4,9 pesos por litro para el gasoil común, añadieron.

Comunicado de prensa

Presidencia de la República

El material está conformado por 1.650 folios; fue hallado en el Grupo de Artillería n.º 5 del Ejército, en Montevideo. La documentación fue entregada en la mañana de este martes 11, en Torre Ejecutiva, por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a los representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mariana Motta y Wilmar Teyler.

El Poder Ejecutivo está actuando con absoluta transparencia, al brindar toda la información sobre un período trágico de la vida del país, destacó García, en conferencia de prensa posterior a la reunión.

El ministro detalló que, el 23 de abril, en la Unidad de Artillería n.º 5, en una recorrida para reorganizar espacios, el jefe de la unidad y tres oficiales encontraron en un antiguo calabozo una caja con material de trabajo del Ejército. La documentación consiste en seis libros, dos carpetas, y algunos folletos de organizaciones políticas.

García informó que, siguiendo la cadena de mando militar, tomó contacto con el material, lo leyó durante jueves y viernes pasado, y se lo comunicó al presidente Lacalle Pou.

Se trata de 1.650 folios que fueron digitalizados, con información previa y posterior al golpe de Estado de 1973. En términos generales, la documentación contiene partes especiales de registros del año 1972, partes especiales de información 1972-1973, partes especiales de información de 1976, partes especiales de información del año 1977, partes periódicos de información correspondientes al año 1973, y división interior del período comprendido entre el 2 de abril de 1986 y el 15 de mayo del mismo año.

Contiene información sobre operativos militares con solicitudes de captura de personas, información de inteligencia sobre personas, organizaciones políticas, sociales y sindicales; partes de operativos militares, procesamientos con pedido de capturas; y declaraciones de detenidos.

García dijo que también incluye “información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas”; así como de actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en Uruguay.  

La voluntad política institucional es que esta información sea pública, para lo cual se están haciendo las consultas jurídicas al respecto, precisó. El ministro añadió que el presidente de la República se comunicó en la mañana de este martes 11 con la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que se le entregará una copia digital del material en la sede del Ministerio de Defensa Nacional.

Reiteró que la voluntad del Gobierno es posibilitar el acceso a la información y que, en la medida en que se encuentren datos, se seguirá el mismo curso. “Las tres fuerzas saben cuál es el procedimiento y tienen este concepto, por lo tanto, toda la información que llegue en ese sentido será puesta a disposición de las autoridades y de las instituciones que correspondan”, señaló, y agregó que la relevancia de la información será establecida por la Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Los representantes de la INDDHH Mariana Motta y Wilmar Teyler señalaron que los documentos son relevantes para esa institución, ya que aportan contexto histórico, son una especie de confirmación de que los archivos existen y pueden ayudar a esclarecer casos. Consideraron que este gesto del Poder Ejecutivo representa un valor simbólico y expresaron que esperan que anime a otros a entregar documentación.

En tanto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el presidente Lacalle Pou le relató cómo había sido ubicada la documentación, y acerca de la decisión de poner los datos a disposición de la Fiscalía y de la INDDHH, en el ámbito de sus respectivas competencias. También dialogaron sobre la posibilidad de hacer pública la documentación, decisión que tomará oportunamente el Poder Ejecutivo.

Díaz calificó la información como valiosa para los historiadores, porque aporta datos importantes acerca del contexto, y para la investigación que realizará Fiscalía sobre ese período, por el aporte significativo en relación con el trabajo que abordarán las fiscalías designadas.

El incremento de la navegación previsto en el oeste del país, trae aparejada la necesidad de brindar más seguridad en la zona. Por tal motivo, la Armada Nacional instalará una base sobre el río Uruguay a la altura de Fray Bentos, informó el titular de Defensa, Javier García, que se concretará mediante la creación de un fideicomiso de un millón de dólares con la Armada Nacional y la Corporación Nacional para el Desarrollo.

“Empezamos a trabajar para concretar la base naval en Fray Bentos sobre el río Uruguay “, remarcó el ministro García, tras visitar esa ciudad, este miércoles 3, junto con el comandante de la Armada, Jorge Wilson, y el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.

El jerarca informó que la inversión primaria es de un millón de dólares, que será gestionado a través de un fideicomiso entre la Armada Nacional y la Corporación Nacional para el Desarrollo. El  dinero provendrá de las transferencias de predios de la Armada sin uso productivo, agregó. 

La construcción podrá albergar a 100 tripulantes de la Armada, 25 del contingente permanente. Además, dispondrá de dos lanchas para el patrullaje del río y un helipuerto para que la Aviación Naval refuerce la custodia. 

“Es descentralizar la Armada en una zona estratégica para el país, como es el litoral oeste”, aseguró García, y recordó las otras bases emplazadas en Montevideo y La Paloma (Rocha).

“Hay que tener una base naval para aumentar la seguridad en esta ruta donde se va a navegar mucho”, precisó García. Al finalizar la recorrida por el predio que albergará el destacamento, el titular de Defensa se trasladó al paso de frontera ubicado en Fray Bentos, donde dialogó con los efectivos que se desempeñan en el lugar.