El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que desde marzo de 2021 las trombectomías se incluirán en la canasta básica de prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, además de las trombólisis, para actuar en forma rápida ante casos de accidentes cerebrovasculares (ACV). Exhortó a que en todo el país haya unidades de trombólisis. “Es posible, porque hay recursos humanos y tecnológicos disponibles”, dijo.

“Se generan 6.400 casos de accidentes cerebrovasculares por año. Estamos atacando una de las primeras causas de mortalidad en el país (tras el cáncer), la primera causante de discapacidad, la que genera mayor cantidad de pérdida de años de vida saludable y que, por lo tanto, representa una de las mayores cargas por enfermedad”, explicitó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, este jueves 29 en la conmemoración del Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, oportunidad en la que se presentó el primer protocolo nacional de ACV.

El jerarca, acompañado por el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, el director general de Salud, Miguel Asqueta, y el coordinador del Programa de Salud Cerebral, Ignacio Amorín, insistió en que el ACV recarga al sistema de salud, sobre todo en el área de rehabilitación, así como a las familias y al sistema previsional, que está a cargo de los subsidios por incapacidad o discapacidad.

“Esto es una afección tiempo-dependiente, es decir, hay una ventana estrecha terapéutica para actuar en forma rápida y contundente y obtener resultados”, detalló. En ese sentido, agregó que el tiempo máximo para desarrollar el procedimiento trombolítico es de 4,5 horas y, para una trombectomía, de entre 6 y 8 horas.

“Nos interesa la equidad, la accesibilidad, y que todos los departamentos cuenten con, al menos, una unidad de trombólisis y luego una unidad de ACV. Es posible, porque tenemos los recursos disponibles”, subrayó el jerarca, quien informó que se añadirá la técnica de trombectomía al Fondo Nacional de Recursos desde marzo de 2021, además de la trombólisis, que ya se ejecuta.

Recordó que las principales causas de esta problemática son afecciones, conductas o hábitos de vida que ocasionan obstrucción de las arterias, como hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, colesterol, falta de actividad física, sobrepeso u obesidad.

Daniel Salinas puntualizó que el plan presenta un abordaje integral de respuesta en niveles educativos, preventivos, manejo prehospitalario, rapidez y la denominada clave uno de la enfermedad, traslado rápido, así como un ágil pasaje por la emergencia sin retener innecesariamente al paciente. También destacó la importancia de los estudios de imagen, a fin de descartar hemorragias y, una vez confirmado el diagnóstico, ejecutar el procedimiento trombolítico.

Agregó que el nuevo protocolo implica una reorganización del sistema y requiere una interacción de los ejes público-público, público-privado y privado-privado.

Ver nuevo protocolo

El Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) realizó en 10 años más de 30.000 tomografías por emisión de positrones (PET), financiadas por el Fondo Nacional de Recursos y, por lo tanto, sin costo para usuarios de la salud pública y la privada. En esa entidad se concretaron más de 17.000 resonancias magnéticas desde 2015, además de producir la sustancia radiactiva para el contraste y realizar investigaciones.

El Cudim, ubicado en el mismo predio que el Hospital de Clínicas en el barrio Parque Batlle de Montevideo, es el único que realiza estudios imagenológicos mediante tomografías por emisión de positrones (PET), técnica no invasiva de diagnóstico que combina dos tecnologías de imagen en un único dispositivo. En ese espacio existen tres tomógrafos híbridos que aportan información anatómica y funcional en forma simultánea para el diagnóstico de enfermedades oncológicas, neurológicas y cardíacas.

En cuanto a su funcionamiento administrativo, el Cudim es una empresa pública que se maneja en el derecho privado. La construcción de su infraestructura insumió 13 meses y se financió con un préstamo de 17 millones de dólares del Banco República otorgado en 2008 y que se paga cada mes, sin atrasos, monto con el que también se compró el equipamiento. Cada año recibe unos tres millones de dólares de Rentas Generales.

Los estudios que realiza el centro son totalmente financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y, de ese modo, los usuarios tanto de la salud pública como de la privada no tienen que pagar nada por el procedimiento.

Cada caso a estudio es derivado por el médico tratante y luego el FNR se encarga de valorar y definir la conveniencia o no de los análisis, ya que se es cuidadoso con el uso de este tipo de diagnósticos. Prácticamente no hay espera para atenderse en el Cudim.

La solicitud se realiza vía Internet es recibida por administrativos que derivan el caso a un médico que, si es aprobada, se concreta la coordinación con el paciente para definir el día, la hora y las condiciones, todo lo cual suele resolverse en una semana y hasta en no más de dos días. Los resultados se suben a la web y es el paciente quien accede mediante una clave, para luego autorizar a su médico a verlo. El 85 % de los estudios se vinculan a algún tipo de cáncer.

El responsable de Administración y Logística del Cudim, Asdrúbal López, dijo que Uruguay es el único país en el mundo en el que se realizan más de 30.000 estudios gratuitos para toda la sociedad. Recordó que en América Latina cuestan como mínimo 1.500 dólares, lo cual implica que el acceso a esta tecnología está restringido a un sector muy pequeño de la población.

Un total de 75 personas trabajan en el centro a tiempo completo. En el área médica se desempeñan 19 profesionales especializados en nuclear y radiología, 15 técnicos radioisotopistas tri y radiólogos, personal de mantenimiento de equipos, aire e informática que provienen de la Universidad del Trabajo del Uruguay, personal administrativo y funcionarios de limpieza, importante en este tipo de servicios.

Venta de servicios e investigación

El Cudim también vende servicios a pacientes procedentes del exterior, que lo eligen por su alta calidad y la conveniencia en el costo. Además, en el centro funciona un resonador magnético de vanguardia tecnológica, de tres Tesla, que permite registrar imágenes más precisas.

Con ese equipo se venden, además, servicios a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). López explicó que se trata de un convenio conveniente para ambas partes, ya que el Cudim recibe ingresos que luego utilizan en mejoras de infraestructura y ASSE paga una tasa menor a la que cobran en el mercado. Desde 2015 ya se realizaron 17.000 estudios. “Desde que tenemos ese acuerdo logramos mantener la estabilidad económica e invertir”, apuntó.

Además, para poder realizar los PET se instaló una pequeña planta de elaboración de productos químicos de corta duración, que se producen cada día para que puedan utilizarse al momento de proceder al análisis diagnóstico.

López recordó que, cuando se ideó este proyecto, del que el científico uruguayo Henry Engler es hacedor, se planteó la necesidad de trabajar en química, capacitación e investigación. “Son muchos los que se han doctorado acá e hicieron maestrías”, narró. “Viene gente de distintos países a capacitarse, y son muchos los médicos uruguayos que realizan investigación a tiempo parcial”, agregó.

Antes de 2005 el Fondo Nacional de Recursos (FNR) no pagaba ninguna medicación de alto precio, pero en los últimos 14 años, a partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, la cantidad de beneficiaros aumentó, de 181 en 2005 a 7.835 en 2018. Según la titular del fondo, Alicia Ferreira, este modelo, único en el mundo y gratuito para el paciente, maneja 250 millones de dólares al año.

El FNR destina casi el 80 % de sus fondos a procedimientos como cirugías cardíacas, transplantes de órganos, prótesis de cadera y diálisis; el 17 % respalda la compra de medicación de alto precio y un 3 % para la gestión del fondo, informó Ferreira en diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional.

La experiencia de Uruguay es única en el mundo, ya que el resto de los países con cobertura universal poseen un sistema de copagos, explicó la jerarca. Para adquirir un medicamento se evalúa el número de pacientes que recibirán el tratamiento y la inversión que implicará para el FNR mediante un modelo matemático. Posteriormente, se inicia la negociación con los laboratorios, se compran los medicamentos en las licitaciones para las adquisiciones conjuntas con los países del Mercosur o por medio del fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los usuarios en tratamiento reciben la medicación sin costo alguno y por el tiempo que sea necesario. “No hay posibilidad de que el fondo deje de brindar un medicamento”, precisó.

El Fondo Nacional de Recursos, que fue creado en 1980, solo financiaba procedimientos de alta complejidad, pero en 2005 la ley de presupuesto incorporó la medicación de alto precio para los pacientes que así lo requieran, como una nueva competencia de la institución, precisó Ferreira.

Desde 2005, se trabaja con un modelo de gestión clínica que permite brindar estos medicamentos y tratamientos a las personas que deban recibirlos, previos controles y seguimientos adecuados. A partir de 2016, el FNR se consolidó como el segundo financiador (luego del Fondo Nacional de Salud) y se logró un equilibrio económico financiero con un patrimonio pequeño, pero que les permite mantenerse y, a su vez, incrementar el número de tratamientos que se otorgan.

La creación de un formulario terapéutico de medicamentos (FTM), que obliga a los prestadores públicos y privados a brindar la medicación incluida, fue mencionada por Ferreira como uno de los grandes cambios impulsados por el Sistema Nacional Integrado de Salud. En el anexo número tres de ese formulario se hace referencia a los medicamentos de alto precio, que son los que pueden recibir los pacientes a través del FNR.

El FNR es un seguro público universal que se financia a través de la cuota de cada beneficiario del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Un 7 % de lo recaudado por el Fonasa se destina al FNR. Las personas que no aportan acceden a través del pago que realiza por cada uno de ellos el Ministerio de Economía y Finanzas. Por los usuarios de Sanidad Militar abona el Ministerio de Defensa Nacional.

La jerarca indicó que ese esquema de riesgo compartido es novedoso, incluso para Europa y América, ya que países como Colombia manifestaron su interés en conocer la experiencia del nuestro de incorporar un extenso listado de tratamientos contra el cáncer de mama. “Somos el único país de Latinoamérica que tiene tantos medicamentos de alto precio incluidos para el cáncer”, destacó.

El 7 % de la población uruguaya tiene patologías renales. La prevalencia es de 760 pacientes por millón de personas. El Fondo Nacional de Recursos (FNR) cubre el 100 % de las diálisis y trasplantes renales. En 2018 invirtió 62,5 millones de dólares en tratamientos, la cuarta parte del gasto anual de la organización, e invirtió 8 millones de dólares en 150 trasplantes, cifra récord de procedimientos respecto de años anteriores.