El material está conformado por 1.650 folios; fue hallado en el Grupo de Artillería n.º 5 del Ejército, en Montevideo. La documentación fue entregada en la mañana de este martes 11, en Torre Ejecutiva, por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García, al fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a los representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mariana Motta y Wilmar Teyler.

El Poder Ejecutivo está actuando con absoluta transparencia, al brindar toda la información sobre un período trágico de la vida del país, destacó García, en conferencia de prensa posterior a la reunión.

El ministro detalló que, el 23 de abril, en la Unidad de Artillería n.º 5, en una recorrida para reorganizar espacios, el jefe de la unidad y tres oficiales encontraron en un antiguo calabozo una caja con material de trabajo del Ejército. La documentación consiste en seis libros, dos carpetas, y algunos folletos de organizaciones políticas.

García informó que, siguiendo la cadena de mando militar, tomó contacto con el material, lo leyó durante jueves y viernes pasado, y se lo comunicó al presidente Lacalle Pou.

Se trata de 1.650 folios que fueron digitalizados, con información previa y posterior al golpe de Estado de 1973. En términos generales, la documentación contiene partes especiales de registros del año 1972, partes especiales de información 1972-1973, partes especiales de información de 1976, partes especiales de información del año 1977, partes periódicos de información correspondientes al año 1973, y división interior del período comprendido entre el 2 de abril de 1986 y el 15 de mayo del mismo año.

Contiene información sobre operativos militares con solicitudes de captura de personas, información de inteligencia sobre personas, organizaciones políticas, sociales y sindicales; partes de operativos militares, procesamientos con pedido de capturas; y declaraciones de detenidos.

García dijo que también incluye “información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas”; así como de actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en Uruguay.  

La voluntad política institucional es que esta información sea pública, para lo cual se están haciendo las consultas jurídicas al respecto, precisó. El ministro añadió que el presidente de la República se comunicó en la mañana de este martes 11 con la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que se le entregará una copia digital del material en la sede del Ministerio de Defensa Nacional.

Reiteró que la voluntad del Gobierno es posibilitar el acceso a la información y que, en la medida en que se encuentren datos, se seguirá el mismo curso. “Las tres fuerzas saben cuál es el procedimiento y tienen este concepto, por lo tanto, toda la información que llegue en ese sentido será puesta a disposición de las autoridades y de las instituciones que correspondan”, señaló, y agregó que la relevancia de la información será establecida por la Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Los representantes de la INDDHH Mariana Motta y Wilmar Teyler señalaron que los documentos son relevantes para esa institución, ya que aportan contexto histórico, son una especie de confirmación de que los archivos existen y pueden ayudar a esclarecer casos. Consideraron que este gesto del Poder Ejecutivo representa un valor simbólico y expresaron que esperan que anime a otros a entregar documentación.

En tanto, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que el presidente Lacalle Pou le relató cómo había sido ubicada la documentación, y acerca de la decisión de poner los datos a disposición de la Fiscalía y de la INDDHH, en el ámbito de sus respectivas competencias. También dialogaron sobre la posibilidad de hacer pública la documentación, decisión que tomará oportunamente el Poder Ejecutivo.

Díaz calificó la información como valiosa para los historiadores, porque aporta datos importantes acerca del contexto, y para la investigación que realizará Fiscalía sobre ese período, por el aporte significativo en relación con el trabajo que abordarán las fiscalías designadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su preocupación por "la falta de investigación" en Uruguay sobre las amenazas que el autodenominado "Comando Barneix" hizo a varias autoridades y operadores judiciales vinculados a investigaciones sobre detenidos desaparecidos.

Los trece abogados y militantes por los derechos humanos fueron amenazados en febrero de 2017 a través de una carta que lamentaba la muerte del general retirado Pedro Barneix, que se suicidió luego de ser procesado por la Justicia por el crimen de Aldo Perrini durante la dictadura.

El "Comando Barneix" prometía asesinar a tres personas de la lista ante cada nuevo "suicidio" de un militar juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura.

Al cumplirse dos años de las amenazas, los amenazados presentaron una petición ante la CIDH, que ya había manifestado su preocupación en el momento de las amenazas pero este miércoles volvió a advertir sobre el caso.

"La Comisión urge al Estado a realizar investigación diligente y de conformidad con los estándares en la materia", señala el organismo.

Según la CIDH, amenazas como la del Comando Barneix "pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay".

La Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en las últimas horas en el que rechaza la actitud del Ministerio del Interior en publicar los datos personales del hombre que se expresó en contra del gobierno.

“Atendiendo a opiniones vertidas por diferentes actores y formadores de opinión en los medios de comunicación con fecha posterior a este comunicado, la INDDHH entendió pertinente volver a analizar el material de video, originado en diversas fuentes, que sirvió de soporte para dicho pronunciamiento. Este nuevo estudio permite a la INDDHH ratificar en todos sus términos su posición”, señala en referencia al inicial rechazo a la actitud del ministro Bonomi.

“Esta Institución reitera que la difusión de información relativa a personas involucradas en los hechos (nombres; antecedentes; etc.), desde ningún punto de vista aporta sobre la cuestión a la que se refiere al fondo del asunto. Esta cuestión no es otra que atender, rigurosamente, a la aplicación de los límites legítimos que, en un Estado Democrático de Derecho, pueden establecerse respecto a el derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas, sin generar “efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los mismos”, señalaron.

Además agregaron que el comunicado ministerial no “cumple con el principio de necesidad, pues no contribuye al debate amplio de ideas y opiniones, y no resulta el medio ajustado para resolver las controversias planteadas”.

La recomendación citada por la INDHH refiere al caso del colono Gabriel Arrieta que increpó al presidente Tabaré Vázquez y Presidencia publicó en su página web las deudas que el hombre tenía con el Estado para deslegitimarlo.