La madrugada del lunes al martes la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban por el proyecto de reforma tributaria impulsada por el Gobierno Colombiano.

La portavoz del organismo, Marta Hurtado, explicó hoy ante los medios de comunicación en Ginebra que la Oficina en Colombia está tratando de verificar el número exacto de fallecidos y que busca determinar las circunstancias que condujeron a los incidentes en Cali.

“Hemos recibido información y hemos sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, uso de balas reales y golpes y detenciones, todo en un contexto muy volátil”, describió.

La vocera se mostró consternada por los sucesos ocurridos y resaltó su solidaridad con las personas que fallecieron, las que resultaron heridas y con sus familiares.

Aunque el presidente Iván Duque pidió al congreso la retirada del proyecto el pasado domingo, las protestas se han sucedido desde el pasado 28 de abril y se prevé que culminen mañana, 5 de mayo, con la convocatoria de una manifestación masiva. Según la Oficina de la Alta Comisionada, hasta el momento la mayoría de las protestas han sido pacíficas.

Llamada a la calma y a facilitar el ejercicio de reunión pacífica

Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para controlar la protesta, Hurtado llamó a la calma y recordó a las autoridades del país sudamericano “su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.

La vocera también destacó que los agentes deben cumplir con “los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones” y advirtió que “las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

Hurtado finalizó su intervención indicando que desde el inicio de las manifestaciones el pasado miércoles, la Oficina de la Alta Comisionada ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre los fallecidos habría al menos un agente de policía.

Por su parte, la representante de la Oficina de la Alta Comisionada en Colombia, Juliette de Rivero, explicó hoy en su cuenta de Twitter que mientras monitoreaban la situación de derechos humanos en Cali no se produjeron “disparos directos contra el equipo de ONU Derechos Humanos”.

Sin embargo, matizó que “otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, por ello pidió la investigación de estos sucesos y la correspondiente sanción de sus responsables.

Guterres: Los Gobiernos deben permitir la continuación de las protestas pacíficas

Interrogado sobre el despliegue militar en varias ciudades de Colombia ante la manifestación de ámbito nacional prevista para mañana, el portavoz de las Naciones Unidas explicó hoy que, en cualquier situación similar, los gobiernos tienen la responsabilidad de permitir que las protestas pacíficas continúen.

Stephane Dujarric señaló que hasta el momento no tiene conocimiento de que se haya producido ningún contacto directo entre el presidente Iván Duque y el Secretario General de la ONU. 

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno condena y repudia el atentado contra la Escuela de Cadetes de la policía colombiana en Bogotá, Colombia. Uruguay expresa su total solidaridad al Gobierno de Colombia y extiende sus más sinceras condolencias a familiares y víctimas, y al pueblo colombiano. Además, reafirma su condena a todo acto de violencia.

El Gobierno del Uruguay repudia el cobarde atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía de Colombia, ocurrido hoy en Bogotá y que dejó hasta el momento un saldo de 9 víctimas mortales y 54 heridos.

Ante este injustificable acto, el Uruguay expresa su total solidaridad con el gobierno de Colombia y hace llegar sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y al hermano pueblo colombiano.

El Gobierno del Uruguay reafirma su condena a todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad física de las personas o que intente de alguna manera socavar las bases de las instituciones republicanas y democráticas.