El fiscal de Corte Jorge Díaz volvió a defender el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y sostuvo que en los meses de marzo, abril y mayo del año en curso el número de formalizaciones (inicio del proceso penal) en los delitos de hurto y rapiña supera ya al del viejo proceso.

Díaz sostuvo que en lo general, además, el número de formalizaciones está en el 90% de los verificados con el anterior sistema. En cifras, en mayo se entablaron 800 procesos, según destacó el fiscal luego de participar en la reunión de la comisión de Defensa Nacional del Senado, a la que concurrió convocado por el senador blanco Javier García, a precisar algunos aspectos del proyecto de ley que permite la actuación de las Fuerzas Armadas en una zona de frontera en apoyo del ministerio del Interior.

Sin embargo, reconoció que en noviembre y diciembre el CPP había arrojado resultados magros. "Los recursos para su aplicación fueron pensados tomando en cuenta las 234.000 noticias criminales que se producían por el viejo sistema en 2016, en contraste con las 29.000 por mes que tenemos con el nuevo Código. En lugar de 234.000 hay 348.000", dijo.

Díaz prefirió no polemizar con el subsecretario de Interior Jorge Vázquez, quien afirmó en entrevista con Canal 10 que el nuevo CPP "es benigno" y que por eso en el último año había menos presos. "Evidentemente, hay una percepción diferente en algunas autoridades del Ministerio del Interior y en la Fiscalía sobre los efectos del Código", se limitó a decir.

Como ahora se tiene más trabajo, el fiscal ya anunció que se pedirá un "importante aumento de rubros" en esta Rendición Cuentas, en la que ya se sabe que se incluirá la creación de una nueva Fiscalía de Homicidios.

También reiteró que se solicitará una partida de $ 300 millones para cumplir con la ley integral de Género.

El País publicó días atrás un documento de la Fiscalía con el que se daba respuesta a un pedido de información del diputado nacionalista Pablo Abdala. En el mismo la Fiscalía dio cuenta que "se logró responsabilizar penalmente al equivalente al 80% de los procesamientos de octubre de 2017, mes anterior a que el nuevo CPP empezara a aplicarse, aún sin considerar el subregistro" que se produce por cuestiones informáticas. Agregó que "se envió a prisión a 540 adultos en marzo y 528 según datos provisorios de abril, lo que representa 94,4% y 92,3% del promedio de ingresos entre enero y octubre de 2017, superando incluso cifras de dos meses del período anterior".

En otro pasaje de su respuesta la Fiscalía sostuvo que "en los seis meses analizados se responsabilizó, cuando menos, a un imputado en 3.630 casos, si se considera también las formalizaciones en trámite", y agregó que "en marzo de 2018 el número de casos formalizados alcanzó el 80% de los procesos iniciados durante octubre de 2017, último mes de aplicación exclusiva del anterior proceso penal".

Sobre la convocatoria del senador nacionalista García, Díaz respondió que el proyecto aprobado en Diputados sobre despliegue militar será corregido para que quede claro que los militares actuarán como auxiliares de la Justicia. Y que en caso de intervenir en la represión de un delito deberán comunicar los antecedentes a la Fiscalía como hace la Policía.

García dijo que la respuesta del fiscal de Corte "fue buena" y que es partidario de hacer las correcciones que se necesitan para la actuación de los uniformados en la franja de 20 kilómetros contados a partir de la frontera. "Los soldados deberán ser auxiliares de la Justicia y no de la Policía", recalcó el senador del Espacio 40.

El proyecto establece que los militares podrán auxiliar en el patrullaje tanto a la Policía como a funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas o del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Fuente: El País 

Con la firma del presidente Tabaré Vázquez y la totalidad del gabinete ministerial se elevó al Parlamento un proyecto de ley para modificar artículos del Código Procesal Penal. El mensaje define la conveniencia de realizar ajustes que permitan una mejor coordinación y trabajo conjunto entre Policía, fiscales y tribunales.

Previo a la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal existió la necesidad de que se hiciera un seguimiento al nuevo sistema acusatorio que entró en vigencia el 1.° de noviembre de 2017 a través de la ley 19.436. En tal sentido sentido, el Poder Ejecutivo considera conveniente hacer ajustes que permitan una mejor coordinación y trabajo conjunto entre policías, fiscales y tribunales.

Los primeros cinco artículos del nuevo proyecto proponen dotar a la Policía de una mayor flexibilidad a la hora de trabajar y asegurarle respaldo legal que permita hacerlo de manera más eficiente. Dicha función no puede implicar la carencia de cierto grado de autonomía a la hora de proceder a cumplir con ciertas competencias, enuncia el mensaje del proyecto de ley.

El texto busca modificar los requisitos para disponer la prisión preventiva, propone excluirla para casos de reincidencia, reiteración o habitualidad  y armoniza el criterio de la preceptividad para la prisión preventiva en caso de pena de penitenciaria. Además propone una serie de modificaciones al Proceso Abreviado y apunta a la tipificación legal del delito en sí mismo y no a la tipificación del Ministerio Público.

Por otro lado, se excluye de este proceso la aplicación de la libertad anticipada y las libertades vigiladas. En el marco del Proceso Abreviado propone un criterio mínimo para la determinación de penas de delitos que atentan contra la vida y la integridad sexual y elimina el título de Suspensión Condicional de la Pena, entre otras modificaciones.

Ver proyecto de ley