“Luis Lacalle Pou firmó el reglamento de la ley sobre la protección del espacio aéreo, conocida como ley de derribo”, anunció el ministro de Defensa Nacional, Javier García, tras el acuerdo ministerial. Añadió que la finalidad es disuadir, comunicar la protección del espacio aéreo uruguayo, y que no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado. La decisión final del derribo, la toma el presidente de la República.

Tras la reunión con el mandatario, este viernes 4 en Torre Ejecutiva, García precisó que la normativa es un mecanismo de acción concreto que reglamenta la disposición establecida en la ley de urgente consideración (LUC).

La disposición determina las condiciones de irregularidad de una aeronave y las doce circunstancias que pueden identificarse de ese modo dentro del espacio aéreo, indicó. Detalló que las acciones incluyen disuasión, comunicación, identificación y acompañamiento, así como a la neutralización del vuelo hostil, como paso final.

“Lo que pretende es que se sepa que nuestro espacio aéreo está protegido, que no es un festín para el narcotráfico y el crimen organizado, que elige rutas uruguayas porque hay leyes de derribos en los países de la región. Ahora acá también existe un protocolo de acción para la Fuerza Aérea”, indicó.

No obstante, García recordó que la decisión final para el derribo de la aeronave es potestad del presidente de la República, en conjunto con el ministro de Defensa. “Cuando existe un avión que se identifica, se lo ubica y no responde las comunicaciones, va un avión de la Fuerza Aérea para pedirle que descienda y este avión busca maniobras graves y hostiles o que pongan en riesgo a personal, equipamiento o instalaciones, en ese momento, se dispara el mecanismo en la última fase”, explicó.

Presupuesto

“Estoy muy conforme, porque es un presupuesto que tiene características relevantes. Es la primera vez en el año que se comienza a recuperar salarialmente en los grados más bajos del personal subalterno”, indicó García.

El ministro subrayó que el aumento para los efectivos es de entre 12 y 16%, si se suma la partida entre soldado y sargento. Además, valoró que el presupuesto incluye en la recuperación desde 2022 para los primeros grados del personal oficial. “Se empezó hacer justicia social entre los soldados, que son los servidores públicos más postergados”, dijo.