“Es un trabajo a largo plazo”, dijo Heber, que encabezó la presentación del documento este lunes 13 en conferencia de prensa, de la que también participó el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Social del Delito, Diego Sanjurjo. El secretario de Estado opinó que es “necesario tener opiniones de todos los partidos políticos para que exista continuidad”.

Los partidos con representación parlamentaria presentaron 79 propuestas, y tras el estudio y la selección del Ministerio del Interior, se llegó a la redacción del proyecto preliminar. Ahora, los partidos dispondrán de dos semanas para estudiar e iniciar un proceso de discusión y acuerdo. Sanjurjo afirmó que se prevé obtener un consenso entre mayo y junio, para comenzar a aplicar las medidas en el segundo semestre de 2023.

El documento incluye 15 medidas que se organizan en cuatro grandes grupos: sistemas de información, prevención social y comunitaria, prevención policial y prevención terciaria.

Heber aclaró que no está cuantificado el costo que insumirá cada medida, pero que existen infraestructura y recursos para comenzar a trabajar, y que la implementación también dependerá de la voluntad política. Sanjurjo, en tanto, afirmó que algunas propuestas son “realmente históricas” y que “pueden tener un impacto muy grande sobre el funcionamiento del Estado”.

Sistemas de información

El apartado de sistemas de información incluye la realización de encuestas anuales de victimización, que estaría a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, proyecta un acuerdo de asistencia técnica entre Interior y el INE para mejorar la transparencia y la publicación de las estadísticas sobre crímenes. Finalmente, se prevé que los datos del ministerio estén disponibles en internet para su consulta y análisis.

Prevención social y comunitaria

La prevención social y comunitaria incluye la creación de un gabinete de seguridad integral, conformado por ministros de Estado y otras autoridades, que deberá facilitar el cumplimiento coordinado de las políticas de seguridad.

En este sentido, se propone el desarrollo de proyectos locales, a través de consejos barriales, con operadores y técnicos que trabajen en soluciones específicas para las problemáticas y centros de atención integral, con policías, trabajadores sociales, de la salud y la educación, especialmente en zonas con poblaciones vulnerables en las que el Estado ya está presente a través del Ministerio de Vivienda con planes de mejoramiento de barrios.

Asimismo, se proyecta la creación de programas de atención a la violencia basada en género y a la prevención de homicidios, así como la capacitación de líderes barriales para que interrumpan las dinámicas de violencia que dan lugar a ajustes de cuentas.

Prevención policial

El apartado de prevención policial está compuesto por medidas de fortalecimiento de la atención en salud mental al cuerpo de Policía y sus familias. Para ello, se propone la creación de una unidad de salud mental en el Hospital Policial y el fortalecimiento del Área de Psicología Ocupacional de Interior, así como de los servicios de contención y orientación psicosocial del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid).

En el documento también se plantea reforzar el cuerpo de Policía Comunitaria orientado a problemas, consolidar el accionar en Montevideo y extender la experiencia a todo el territorio nacional. Otras medidas son la capacitación del personal policial en trabajo con poblaciones vulnerables, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Junta Nacional de Drogas. Está previsto agregar un seminario dictado por técnicos de la referida secretaría estatal a la currícula de la Escuela de Policía.

En este grupo se incluye la prevención de ciberdelitos, a través del fortalecimiento de la Unidad de Cibercrimen, la única propuesta que surge del Ministerio del Interior, y que las autoridades entienden fundamental para el futuro.

Prevención terciaria

Esta categoría prevé un sistema de prevención de delitos por parte de personas que cometieron delitos en el pasado, y habilita la discusión, en el largo plazo, para la creación de un Ministerio de Justicia.

Otra medida supone el desarrollo de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario y el reforzamiento de la atención para personas privadas de libertad con uso problemático de drogas. Además, propone el fortalecimiento del sistema de penas alternativas.